Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 127964
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir la queja interpuesta por la defensa oficial a favor de Oscar Alejandro Pérez, y -en consecuencia- declarar mal denegado el recurso articulado ante la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca (arts. 486, 486 bis , y 494, CPP).
2Conceder la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley de fs. 67/80 vta..
"PÉREZ, OSCAR ALEJANDRO S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 13.782 DE LA CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DE BAHÍA BLANCA, SALA II".
La Plata, 28 de febrero de 2018.
La presente causa P. 127.964-RQ, caratulada: "Pérez, Oscar Alejandro s/ Recurso de queja en causa N° 13.782 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, Sala II",
I. La Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, mediante auto dictado el 23 de agosto de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado contra el decisorio de dicho órgano que no hizo lugar al recurso de apelación y confirmó el fallo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 departamental que resolvió: 1) revocar la condicionalidad de la pena de tres años de prisión; 2) no proceder a la unificación de penas -conf.. arts. 27 y 58 del Cód. Penal-; 3) no aplicar la remisión del caso -Regla 11, Beijing-; y, 4) ordenar el cumplimiento efectivo de la misma bajo el régimen de jóvenes adultos de la UP n° IV de Villa Floresta (v. fs. 43/47 y fs. 5/7 vta.).
Para decidir de tal modo, en primer lugar la Cámara mencionó las facultades conferidas para el examen de admisibilidad, con cita de lo fallado en P.125.856 y 126.793 por esta Corte (v. fs. 44 y vta.). A continuación, hizo mención a las causales específicas de la vía intentada -art. 494, CPP- y consideró inabastecidas sus exigencias "atento el tenor del resolutorio atacado" (fs. 44 vta./45). No obstante, con cita de los precedentes "Strada", "Christou" y "Di Mascio" del Máximo Tribunal nacional, afirmó la aptitud del carril para los eventuales planteos federales -art. 14, ley 48- (v. fs. 45).
A continuación, reiteró que el pronunciamiento atacado afirmó la inexistencia de la errónea aplicación del art. 27 del Código Penal "puesto que el mismo es claro en cuanto señala respecto de quien fue condenado a una pena condicional y dentro del término de cuatro años ‘si cometiere un nuevo delito sufrirá la pena impuesta en la primera condenación’", no hallando excepción alguna para revocar la condicionalidad en el hecho de que el imputado era menor al cometer el delito primigenio (v. fs. 45 y vta.). Agregó que también se desestimó la omisión de tratamiento de cuestión esencial, y se entendió que la inconstitucionalidad de la norma de fondo citada resultó extemporánea (v. fs. 45 vta.).
Finalmente, entendió que el carril extraordinario local no portaba una crítica razonada ni fundada en relación a lo así fallado, "insistiéndose con planteos ya realizados en el recurso de apelación" (fs. cit.). Explicó que si bien la parte menciona la errónea aplicación de las normas vinculadas al fuero específico, tachando de arbitrario lo decidido, destacando -a su entender- la inadecuada interpretación del art. 27 del Código Penal, y objetando la extemporaneidad del confronte constitucional, bajo ese ropaje reitera los argumentos ya expuestos, desentendiéndose de los motivos dados por el Tribunal de Alzada en el decisorio que intenta conmover (v. fs. cit./46).
Halló que no se advertía un supuesto de excepción a los fines de franquear el valladar de la norma procesal, pues las pretensas cuestiones de naturaleza federal "no se han planteado con la exigencia requerida" (fs. 46). Citó lo fallado en 310:324 respecto a la tacha de arbitrariedad, y coligió en una técnica inidónea en pos de demostrar la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales que entendió afectadas y lo debatido y resuelto (v. fs. cit. in fine).
II. En discordancia, la señora defensora general de Bahía Blanca -doctora María Graciela Cortázar- interpuso queja en los términos del art. 486 bis , Código Procesal Penal (v. fs. 49/55).
Cuestionó el auto denegatorio a partir de la tacha de arbitrariedad. Denunció el exceso en que incurrió el órgano, y le reprochó el desconocimiento del agravio de naturaleza federal cimentado en la específica normativa que rige el caso -principios de susidiariedad, mínima intervención, proporcionalidad de la pena e interés superior del niño, arts. 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1 y 19, CADH; 37 y 40, CDN; Regla 11 de Beijing- (v. fs. 50 vta./51).
Trajo a colación lo normado por el art. 486 del ritual, y se explayó sobre cómo debe efectuarse el primer examen de admisibilidad (v. fs. 51). Expuso que el órgano asimiló erróneamente dicho análisis con el de la suficiencia, y transcribió la parcela que -a su entender- evidencia el yerro (v. fs. cit. y vta.). Reforzó lo expuesto con cita de lo fallado en C.92.463 por esta Suprema Corte (v. fs. 51 vta./52).
Denunció que, al decidir de tal modo, se vulneran los arts. 18 y 75 inc. 22, Constitución nacional; 11 y 15, Constitución provincial, así como diversos instrumentos internacionales -arts. 1, 8.2.h y 25, CADH; y 14.5, PIDCP- (v. fs. 52 y vta.).
De seguido, cuestionó la falta de planteo federal que le adjudicó el auto (v. fs. 52 vta.). Expuso que el carril resulta el único remedio ante la urgente necesidad de subsanar las vulneraciones constitucionales, "como lo es el desconocimiento de los principios y derechos emanados de Tratados Internacionales de Derechos Humanos con dicha jerarquía", y en virtud del gravamen irreparable que le ocasiona a Pérez lo decidido (fs. 52 vta.).
Explicó que en la vía extraordinaria se esgrimió la errónea aplicación del art. 27 del Código Penal por contradecir los principios emanados de la normativa específica, comprometiendo y afectando irremediablemente el derecho del joven de acceder a la remisión del caso -ley 22.278, CADH, Reglas de Beijing, CDN y Directrices del Riad- (v. fs. cit./53).
Postuló que el decisorio compromete la responsabilidad internacional del Estado, lo que denota el agravio constitucional y -por ende- habilita la intervención de esta Suprema Corte como paso previo necesario (v. fs. 53).
Puntualizó que al otorgar el carácter de pautas meramente orientativas a la normativa internacional, la Cámara desconoce la operatividad que reviste la misma (v. fs. cit. in fine y vta.). Transcribió el parágrafo que obturó el acceso a este Tribunal y reiteró la tacha de arbitrariedad. Señaló que la propia Corte Interamericana sobre Derechos Humanos reconoció que las Reglas de Beijing integran el corpus iuris internacional de protección de niños, niñas y adolescentes. Hizo expresa mención a la Opinión consultiva 17/02 (v. fs. 53 vta.).
Concluyó en que la aplicación literal del art. 27 del Código de fondo inadvierte la normativa específica del fuero penal juvenil, cimentada en la privación de la libertad como última medida posible -art. 37.1, CDN- (v. fs. 54 y vta.).
Para finalizar, peticionó la admisión de la vía de hecho y la procedencia del remedio denegado (v. fs. 54 vta./55).
III. La queja prospera (art. 486 bis , CPP).
De la reseña efectuada surge que el Tribunal intermedio efectuó consideraciones que excedieron la competencia que le es propia al realizar el juicio de admisibilidad contemplado en el art. 486 del Código Procesal Penal -t.o. según ley 14.647-, avanzando indebidamente en el examen de la fundabilidad del reclamo, en un clara invasión a la competencia que a esta Suprema Corte le corresponde como juez de la impugnación (conf. causas P.125.630, resol. del 17-VI-2015; P.125.652, resol. 24/VI72015; P. 125.578, resol. 12-VIII-2015; P. 125.376, resol. 14-X-2015 e/o).
Asimismo, le asiste razón a la parte en cuanto a que los agravios de pretensa índole federal se formularon con la carga técnica necesaria para sortear el estadio de la admisibilidad. En efecto, en la vía de hecho la parte demostró que la tacha de arbitrariedad en vinculación con la errónea aplicación de lo previsto en el art. 27 del Código Penal, por interpretación y aplicación contraria a los principios de la normativa específica -ley 22.278, Convención de los Derechos del niño, Convención Americana de Derechos Humanos, Reglas de Beijing, entre otras- y la supuesta afectación a los principios de legalidad, subsidiariedad, mínima intervención e interés superior del niño, entre otros, cuentan con aptitud para ser examinados en esta instancia (arts. 14 y 15, ley 48).
IV. En definitiva, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre el fondo del asunto, corresponde admitir el recurso para garantizar el adecuado tránsito de la causa a la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de los arts. 31 de la Constitución nacional y 14 de la ley 48 (conf. art. 486 bis, CPP; CSJN Fallos: 308:490; 311:2478; 310:324).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1.Admitir la queja interpuesta por la defensa oficial a favor de Oscar Alejandro Pérez, y -en consecuencia- declarar mal denegado el recurso articulado ante la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca (arts. 486, 486 bis , y 494, CPP).
2. Conceder la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley de fs. 67/80 vta..
Regístrese, notifíquese y requiérase la causa n° 13.782 al a quo mediante oficio de estilo (art. 486 bis , 487 y concs., CPP).-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°123
Fin de la sentencia