Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 127401
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja impetrada por el señor Defensor Oficial a favor de Américo Ceferino Villalba; con costas (arts. 486 bis y ccds. del C.P.P.).
P. 127.401-RQ - “Villalba, Américo Ceferino s/ Recurso de queja, en causa n° 13.454 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, Sala II”.
///Plata, 5 de abril de 2017.-
La presente causa P. 127.401-RQ, caratulada: “Villalba, Américo Ceferino s/ Recurso de queja, en causa n° 13.454 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, Sala II”,
I. La Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, mediante el pronunciamiento dictado el 11 de mayo de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de Américo Ceferino Villalba, contra la resolución de ese órgano que confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 4 departamental que lo condenó a la pena de dos años y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada (fs. 93/96 vta.).
Para así decidir, juzgó que, encontrándose insatisfechos los presupuestos de recurribilidad del art. 494 del C.P.P., sólo el planteo de una cuestión federal permitiría -excepcionalmente- sortear el valladar de la mentada norma, a fin de permitir el tránsito de la impugnación por ante el Superior Tribunal de la causa, de conformidad con la doctrina sentada por la C.S.J.N. en los precedentes “Strada”, “Di Mascio” y “Christou”. En ese discurrir, ingresó al análisis de los reclamos y recordó que en el decisorio atacado se arribó a la conclusión que “el hecho no fue intrascendente, de modo que tuvo relevancia suficiente para afectar el bien jurídico protegido por la norma justificando el consiguiente reproche penal”, y que “ningún obstáculo se advertía en que la duración [de la privación ilegítima de la libertad] en sí misma sea conceptuada como agravante, habida cuenta que del tipo básico (artículo 141 del Código Penal) y el agravado previsto por el artículo 142, inciso [quinto] del mismo cuerpo legal, permitiría sostener que ese eje divisorio y el consecuente lapso que cada figura abarca, determina que la prolongación temporal es susceptible de distinta valoración y cuantificable al momento de dosificar la pena, pues el tiempo de duración es demostrativo de un mayor grado de culpabilidad”. De seguido, sostuvo que “de la lectura de la pieza recursiva (…) no se advierte una crítica razonada ni fundada (…), ni que se han desarrollado acabadamente los argumentos que pudieran llegar a variar las razones esgrimidas (…), insistiéndose con planteos ya realizados en el recurso de apelación oportunamente incoado”. Agregó que si bien la defensa mencionó que el fallo valoró absurdamente la prueba colectada, “lo cierto es que, bajo ese ropaje lo que intenta en verdad es conmover dicha valoración, reiterando argumentos ya expuestos en la apelación efectuada contra el fallo de primera instancia (…), desentendiéndose de los motivos expuestos por es[a] Alzada en el pronunciamiento que se intenta conmover”. Trajo a colación la doctrina del Máximo Tribunal nacional sobre la arbitrariedad y concluyó que, de tal modo, el impugnante “no ha articulado con la suficiencia y cargas técnicas necesarias las cuestiones que autorizarían excepcionalmente el desplazamiento del límite objetivo de recurribilidad establecido en el art. 494 del C.P.P.” (fs. cit.).
II. Frente a ello, se alzó el señor Defensor Oficial -doctor Germán Kiefl-, merced al recurso de queja que articuló a fs. 98/106.
Luego de referirse a los antecedentes de la causa (fs. 98 vta./103), denunció que la Alzada se excedió en el examen de admisibilidad (cfe. art. 486 del C.P.P.) y se inmiscuyó en el fondo del reclamo, en tanto examinó la procedencia de los agravios llevados en el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley. En abono de su postura, citó lo resuelto en causa P. 125.630 de esta Corte (fs. 103 y vta.).
Subsidiariamente, esgrimió dos agravios.
Por un lado, adujo que el órgano revisor omitió valorar el tópico referente a la violación al ne bis in idem, en franca oposición al art. 168 de la Constitución provincial y al derecho al recurso -art. 8.2.h de la C.A.D.H., y 14.5 del P.I.D.C. y P.-. En ese derrotero, insistió en el cariz federal de la garantía aludida (fs. cit./104).
Por otra parte, alegó que contrariamente a lo decidido por el a quo, los agravios federales, específicamente el “absurdo en la valoración de los hechos -violación arts. 210 y 373 del C.P.P.- por errónea aplicación del art. 142 inciso 1° del C.P.” y una absurda valoración de la prueba, se fundaron debidamente y surgían de modo evidente, por lo que debió aplicarse la doctrina de los precedentes “Strada” y “Di Mascio” de la Corte nacional (fs. 104 y vta.).
Como colofón, indicó que el temperamento adoptado afectó los derechos al recurso, defensa, debido proceso y libertad personal (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N., 1, 2, 7 y 8 de la C.A.D.H., 9 y 14 del P.I.D.C. y P., 14 de la ley 48) -fs. cit./105 vta.-.
III. La queja formalizada es improcedente (art. 486 bis del C.P.P.).
a. La denuncia de exceso en la jurisdicción no puede prosperar en tanto el examen de la suficiencia y carga técnica de los cuestionamientos de pretensa índole federal es parte integrante del análisis que la Cámara debe efectuar de conformidad con el art. 486 del C.P.P. (cfe. P.125.455, res. del 13/V/2015, P. 125.523, res. del 20/V/2015, P. 125.506, res. del 3/VI/2015, P. 125.630, res. del 17/VI/2015, P. 125.577, res. del 17/VI/2015, e.o. de esta Corte).
En definitiva, en contra del reproche efectuado por la parte, el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor, sino -simplemente- compulsó la alegación de un motivo que habilite su admisibilidad formal y, en ese contexto, que se haya efectuado con la técnica necesaria.
b. Por otra parte, de la reseña efectuada en los puntos I y II, se advierte que el quejoso tampoco logró controvertir de manera eficaz el obstáculo formal referido a la aludida falta de suficiencia y carga técnica de las pretensas cuestiones federales (art. 15 de la ley 48).
En primer lugar, es preciso aclarar que la tacha de absurdo y errónea aplicación de art. 142 inciso 1° del fondal no son cuestiones de índole federal (“Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la C.S.J.N.; cfe. P. 125.551, res. del 20/V/2015 y mutatis mutandi P. 121.572, res. del 31/III/2016 de esta Corte), tal como lo pretende el defensor oficial (v. fs. 86/90 y fs. 104/105 vta.) y como erróneamente los abordó la Cámara (v. fs. 95 vta.).
Sin perjuicio del error indicado en el párrafo anterior, lo cierto es que el quejoso nada dijo en torno a la desestimación del planteo de arbitrariedad en la valoración de la prueba, dejando completamente incontrovertido este tramo de la resolución.
c. Ahora bien, con respecto al embate vinculado a la afectación de la garantía de prohibición de la persecución penal múltiple -en alusión a la ponderación como agravante de la duración de la privación ilegítima de la libertad- cabe señalar que el quejoso -una vez más- se desentiende de lo resuelto, e incurre en el mismo déficit que se le atribuyó al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en tanto reproduce las consideraciones que fueron llevadas en la postulación descartada.
Cabe recordar que este Tribunal ha advertido que es insuficiente la presentación directa si no cuenta con específica fundamentación según el objeto y finalidad del medio revisor (cfe. art. 484, C.P.P.), en tanto sus desarrollos constituyen una mera reedición de los llevados en el recurso extraordinario, sin que la parte haya reparado -siquiera mínimamente- en las bases que sostienen la respuesta dada por la instancia anterior (cfe. causa P. 125.486, res. 13/V/2015).
d. Por último, la argüida afectación de derechos al recurso, defensa, debido proceso y libertad personal (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N., 1, 2, 7 y 8 de la C.A.D.H., 9 y 14 del P.I.D.C. y P., 14 de la ley 48) tampoco logran conmover el sentido de lo decido, pues su fundamentación es genérica y no evidencia la relación directa e inmediata entre tales garantías y lo debatido y resuelto en el caso.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar la queja impetrada por el señor Defensor Oficial a favor de Américo Ceferino Villalba; con costas (arts. 486 bis y ccds. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Hilda Kogan
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia