Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129188
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa oficial a favor de Luis Alberto Giménez (arts. 484, 486 y 486 bis del CPP según ley 14.647).
"Giménez, Luis Alberto s/ Recurso de queja en causa N° 13.415 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala III"
La Plata, 6 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 129.188-RQ, caratulada: "Giménez, Luis Alberto s/ Recurso de queja en causa N° 13.415 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala III",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, mediante el pronunciamiento del 7 de junio de 2017, declaró inadmisibles los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad articulados contra la decisión de ese mismo órgano que a su vez, confirmó la sentencia dictada por el Juzgado en lo Correccional n° 2 departamental que había condenado a Luis Alberto Giménez a la pena de un año y dos meses de prisión de cumplimiento efectivo, con costas, por considerarlo autor del delito de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro, la que unificó con la de tres años de prisión de ejecución condicional impuesta en la causa n° 19285-13 -y acumuladas- dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 2 por los delitos de robo agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa (dos hechos), hurto en grado de tentativa (dos hechos), hurto agravado por tratarse de vehículo dejado en la vía pública y robo simple en grado de tentativa, concursando todos materialmente entre sí; en definitiva, revocó la condicionalidad y lo condenó a la pena única de tres años de prisión de efectivo cumplimiento y costas (v. fs. 13 vta./14).
Para así decidir, en punto al recurso extraordinario de nulidad, luego de dar cuenta de los taxativos motivos en los que puede sustentarse -de acuerdo a los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial y 491 del Código Procesal Penal, y doctrina de esta Corte que citó- señaló que los cuestionamientos de la defensa no encuadraban en aquellos supuestos, desde que la parte cuestionaba el modo en que había resuelto el Tribunal de Alzada, atacando la coherencia de los argumentos que dieron sustento al rechazo del recurso de apelación. Agregó que -de acuerdo a precedentes de este Tribunal- el acierto o profundidad de lo decidido, así como la denuncia de arbitrariedad, constituían tópicos ajenos al remedio intentado.
En lo que concierne al carril extraordinario de inaplicabilidad de ley, sostuvo que si bien la defensa había alegado la vulneración de la defensa en juicio, no había explicado de qué modo el Tribunal produjo dicha afectación; a la par, le achacó no haber expuesto argumentos específicos a fin de sortear la limitación objetiva. Por ello indicó que no se advertía una cuestión constitucional planteada en los términos de la doctrina sentada en "Strada", "Christou" y "Di Mascio" por la Corte federal, esto es, con la suficiencia y carga técnica necesarias. Así, concluyó en que la parte no había demostrado la relación directa e inmediata entre aquellas y lo resuelto por la Cámara (v. fs. cit.).
II. Frente a esa decisión, se alzó la defensora oficial del nombrado -doctora Paula Rodríguez Herlein- merced a la queja obrante a fs. 16/22 vta.
Denunció que la decisión del a quo vulnera el derecho de su asistido a obtener la revisión de la condena por un tribunal superior (art. 8.2.h de la CADH; 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional), así como las garantías de defensa en juicio y debido proceso. A la vez, dijo que la presente configura una situación de denegación de justicia que reviste gravedad institucional, capaz de generar responsabilidad internacional para el estado argentino; por ello solicitó se declare su nulidad (v. fs. 19 y vta.).
Trajo a colación jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos y de la Corte federal de acuerdo a la cual, a tenor del rendimiento de la garantía de la doble instancia, es obligación de los tribunales aplicar e interpretar la normativa procesal de modo tal de permitir la revisión de lo resuelto. Denunció que la decisión recurrida no se ajusta a tales parámetros (v. fs. 20/21).
Explicó que la Cámara incurrió en un injustificado rigor formal al declarar inadmisible el recurso extraordinario interpuesto, a la vez que se apartó de la verdad jurídica objetiva y de las constancias de la causa, circunstancias que determinan su arbitrariedad pues no constituye una derivación razonada del derecho vigente (v. fs. 21).
Postuló la vulneración de las garantías de doble instancia, debido proceso y defensa en juicio, en cuanto proscriben la aplicación de excesivos rigores formales y denunció el apartamento del art. 451 del Código Procesal Penal (v. fs. cit.).
Solicitó que se declare la nulidad de lo resuelto por el Tribunal de Alzada y se subsanen las afectaciones constituciones denunciadas (v. fs. 22).
III. La queja formalizada es improcedente (art. 486 bis CPP).
De la reseña efectuada se advierte que el recurrente se desentendió por completo de los argumentos expuestos por la Cámara para declarar la inadmisibilidad de los recursos extraordinarios incoados.
Las alegaciones efectuadas en la presentación en trato -mediante las cuales la defensa denuncia el menoscabo de garantías constitucionales y convencionales, así como la arbitrariedad por excesivo rigor formal- han sido articuladas de manera genérica y dogmática, pues la parte no se ocupó de vincular tales afirmaciones con los fundamentos de la resolución en crisis ni las concretas circunstancias de esta causa.
Al respecto, es dable recordar que si bien no existen fórmulas sacramentales para introducir la cuestión federal, es indispensable que en la primera oportunidad se haga mención del derecho federal que se entiende conculcado, así como la demostración de su vínculo con la materia del pleito, lo cual presupone un mínimo de desarrollo argumental sobre el punto (conf., CSJN Fallos: 286:71; 294:50; 306:979; etc.).
En suma, el contenido de la presentación no cumple con la carga estipulada en el art. 484 del Código Procesal Penal en tanto no abastece los recaudos mínimos que hacen al objeto y finalidad del recurso previsto en el art. 486 bis citado.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa oficial a favor de Luis Alberto Giménez (arts. 484, 486 y 486 bis del CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
Lucia Jofre
Subsecretaria
Registrada bajo el n°2786
Fin de la sentencia