Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128707
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja traída por la defensa oficial de Franco Luciano Santos, con costas (art. 486 bis, CPP).
La Plata, 18 de octubre de 2017.-
La presente causa P. 128.707-RQ, caratulada: “Santos, Franco Luciano s/ Recurso de queja, en causa n° 13.408 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen”,
I. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen, mediante el pronunciamiento dictado el 24 de febrero de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de Franco Luciano Santos, contra la decisión de ese órgano que rechazó la queja deducida frente al auto que desestimó –por extemporáneo- el remedio de apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 2 departamental, que –a su vez- condenó al nombrado a la pena de multa de tres mil pesos e inhabilitación especial para conducir vehículos automotores por el plazo de dieciocho meses, con costas, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de lesiones graves culposas agravadas por la conducción de vehículo automotor (fs. 156/156).
Para así resolver, halló insatisfechos los recaudos del art. 494 del CPP -en tanto Santos fue condenado a la pena de multa e inhabilitación-, y recordó que si bien es doctrina de esta Corte que el remedio escogido constituye el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran encontrarse involucradas, de conformidad con la doctrina sentada en los fallos “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la suficiencia del reclamo no se satisface con la mera invocación de un tópico de aquella naturaleza, sino que es necesario su correcto planteamiento.
En esa línea, juzgó que el recurrente no introdujo una cuestión federal de manera adecuada, en tanto no efectuó un análisis tendiente a demostrar la manera en que se vulneraron los derechos de raigambre constitucional sino a través de cuestiones procesales.
II. Frente a ello, el señor Defensor Oficial de aquella ciudad –doctor Mariano Alberto Iribarren- articuló recurso de queja (fs. 163/171).
En primer lugar, indicó que el derrotero impugnaticio demuestra que el presente es un caso de “gravedad extrema y de irracionalidad judicial” (fs. 163). Transcribió parcelas de lo fallado por esta Corte en P.126.439-RQ, y postuló cumplidos los recaudos a fin de que la Cámara habilite la vía extraordinaria. No obstante, expuso que ella se extralimitó en sus funciones y realizó un análisis que excedió su competencia (fs. cit./165).
Afirmó que de las propias conclusiones del a quo se advierte que la parte fundó y argumentó críticamente el remedio intentado. Destacó que, no obstante, el órgano los consideró insuficientes, careciendo de competencia para ello, en tanto el análisis de la suficiencia se encuentra reservado a esta Suprema Corte (fs. 165/166).
En ese discurrir, entendió como “arbitraria e ilógica” la actividad desplegada por el revisor, en oposición a los principios básicos que regulan la materia recursiva -arts. 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCyP- (fs. 166).
Señaló que en autos se privó a su asistido del derecho a la revisión de su sentencia de condena, con apego a un excesivo rigor formal. Explicó que ante la vocación impugnativa expuesta por su asistido, la defensa dedujo recurso de apelación, el que se presentó luego de vencido el plazo legal para hacerlo, “pero por tan solo [cincuenta y cinco] minutos” (fs. 166 vta./168 vta.).
Agregó que tal rechazo por parte de la Alzada –en armonía con la postura del órgano de grado- afectó el derecho al recurso, la defensa en juicio y la doble instancia. Citó los precedentes “Herrera Ulloa” y “Casal” de la CIDH y la CSJN, respectivamente, y numerosos fallos referentes al exceso de rito (fs. 168 vta./170 vta.).
Finalmente, esgrimió que “pese a dicha[s] argumentaciones lógicas, razonables, apegadas a la ley y a la interpretación que de ellas surge la Cámara Apelada rechazó el recurso extraordinario por inadmisible”, razón por la que –desde su óptica- debe hacerse lugar a la presentación directa (fs. 170 vta.).
III. La queja no prospera (art. 486 bis, CPP).
Se advierte que, conforme lo reseñado en el considerando I de la presente, el argumento basal por el cual el a quo declaró la inadmisibilidad de la vía impugnativa extraordinaria radicó en que las pretensas cuestiones federales no se desarrollaron con la suficiencia y carga técnica necesarias, en tanto refirieron a cuestiones procesales.
Frente a ello, la defensa no logra controvertir de manera eficaz dicho obstáculo formal pues dirigió sus esfuerzos a reiterar lo esgrimido en el carril extraordinario, sin evidenciar de qué manera las garantías constitucionales que dice afectadas se vinculan con lo debatido y resuelto en el caso.
En efecto, si bien es cierto que este Tribunal ha resuelto que las cuestiones federales planteadas relativas a las garantías constitucionales en juego (arts. 18 y 75 inciso 22 de la CN; 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCP) no pueden ser conculcadas por un excesivo rigor formal, ese principio general no conduce a ignorar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de los recursos, de los que no resulta ajeno el relativo a la perentoriedad de los plazos para su articulación.
De las copias acompañadas se desprende que, en el caso, el encartado no expresó su vocación recursiva durante el plazo legal para impugnar la sentencia de condena, sin que ello pueda subsanarse merced al acta cuya copia obra a fs. 142, en tanto es posterior a la interposición del recurso de apelación.
En rigor, lo que el recurrente pretende ahora es soslayar los efectos de la presentación tardía del remedio apelativo, sin justificar que la demora haya respondido a alguna situación que merezca ser especialmente atendida.
Tampoco se evidencia la presencia de uno de los supuestos excepcionales en los que esta Corte ha admitido el recurso por hallarse el imputado en situación de indefensión, que se daría especialmente frente al desconocimiento de gestiones conducentes para el encauzamiento de la voluntad recursiva expresada in pauperis por el encartado privado de su libertad (conf. doct. P. 82.833, sent. del 7-2-2007; P. 88.887, sent. del 18-4-2007; entre otros).
IV. Solo resta señalar que, frente al planteo defensista vinculado al exceso en la extensión del juicio de admisibilidad que confiere el art. 486 del digesto adjetivo, el mismo no puede prosperar pues el examen de la suficiencia y carga técnica de los cuestionamientos de pretensa índole federal es parte integrante del análisis de admisibilidad que la Cámara debe efectuar (conf. P. 125.506, res. del 3-6-2015, P. 125.577, res. del 17-6-2015, P. 127.549, res. del 29-3-2017, e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja traída por la defensa oficial de Franco Luciano Santos, con costas (art. 486 bis, CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia