Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128286
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja articulada por la defensa oficial contra la resolución por la que se desestimó el recurso extraordinario de nulidad interpuesto a favor de Luis Jorge Pietravallo (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del C.P.P.).
P. 128.286-RQ - “Pietravallo, Luis Jorge s/ Recurso de queja en causa N° 14.544 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala I”.
///Plata, 12 de julio 2017.-
La presente causa P. 128.286-RQ, caratulada: “Pietravallo, Luis Jorge s/ Recurso de queja en causa N° 14.544 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala I”,
1. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Isidro, mediante el pronunciamiento dictado el 1 de noviembre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de nulidad deducido contra la resolución de dicho órgano que -por mayoría- confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional Nº 6 departamental que había condenado a Luis Jorge Pietravallo a la pena de un año y seis meses de prisión y costas, con más la declaración de reincidente, por resultar autor penalmente responsable del delito de lesiones leves y amenazas agravadas por el uso de arma, en concurso real (fs. 49/52).
2. Frente a ello, el señor Defensor Oficial ante la aludida instancia, doctor Hernán Rocha, articuló recurso de queja (fs. 54/64 vta.).
En cuanto a la admisibilidad, refirió que tanto la presente vía como el recurso extraordinario interpuesto resultan admisibles, en tanto se cuestiona e impugna una sentencia definitiva.
Estimó que la sentencia contra la cual se interpone el presente recurso resulta arbitraria por carecer, al menos parcialmente, de fundamentación suficiente, ya que la prueba colectada tanto en autos como durante el debate resulta a todas luces insolvente para refutar los argumentos defensivos. En ese contexto remarcó que dicha sentencia se asienta en afirmaciones meramente dogmáticas sin virtualidad alguna para sustentar una condena penal (fs. 54 vta.).
En función de ello sostuvo que el decisorio atacado incurrió en lo que la doctrina especializada denomina como sentencias arbitrarias por estar deficientemente fundadas, categoría que integra la causal de arbitrariedad normativa (fs. 55).
En el apartado III razonó que la procedencia del recurso tiene respaldo en la inobservancia de normas contenidas en los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional, los que detalló, por cuanto en la sentencia “se han afectado los derechos constitucionales del debido proceso y la defensa en juicio, situación que se origina a partir de la arbitrariedad del resolutorio cuestionado (…) ya que en el mismo no se han respetado las exigencias de la debida fundamentación previstas por el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y el art. 106 del C.P.P.” (fs. 55 vta.).
Luego de efectuar un racconto de las presentes actuaciones, expuso que la respuesta dada por el a quo a su planteo “ha sido insuficiente y por ello infundada y arbitraria”.
Expuso que la Cámara denegó el recurso “toda vez que no se da el supuesto de arbitrariedad”, por lo que consideró pertinente “reeditar en esta instancia los argumentos ya expuestos, respecto a cómo entiende e[s]a defensa que resulta arbitraria la sentencia dictada en autos, cuando no resultan suficientes los motivos expuestos tanto por el a-quo como por el tribunal ad-quem, quien lejos de analizar la cuestión se remite a repetir los argumentos del magistrado sentenciante” (fs. 56 vta.).
En dicho marco se ocupó tanto del delito de amenazas como del de lesiones.
Sentado ello, razonó que en orden a las falencias e insuficiencia probatorias “mal pudo la jurisdicción de Alzada entender que en el caso se ha arribado al grado de certeza requerido para el dictado de un pronunciamiento condenatorio en punto a la demostración de la hipótesis autoral esbozada por el acusador público” (fs. 63).
En consecuencia, peticionó se declare la nulidad de la sentencia y la aplicación directa al caso del principio in dubio pro reo (art. 18 de la C.N. y 1 del C.P.P.).
Afirmó que "una vez más la valoración de la prueba colectada en el debate ha sido valorada de manera absurda y arbitraria, y no de manera lógica y razonada, ya que no es posible sostener la imputación que pesa sobre [su] asistido” (fs. 64).
En el apartado VI titulado “LA RESOLUCION DE INADMISIBILIDAD DEL RECURSO”, después de transcribir un fragmento de la misma, alegó que “la falta de fundamentación en la resolución que se ataca, al entender responsable a un sujeto con un elemento de prueba cuestionable si[n] que exista otro que lo sustente, afecta la garantía del debido proceso y [el] derecho de defensa en juicio”, por lo que “teniendo en cuenta la doctrina (…) de los fallos ‘Strada’ (…), ‘Christou’ (…) y, especialmente, ‘Di Mascio’ (…) en donde se dispuso la necesidad de flexibilizar los recaudos formales en aquellos casos en que aparezca planteado un agravio de naturaleza federal, y teniendo en cuenta que se ha cumplido formalmente con el recaudo exigido por el art. 486 del C.P.P. -Ley 14.647- y siendo que nuevamente se ha limitado a reiterar los fundamentos del rechazo del recurso de apelación (…) solicit[ó] a [esta Corte], haga lugar a la presente queja” (fs. 64 -mayúscula en el original-).
3. La queja formalizada es improcedente.
a. En efecto, el a quo -luego de analizar el cumplimiento de los recaudos previstos en los arts. 479, 481, 482, 483 y 484 del digesto adjetivo-, trajo a colación lo dicho por este Tribunal en la causa P. 125.491.
Detalló los motivos de agravios y sostuvo que la parte no dio cumplimiento con los recaudos propios de admisibilidad del remedio extraordinarios elegido -art. 491 del C.P.P.-, los que citó (v. fs. 50 vta.).
Consideró que “la denuncia de arbitrariedad de la sentencia en crisis bajo la inteligencia de los elementos de prueba sustanciados durante el debate no permitían superar el estado de duda, constituye un tema ajeno al remedio intentado”. De este modo, adujo que la defensa se queja del modo en como resolvió ese Tribunal atacando la insuficiencia de argumentos y la valoración probatoria. En ese discurrir afirmó, con cita de precedentes de este Cuerpo, que “el acierto o profundidad de lo decidido (…) como la denuncia de arbitrariedad endilgada al fallo, constituyen temas ajenos al remedio intentado, siendo propios de la vía de inaplicabilidad de ley”.
De seguido, entendió que tampoco resultaría procedente el recurso deducido aun cuando se entendiese que el encabezamiento escogido por el recurrente constituye un error meramente nominativo del libelo pero que en efecto la vía intentada era la del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley “pues tampoco se ha dado cumplimiento con los recaudos propios de este otro remedio extraordinario” (fs. 51).
Sobre el punto, reprodujo lo normado por el artículo 494 del Código Procesal Penal y observó que el presente no resulta subsumible dentro de dichas previsiones “puesto que el auto dictado por [dicha] Alzada resulta confirmatorio de la sentencia impugnada y no impone una pena de reclusión o prisión mayor a los 10 años”. Sin embargo, recordó el criterio de este Tribunal en lo atinente a que la vía de mención resulta la vía adecuada para el caso de que se trate de introducir una cuestión federal. En ese contexto aludió a la doctrina de la arbitrariedad con mención de lo resuelto en la causa P. 118.283 y resolvió que “en la sentencia en crisis, se ha dado tratamiento a los agravios que (…) pretende reeditar el recurrente, más allá de que las conclusiones no sean (…) compartidas”.
Finalmente, destacó que “el contenido del libelo se limita al desarrollo de los motivos que lo llevan a discrepar con la valoración probatoria efectuada tanto por el juez de la instancia como por e[s]e Tribunal de acuerdo con las prescripciones del art. 210 del C.P.P., por lo que las objeciones planteadas son ajenas a la vía extraordinaria intentada”.
b. De lo reseñado, se advierte -más allá de cualquier consideración que pudiera efectuarse en torno a la técnica utilizada por el a quo para concluir en la desestimación del recurso extraordinario de nulidad incoado- que la parte omitió refutar de modo concreto y razonado los argumentos que le dieron sustento a la declaración de inadmisibilidad del mismo. Tampoco se hizo cargo de los precedentes de esta Corte citados en su apoyo.
En definitiva, la defensa no removió los obstáculos formales en base a los cuales el Tribunal intermedio denegó el recurso extraordinario, dejando incontrovertido su fundamento, en tanto se limitó a cuestionar el fallo de primera de instancia y la resolución de la Cámara que lo confirmó y a argumentar que se deberían flexibilizar los recaudos formales en aquellos casos en que aparezca planteado un agravio de naturaleza federal.
De este modo, incumplió con el objeto y finalidad del recurso de queja (arts. 484, 486 bis y ccds. del C.P.P.).
c. En función de todo lo expuesto, la tacha de arbitrariedad quedó huérfana de sustento argumental.
Por ello la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja articulada por la defensa oficial contra la resolución por la que se desestimó el recurso extraordinario de nulidad interpuesto a favor de Luis Jorge Pietravallo (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia