Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 126768 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la queja traída por la defensa particular de Juan Carlos Alcaraz; con costas (arts. 484, 486 bis y ccds. del C.P.P.).
2Declarar la inoficiosidad de la labor profesional desarrollada por el doctor Sebastián B. Martínez ante esta instancia, a los fines regulatorios (art. 30, dec. ley 8904/77).
Secretaría Suprema Corte
Registrado bajo el N°1300
P. 126.768-RQ - “Alcaraz, Juan Carlos s/ Recurso de queja, en causa n° 13.049 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, Sala I”.
///Plata, 14 de junio de 2017.-
La presente causa P. 126.768-RQ, caratulada: “Alcaraz, Juan Carlos s/ Recurso de queja, en causa n° 13.049 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, Sala I”,
I. La Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, mediante el pronunciamiento dictado el 29 de diciembre de 2015, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa técnica de Juan Carlos Alcaraz, contra la decisión de ese órgano que confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 2 departamental que lo condenó a la pena de cuatro años de prisión, con costas, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de explotación económica de la prostitución ajena, en los términos del art. 127 del Código Penal (fs. 33/36).
II. Frente a ello, se alzó el señor Defensor Particular -doctor Sebastián B. Martínez-, merced al recurso de queja que articuló a fs. 44/47 vta.
Liminarmente, señaló el cumplimiento del requisito previsto en el art. 482 del C.P.P., y entendió comprendido el supuesto bajo las disposiciones del art. 494 del Cód. cit. (fs. 45).
Sostuvo que el órgano revisor vulneró la defensa en juicio, el debido proceso y el derecho a que el fallo condenatorio sea revisado por un juez o tribunal superior. En ese discurrir, citó los arts. 8.2.h de la C.A.D.H., 14.5 del P.I.D.C. y P., y los precedentes “García, Carlos” y “Giroldi, Horacio David” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fs. cit./46).
Adujo que las afirmaciones utilizadas por el a quo en el auto denegatorio “resultan dogmáticas y en modo alguno dan respuesta a las alegaciones del recurrente”, toda vez que lo que planteó en el carril extraordinario fue una “cuestión federal simple” (fs. 46).
Esgrimió que la conclusión de la Cámara respecto de la reedición de agravios realizada por el impugnante, cercenó el derecho al recurso de su asistido. En esa línea, señaló que la “supuesta reedición realizada (…) al momento de presentar el remedio que motiva la presente queja (…) deviene forzosa puesto que lo resuelto por la [alzada] es una reedición de lo manifestado en primera instancia” (fs. cit. y vta.).
Finalmente, expresó que en autos se evidenció un excesivo rigor formal que lesionó derechos fundamentales, y trajo a colación los fallos “Salto” y “Casal” del cimero Tribunal (fs. cit./47).
III. La queja no es de recibo.
En efecto, el órgano revisor no halló abastecidos los recaudos del art. 494 del C.P.P., en tanto Alcaraz fue condenado a la pena de cuatro años de prisión.
Asimismo, y luego que destacó que el remedio intentado resulta el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieren encontrarse involucradas, a tenor de la doctrina sentada por la Corte federal en Fallos: 308:490; 311:2478 y 310:324, juzgó que -en rigor- los agravios se vinculan con cuestiones de índole procesal; y que las denuncias de violación a las garantías constitucionales se encuentran desprovistas de un desarrollo argumental que permitan darle sustento.
Refirió a la postura del cimero Tribunal sobre el tópico, y coligió que las críticas de la parte “se vinculan a cuestiones de hecho, prueba y de la valoración que de los mismos hizo es[a] Alzada, lo que denota que en el caso no se encuentra involucrada de manera directa e inmediata una cuestión de índole federal” (fs. 34 vta.).
De seguido, expuso que no se observa que el reproche contra el encartado sea fruto de la mera voluntad del órgano, o se asiente en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables con la lógica y la experiencia; y trajo a colación lo resuelto en P. 119.167 -con referencia a la causa “Gobet” de la C.S.J.N.-; entre otros.
IV. De lo expuesto se advierte que el autor de la queja -sin hacerse cargo del reproche que se le formulara en el auto que impugna- reproduce las consideraciones que fueron llevadas en la postulación descartada.
Este Tribunal ha advertido que es insuficiente la presentación directa si no cuenta con específica fundamentación según el objeto y finalidad del medio revisor (cfe. art. 484, C.P.P.), en tanto sus desarrollos constituyen una mera reedición de los llevados en el recurso extraordinario, sin que la parte haya reparado siquiera mínimamente en las bases que sostienen la respuesta dada por la instancia anterior (cfe. causa P. 125.486, res. 13/V/2015).
Es que la técnica recursiva de la queja, en cuanto encuentra fundamentos en la reedición de planteos y en la insistencia sobre la dogmática afirmación del carácter federal de las denuncias que en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley se introdujeron, no resulta hábil para enervar el juicio negativo de la instancia anterior, que -por esa razón- queda enhiesto en esta sede.
V. Ahora bien, las alegaciones de la defensa sobre la reedición concluida en la instancia de revisión no se corresponde con las constancias de autos.
Ello en tanto, de la compulsa del decisorio que motiva la presente no surge el basamento que la parte esboza a los fines de cimentar su crítica (v. fs. 46 y vta., y auto denegatorio de fs. 33/36), lo que colige en su formulación en abstracto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar la queja traída por la defensa particular de Juan Carlos Alcaraz; con costas (arts. 484, 486 bis y ccds. del C.P.P.).
2. Declarar la inoficiosidad de la labor profesional desarrollada por el doctor Sebastián B. Martínez ante esta instancia, a los fines regulatorios (art. 30, dec. ley 8904/77).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia