Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 127964
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 10 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Genoud, de Lázzari, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 127.964, "P., O. A. s/ Recurso de queja causa 13.782 de la Cámara de Apelación y Garantías Penal, Sala II".
La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca rechazó el recurso de apelación deducido por la defensa de O. A. P. y confirmó el fallo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 departamental que resolvió: 1) revocar la condicionalidad de la pena de tres años de prisión impuesta al nombrado; 2) no proceder a la unificación de la pena indicada con la impuesta en la justicia de mayores por el Juzgado de Garantías n° 4 departamental; 3) no aplicar la remisión del caso -regla 11 Beijing-; 4) ordenar el cumplimiento efectivo de la misma bajo el régimen de jóvenes adultos de la Unidad Penitenciaria n° IV de Villa Floresta (v. fs. 1/3 vta. -primera instancia- y fs. 31/35 -Cámara-).
Contra esa decisión, la señora defensora oficial del nombrado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 67/80 vta.) el que fue inicialmente declarado inadmisible por la sala interviniente, pero ante la queja de la parte fue admitido por esta Corte mediante resolución de fs. 179/182.
El señor Procurador General dictaminó a fs. 189/194 aconsejando que el recurso sea rechazado. Dictada la providencia de autos a fs. 195, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. La defensa oficial de O. A. P. presentó tres agravios.
Por el primero adujo arbitrariedad por errónea aplicación de la regla 11 de las "Reglas de Beijing"; en segundo término, también tachó de arbitraria la aplicación del art. 27 del Código Penal por quebrantamiento de los principios de subsidiariedad y mínima intervención; y en tercer lugar se quejó del rechazo por extemporáneo de su planteo subsidiario de inconstitucionalidad del artículo indicado.
I.2. Sobre su primer agravio, dijo que la decisión de ambas instancias ordinarias de rechazar la remisión de la pena implicó inobservar la regla 11 de Beijing. Cuestionó que la Cámara haya sostenido que dicha norma tenga carácter orientativo y que la remisión no haya sido adoptada por nuestra legislación (v. fs. 72 vta.).
Afirmó que esa interpretación era arbitraria, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos "...ha reconocido expresamente que las reglas de Beijing forman parte del corpus juris internacional de protección de niños, niñas y adolescentes" (fs. 73, el destacado figura en el original).
Citó la Opinión Consultiva n° 17/02 emitida por la referida Corte el 28-VIII-2002 en la que se indicó que las mencionadas reglas, además de las de Tokio y Riad desarrollan la protección integral de los niños y adolescentes. Añadió que la regla cuya vulneración denuncia prevé expresamente que la remisión puede utilizarse en cualquier momento del proceso, y que no debe limitarse necesariamente a los casos menores (v. fs. 73 y vta.).
Indicó que "...mi asistido actualmente se encuentra ante la justicia de adultos, en el marco de la cual se le impuso una pena de condenación condicional en virtud de lo dispuesto en el art. 26 del C.P. con la imposición de reglas de conducta por el plazo de dos (2) años. Es así que el sometimiento del joven a controles externos se ha visto en este caso prorrogado, razón por la cual la subsistencia de una pena impuesta en el fuero penal juvenil ha perdido relevancia a la luz del principio de 'mínima intervención'" (fs. 74).
Concluyó citando las normas federales que entendió aplicables (arts. 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1 y 19, CADH; 37 y 40, CDN y regla 11, Beijing) y afirmó que en el caso "...no existe razón de política criminal alguna que justifique el rechazo a la remisión de pena solicitada" (fs. 74 vta.).
I.3. En el segundo de sus agravios la defensa sostuvo que la interpretación dada por ambas instancias ordinarias al art. 27 del Código Penal vulneró el principio de legalidad y pro homine , afectando el principio de subsidiariedad y mínima intervención, y lo previsto en el art. 37.B de la Convención sobre Derechos del Niño (v. fs. 74 vta.).
Consideró que el citado art. 27 "...debe necesariamente interpretarse a la luz de la especialidad de la materia, y la normativa internacional de carácter constitucional incorporada a nuestra legislación [...] y no de forma literal y aislada tal como lo efectuó la Exma. Cámara de Apelación Deptal. al momento de confirmar la revocación de la pena de ejecución condicional impuesta" (fs. 75).
Reiteró luego las referencias generales a los principios establecidos en la citada regla 11 de las Reglas de Beijing, así como otras disposiciones internacionales (v. fs. 75/78).
I.4. En tercer término, la defensa también postuló, en subsidio, que el referido art. 27 debió haber sido declarado inconstitucional. Afirmó que "...su aplicación en el caso concreto resulta en desmedro de los principios de proporcionalidad (arts. 28 y 33 CN, y Regla 5 de Beijing) y de subsidiariedad de la prisionización en materia penal juvenil (arts. 37 inc. B y 40.4 de la CDN y Regla 19 de Beijing)" (fs. 78).
Indicó que la Cámara interviniente rechazó este planteo por extemporáneo, pero sostuvo que esa circunstancia no obstaba a su tratamiento por esta Suprema Corte en virtud del ejercicio del control de constitucionalidad difuso (art. 31, Const. nac.; v. fs. 78).
Citó un fallo de la Corte federal que a su entender habilitaría el tratamiento de planteos extemporáneos (causa A.229.XXXIV, "Recurso de Hecho Autolatina Argentina S.A. s/apelación", sent. de 18-VII-2002), y opinó que la regulación procesal no puede vedar la jurisdicción sin menoscabo del control de constitucionalidad (v. fs. 78 vta.).
Mencionó el precedente federal "Casal" (CSJN Fallos: 328:3399) a lo que añadió que las normas aplicables a los recursos habilitan el tratamiento de cuestiones más allá de las postuladas por el recurrente cuando ello tenga por efecto mejorar la situación del reo (art. 480, CPP), además de la posibilidad de declarar nulidades absolutas (art. 434, CPP).
Se refirió al rol de intérprete final de la Corte federal y culminó señalando que "...en el hipotético supuesto que se entienda que las normas en cuestión son un obstáculo insalvable que veda la competencia de VVEE, dejo planteada su inconstitucionalidad porque dicha interpretación anula la competencia de esa Exma. Corte para ejercer el control de constitucionalidad que la norma superior (art. 31 de la C.N.) impone obligatoriamente a la magistratura" (fs. 80).
II. El señor Procurador General propició el rechazo del recurso. Coincido con él.
III.1. El impugnante introduce sus agravios a través de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias, que como es sabido, es excepcional. En ese marco, se queja de la interpretación realizada por el a quo , a raíz de la cual rechazó el planteo dirigido contra la no aplicación al caso del instituto de la "remisión" que fija la regla 11.1 de las Reglas de Beijing.
Sin embargo, el recurrente no rebate la argumentación brindada por la Cámara en referencia a que la legislación local receptó la mentada remisión a través del art. 40 de la ley 13.634, como alternativa a los procesos de judicialización, facultando de ese modo al Ministerio Público Fiscal a no iniciar la persecución penal o abandonar la ya iniciada. Empero, dadas las circunstancias del presente caso en que la responsabilidad penal de O. A. P. ya había sido declarada -imponiéndose incluso una pena-, coligió que tal facultad perdía virtualidad por inoportuna.
Las críticas del impugnante a esta interpretación del Tribunal de Alzada, se traducen en una mera discrepancia que no alcanza para sustentar la tacha de arbitrariedad que aduce, sin demostrar que la decisión sea contraria a los principios rectores del fuero o no respondan al juego armónico de las disposiciones de orden local e internacional (art. 495, CPP en función del art. 15, ley 48).
Corresponde recordar que la excepcional doctrina invocada no tiene por objeto corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado (CSJN Fallos: 310:234; SCBA, causas P. 117.434, resol. de 9-IV-2014; P. 118.456, resol. de 16-IV-2014; P. 118.283, resol. de 23-IV-2014; P. 116.026, resol. de 30-IV-2014; P. 118.778, resol. de 7-V-2014; P. 117.950, resol. de 4-VI-2014; P. 116.187, resol. de 11-VI-2014; P. 116.860, resol. de 18-VI-2014; P. 118.573, resol. de 25-VI-2014; e.o.).
III.2. Estimo que tampoco es admisible el agravio dirigido contra la interpretación del art. 27 del Código Penal realizada por el órgano revisor, a la que le achaca violación de los principios pro homine y legalidad.
El criterio adoptado por la sala revisora parte de una interpretación literal de la norma, por la cual sostuvo que la "...incursión en el delito ya siendo mayor de edad, opera, en el caso, como condición objetiva para la revocación de la condicionalidad..." (fs. 31 vta.), ratificando así la decisión de la jueza de grado, la que a su vez había valorado no sólo la comisión de un nuevo delito, sino también "...las irregularidades respecto al cumplimiento de las reglas impuestas" condición ésta que aquí llega consentida por no haber sido discutida.
Frente a ello, no demuestra la parte -a remolque de los principios de legalidad y pro homine - que con la solución legal adoptada se haya incurrido en arbitrariedad. Antes bien, el fallo encuentra sustento en las previsiones taxativas del art. 27 del Código Penal, sin que se advierta confrontación constitucional alguna (art. 495, CPP y conf. art. 15, ley 48).
III.3. Finalmente, en cuanto a la crítica dirigida al rechazo por extemporáneo por parte de la Cámara del planteo por el cual intentaba la declaración de inconstitucionalidad del art. 27 del Código Penal, corresponde confirmar esa respuesta. La cuestión constitucional fue introducida tardíamente, pues debe deducirse en la primera oportunidad posible en el curso del proceso, situación que se presentó con el trámite de unificación de penas sustanciado ante la magistrada de primera instancia, ya que desde ese momento constituyó una contingencia previsible que se aplicase el texto legal impugnado (conf. CSJN Fallos: 297:285; 298:368; 302:346; e.o.).
Las invocaciones de los precedentes de la Corte federal que trae en sustento no son aptas para modificar la inveterada doctrina antes expuesta.
Por todo lo expuesto, voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud , de Lázzari y Soria , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia