Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129132
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja interpuesta por la defensa oficial de Raúl Marcelo Morales (arts. 484, 486 bis y concs., CPP).
"MORALES, RAÚL MARCELO S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 13.262 DE LA CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DE BAHÍA BLANCA, SALA I".
La Plata, 21 de febrero de 2018.
La presente causa P. 129.132-RQ, caratulada: "Morales, Raúl Marcelo s/ Recurso de queja en causa n° 13.262 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, Sala I",
I. La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, el 3 de mayo de 2017, declaró inadmisible el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Raúl Marcelo Morales contra la resolución de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 4 que lo condenó a la pena de un año de prisión de efectivo cumplimiento por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso de armas (v. fs. 29/33 vta.).
En lo que aquí interesa, explicó que las exigencias del art. 494 del ritual no se cumplieron. Acto seguido, descartó el planteo de inconstitucionalidad de dicha norma (v. fs. 30 vta./31).
A continuación, trajo a colación los precedentes "Strada", "Di Mascio" y "Christou" del Máximo Tribunal nacional y destacó que para que los recaudos formales de la norma citada se puedan soslayar, los agravios de pretensa índole federal deben plantearse correctamente, situación que no advirtió en el presente. En tal sentido, explicó que la tacha de arbitrariedad fundada en la errónea aplicación del art. 34 incs. 6 y 7 del Código Penal no constituye más que una divergencia de criterio con el temperamento adoptado por la Cámara en lo que hace a la ausencia de actualidad de la agresión ilegítima para el momento en que el imputado se presentó en el domicilio de las víctimas y disparó su escopeta (v. fs. 31 vta./32).
II. Frente a lo así decidido, la defensora oficial, doctora Fabiana Paola Vannini, dedujo queja (v. fs. 34/37).
Alegó que el Tribunal de Alzada incurrió en arbitrariedad al sostener que no se cumplieron las formalidades del art. 494 del ritual, quebrantó el derecho a la revisión del fallo de condena y a la libertad pues la pena impuesta a su asistido es de efectivo cumplimiento (arts. 8.2.h. y 7.3., CADH; 18, Const. nac. -fs. 35-).
A continuación, indicó que se denunció la violación de las garantías del debido proceso, defensa en juicio y presunción de inocencia como consecuencia de la errónea aplicación de los arts. 34 incs. 6 y 7 del Código Penal y 106, 210 y 373 del Código Procesal Penal, lo que demuestra la existencia de una cuestión federal suficiente (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8, CADH; 14.5., PIDCP; 14, ley 48). Trajo a colación el precedente "Casal" del Máximo Tribunal nacional y manifestó que la regulación procesal de los recursos extraordinarios debe respetar el derecho a la revisión del fallo de condena (v. fs. 35/36).
Finalmente, para el supuesto que se considere que los arts. 434, 435 y 480 del Código Procesal Penal son un obstáculo para la concesión de la impugnación, dejó planteada la inconstitucionalidad de dichas normas (v. fs. 36).
Por todo lo expuesto, concluyó que se violó la ley sustantiva y se dictó una sentencia arbitraria (art. 18, Constitución nacional) que quebrantó la defensa en juicio, el debido proceso y desconoció el derecho a la revisión, razón por lo cual solicitó se deje sin efecto la interpretación restrictiva de las vías impugnativas y se garantice el derecho al recurso amplio (arts. 18 y 75 inc. 22; 1, 8.2.h. y 25, CADH; 14.5. PIDCP; 11 y 15 de la Const. prov. -fs. 36 vta./37-).
III. La impugnación del art. 486 bis del ritual no puede tener acogida favorable pues no se formalizó de acuerdo a su objeto y finalidad, en contradicción a lo dispuesto en el art. 484 de dicho cuerpo de leyes.
Cabe recordar que el recurso de queja tiene como único objeto la decisión que emitió el juicio negativo de admisibilidad y su finalidad estriba en la remoción de los obstáculos que impidieron dicho acceso, nada de lo cual aconteció en el presente.
Como se demostrará a continuación, las críticas efectuadas por la parte se dirigieron a controvertir el fallo de Cámara que confirmó la condena de primera instancia.
IV. En efecto, la defensa particular reeditó los agravios llevados en la vía extraordinaria de inaplicabilidad (v. fs. 25/28) sin controvertir lo efectivamente resuelto en el auto que obturó el acceso a esta Corte.
Así, conforme se advierte de la reseña de antecedentes (v. punto I. del presente), el a quo únicamente abordó los planteos relativos a la errónea aplicación del art. 34 incs. 6 y 7 del Código Penal desde la perspectiva de la arbitrariedad y los descartó por juzgar que no se habían desarrollado debidamente pues la parte sólo había expuesto una opinión divergente con lo decidido (conf. "Strada", "Di Mascio" y "Christou" de la Corte nacional -v. punto I.-).
Frente a ello, la recurrente dejó incontrovertido dicho tramo de la decisión y se limitó a reeditar genéricamente las críticas llevadas en la vía extraordinaria desestimada en torno a la supuesta violación de las garantías de debido procesos, defensa en juicio y presunción de inocencia a pesar de que el Tribunal de Alzada ninguna consideración hizo sobre ello siendo precisamente esto -la falta de pronunciamiento sobre tales tópicos- lo que -en su caso- la defensa oficial debió criticar.
V. En definitiva, las alegaciones de la parte referidas a que el juicio de admisibilidad negativo incurrió en arbitrariedad y quebrantó las garantías de defensa en juicio, debido proceso, libertad y revisión amplia, en función de lo expuesto en el punto IV, quedaron huérfanas de sustento argumental.
VI. Por último, los pedidos de inconstitucionalidad de los arts. 434, 435 y 480 del ritual son producto de una reflexión tardía que obsta su admisibilidad.
Sin perjuicio de lo que pudiera señalarse respecto de la atribución de los jueces de declarar la inconstitucionalidad de oficio de las normas respectivas cuando así corresponda, resulta exigible como condición indispensable para su abordaje en el tránsito recursivo, la tempestividad del planteo constitucional (CSJN, Fallos: 328:4755; 331:419 y 2561; id., causas F.274.XLIII, "Fontenova", sent. de 3-VII-2007, doctr. T.400.XLIV, "Trova", sent. de 10-XI-2009).
En esa línea, más recientemente, dicha Corte ha reafirmado que "el reconocimiento expreso de la potestad del control de constitucionalidad de oficio no significa invalidar el conjunto de reglas elaboradas por el Tribunal a lo largo de su actuación institucional relativas a las demás condiciones; requisitos y alcances de dicho control" ("Rodríguez Pereyra", sentencia del 27-XI-2012).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar la queja interpuesta por la defensa oficial de Raúl Marcelo Morales (arts. 484, 486 bis y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
HILDA KOGAN
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°37
Fin de la sentencia