Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129048
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por el defensor oficial contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
"GOPAR, WALTER ARIEL S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 13.097 DE LA CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DE BAHÍA BLANCA, SALA I".
La Plata, 27 de diciembre de 2017.
La presente causa P. 129.048 RQ, caratulada: "Gopar, Walter Ariel s/ Recurso de queja en causa n° 13.097 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, Sala I",
I. La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, el 20 de abril de 2017, declaró la inadmisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Walter Ariel Gopar contra el pronunciamiento de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 1 de Tres Arroyos que, en el marco de un proceso de juicio abreviado, lo condenó a la pena de un año de prisión de efectivo cumplimiento, con costas, por resultar coautor penalmente responsable del delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil (v. fs. 36/40).
Para arribar a tal decisorio, afirmó que no se cumplieron con las exigencias del art. 494 del Código Procesal Penal y que las cuestiones federales no se desarrollaron con la suficiencia y carga técnica necesarias para excepcionar tales limitaciones (conf. "Strada", "Di Mascio" y "Christou" de la Corte nacional fs. 38 vta.-).
En lo que se refiere a la tacha de arbitrariedad en la valoración de la prueba, estimó que la defensa se limitó a exponer una mera divergencia con los criterios adoptados en la sentencia que confirmó la condena de primera instancia. En su apoyo, citó precedentes de la Corte nacional sobre el objeto de la arbitrariedad (v. fs. 38 vta./39).
Finalmente, resolvió que los cuestionamientos vinculados con la imposibilidad de imputar una portación de arma compartida es producto de una reflexión tardía por no haber sido planteados en la etapa intermedia (recurso de apelación ante la Cámara). Mencionó el precedente P. 104.657 de esta Corte en el que se resolvió que la cuestión federal debe plantearse de modo oportuno sin que la naturaleza constitucional de la crítica permita prescindir de ello (v. fs. 39 vta./40).
II. El Defensor General Adjunto de Bahía Blanca, doctor Eduardo Roberto Zalba, dedujo queja (v. fs. 44/49).
Tachó de arbitrario el pronunciamiento por quebrantar el derecho a la revisión amplia (art. 8.2.h., CADH) y a gozar de la libertad personal (arts. 18, Const. nac.; 7.3., CADH) en tanto se impuso una pena privativa de la libertad (v. fs. 45 vta./46).
Puntualizó que el a quo incurrió en arbitrariedad pues no fundó debidamente los motivos por los cuales no respondió el agravio vinculado con la imposibilidad de portar armas en forma conjunta, limitándose a sostener que era extemporáneo (v. fs. cit.).
A continuación, refirió que en la vía extraordinaria desestimada se denunció la inobservancia de los arts. 106, 210 y 373 del Código Procesal Penal; 171 de la Constitución provincial y 189 bis inc. 2 párrafo tercero del Código Penal, todo lo cual quebrantó las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; fs. 46).
En función de lo expuesto, concluyó que existe cuestión federal suficiente y que la impugnación debió admitirse (art. 14, ley 48; fs. 46 vta.).
En lo que respecta a la extemporaneidad, explicó que ello no puede ser un obstáculo para el abordaje de un tópico de índole constitucional pues éste no puede quedar supeditado a normas locales de procedimiento. En su apoyo, citó el fallo "Casal", entre otros de la Corte nacional (v. fs. 46 vta./47).
Por último, citó los arts. 480 y 435 del ritual y requirió que para el supuesto que tales normas resulten un obstáculo formal para la concesión de la impugnación, se declare su inconstitucionalidad (arts. 5 y 31, Const. nac. fs. 48/vta.-).
Concluyó que el pronunciamiento en crisis incurrió en arbitrariedad al vulnerar los derechos de defensa, debido proceso, revisión integral y acceso a la jurisdicción (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2.h. y 25, CADH; 14.5. PIDC y P fs. 48 vta./49-).
III. La queja formalizada es improcedente pues la defensa oficial no controvirtió eficazmente el juicio de admisibilidad negativo (art. 486, CPP).
III. 1. En efecto, las manifestaciones tendientes a demostrar que la denuncia de violación del debido proceso y presunción de inocencia, vinculada con la valoración de la prueba y la calificación legal (v. fs. 46), reúne la suficiencia y carga técnica necesarias para superar la etapa de admisibilidad no logran su cometido pues son genéricas y dogmáticas. En definitiva, no se evidenció la relación directa e inmediata entre éstas y lo debatido y resuelto por la Cámara al confirmar la condena de primera instancia (v. sentencia a fs. 25/28).
III. 2. Por otra parte, las alegaciones de la defensa oficial dirigidas a conmover la desestimación por extemporáneo del agravio relativo a la afectación del principio in dubio pro reo por considerar que no es posible imputar una portación de arma compartida tampoco son de recibo.
Tal como se puso de manifiesto en el juicio de admisibilidad negativo, es criterio de esta Corte, en consonancia con los lineamientos fijados por el Máximo Tribunal nacional, que los tópicos de índole federal deben introducirse en la primera oportunidad posible, circunstancia que no aconteció en el presente (conf. P. 124.156, resol. de 21-XII-2016; P. 113.553, resol. de 31-VII-2013; P. 108.456, resol. de 19-III-2014; P. 122.063, resol. de 13-V-2015, entre muchas otras de esta Corte; "Martínez, Walter L., Godoy, María Angélica y Galli, Miguel L. s/ falsedad ideológica de instrumento público destinado a acreditar la identidad de las personas causa 3255/08-" M. 88. XLV; RHE, 12-IV-2011 de la CSJN).
Los intentos del apelante de conmover dicho criterio con la cita de “Casal” tampoco logran su cometido. Es que dicho precedente no exime de cumplir con el recaudo de que los agravios se postulen oportunamente, sino que por el contrario, torna a ello aún más exigible, pues mal puede afirmarse un menoscabo al derecho de obtener una revisión de la condena en relación con un aspecto que la misma parte no sometió al examen del tribunal del recurso (conf. P. 120.373, resol. de 19-VIII-2015; P. 124.397, resol. de 19-VIII-2015; P. 122.776, resol. de 9-III-2016, e.o.).
III. 3. Para el caso de entender que se denunció la inconstitucionalidad de los arts. 480 y 435 del ritual circunstancia que no emerge de modo categórico del recurso de hecho-, esta crítica no puede prosperar pues no cuenta con un mínimo desarrollo argumental que le de sustento (v. fs. 47 vta./48).
III. 4. Por último, igual suerte corresponde a la tacha de arbitrariedad y afectación de los derechos de defensa, debido proceso, derecho a la revisión integral y acceso a la jurisdicción (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2.h. y 25, CADH; 14.5. PIDC y P) que a criterio de la parte ocasionó la denegatoria de la vía del art. 494 del ritual.
Es que no se demostró de qué manera, a pesar de que la Cámara revisó la sentencia de condena y la confirmó parcialmente (v. fs. 2/61), dichas garantías se vería afectada ante la denegatoria de un recurso extraordinario que no abastece los recaudos formales para la aplicación del criterio sentado en los precedentes "Strada" "Di Mascio" y "Christou" de la Corte nacional (art. 15, ley 48).
En suma, la presentación directa se revela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo (arts. 486 y 486 bis del CPP).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por el defensor oficial contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia