Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128837
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar, con costas, la queja deducida en favor del particular damnificado (arts. 486 bis, 491 y concs., CPP según ley 14.647).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967 y Acuerdo 3878 del 25-X-2017).
La Plata, 15 de noviembre de 2017.-
La presente causa P. 128.837-RQ caratulada: "TTC. Autos Argentina S.A. -Particular Damnificado- s/ Recurso de queja en causa n° 14.521 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala I, seguida a Fernández, Jorge Alberto",
I. De las copias adjuntas al presente, se advierte que la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, el 17 de marzo de 2017, desestimó por inadmisible el "recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley" interpuesto por la doctora Laura T. A. Damianovich de Cerrado, abogada apoderada del señor Kazuomi Tanaka en su calidad de particular damnificado contra la sentencia de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, confirmó el veredicto absolutorio dictado por el Juzgado en lo Correccional n° 6 a favor de Jorge Alberto Fernández en orden al delito de defraudación por administración infiel (v. fs. 17/21).
Para arribar a dicha decisión, afirmó que la parte no indicó la ley sustantiva inobservada o erróneamente aplicada (v. fs. 18 vta.).
Luego, explicó que no se cumplieron los recaudos formales del art. 494 del Código Procesal Penal y que tampoco existe un agravio de naturaleza federal para excepcionar las exigencias de dicha norma (conf. "Strada", "Di Mascio" y "Christou" de la Corte nacional -fs. 19-).
A continuación, relató que existen tres vías distintas para acceder a esta Corte "inaplicabilidad de ley, inconstitucionalidad y nulidad. La primera, reservada exclusivamente para el tratamiento de recursos en los que se indique la existencia de un vicio in iudicando iuris en la sentencia adversa; la segunda, para aquellos en que se tilde de repugnante a las Constituciones Nacional o local o a su sistema de valores, una norma aplicada en la sentencia -por vía de apelación- o en general -de acción originaria-; y la última, para aquellos casos de vicio o error in iudicando facti o error in procedendo , lo que incluye el tratamiento de casos de arbitrariedad en todas sus formas…" (fs. 19/vta.).
Concluyó que la vía del art. 491 del ritual era la que se debió articular en función de los agravios desarrollados (v. fs. 19 vta.).
Por último, trajo a colación el precedente Carrascosa de la Corte nacional y afirmó que no se advierte arbitrariedad sino disconformidad con la apreciación de la prueba (v. fs. 19 vta.).
II. Frente a tal decisión, la representante del particular damnificado, presentó queja (v. fs. 22/37).
Luego de efectuar una extensa reseña de los antecedentes del caso (v. fs. 22/34 vta.), denunció que el a quo declaró la inadmisibilidad de un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que nunca fue interpuesto pues el que se había deducido era un carril extraordinario de nulidad (v. fs. 35).
Por último, indicó que contrariamente a lo dicho por el Tribunal de Alzada, la tacha de arbitrariedad se fundó debidamente en el apartamiento de las constancias objetivas del proceso (v. fs. 36 vta.).
III. De modo preliminar, no puede dejarse de señalar que la Cámara se apartó de modo ostensible de los criterios de admisibilidad fijados desde antigua data por esta Corte en tanto efectuó afirmaciones desacertadas en lo concerniente al objeto y finalidad de cada una de las vías específicas previstas en el art. 479 del ritual (conf. doctr. arts. 484, 489, 491 y 494, CPP).
Sin perjuicio de ello, y a pesar de que la resolución en cuestión no abastece los mínimos recaudos de fundabilidad exigidos por el art. 486 del Código Procesal Penal, con el objeto de no dilatar la tramitación de la presente con la declaración de una eventual nulidad por falta de debida fundamentación, se dejará de lado la línea jurisprudencial sentada por esta Corte en las causas P. 125.626 (res. del 17-VI-2015); P. 125.710 (res. de 15-VII-2015); P. 125.778 (res. del 2-IX-2015); P. 126.507 (res. del 6-IV-2016), P. 126.225, (res. del 13-VII-2016), entre muchas otras (conf. art. 2, CPP).
IV. Sentado lo anterior, cabe afirmar que la queja no puede tener acogida favorable (art. 486 bis, CPP).
Si bien es cierto que -tal como lo puso de manifiesto la representante del particular damnificado- se presentó un recurso extraordinario de nulidad y el Tribunal de Alzada lo abordó como si se tratara de uno de inaplicabilidad de ley, tal déficit no logra conmover la suerte de lo decidido.
Veamos:
a. De la lectura del recurso extraordinario de nulidad, en términos generales, surge que la recurrente desarrolló tres agravios: 1) falta de tratamiento de agravios debidamente llevados a conocimiento de la Cámara (v. fs. 8 vta.); 2) cuestionamientos en torno al voto de adhesión de uno de los camaristas por considerar que no se abasteció la exigencia de mayoría de opiniones (v. fs. 9 y 15/16) y 3) apartamiento de las constancias de la causa en lo que hace al modo de valoración de los hechos y la prueba (v. fs. 9/14 vta.).
b. Ahora bien, sobre la supuesta falta de tratamiento de agravios oportunamente llevado (v. fs. 8 vta.) y el argüido incumplimiento de la exigencia de mayoría de opiniones (v. fs. 9 y 15/16), en rigor, la Cámara nada dijo en el juicio de admisibilidad negativo. Frente a ello, la quejosa no se hizo cargo de dicha omisión.
Sin perjuicio de lo expuesto, aún para el supuesto de soslayar tales deficiencias, dichos embates tampoco podrían tener acogida favorable pues la recurrente no acompañó las piezas útiles para su abordaje. En efecto, para el estudio las supuestas omisiones de tratamiento y de la falta de mayoría de opiniones, resultan imprescindibles las copias del recurso de apelación y del fallo del Tribunal de Alzada que confirmó la absolución, ninguna de las cuales se adjuntó a la presente (conf. doctr. 486 bis CPP).
V. Por último, en lo que hace a la tacha de arbitrariedad en la valoración de la prueba, tampoco puede tener acogida favorable aunque por motivos distintos a lo brindados por el Tribunal de Alzada.
Contrariamente a lo expuesto por el a quo, el recurso extraordinario de nulidad no es el carril idóneo para el tratamiento de tales problemáticas. En efecto, esta Corte tiene dicho en numerosos pronunciamientos que la vía del art. 491 del Código Procesal Penal, sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los Jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov.; conf. doctr. Ac. 94.522, 12-VII-2006; Ac. 97.232, 13-XII-2006; Ac. 97.324, 18-IV-2007; Ac. 100.082, 18-VII-2007; Ac. 100.806, 16-IV-2008; Ac. 104.341, 25-II-2009; e.o.).
Tales causales no se configuraron en el presente ya que -como se adelantara- los agravios expuestos por la impugnante se limitaron a cuestionar la falta de motivación y el mérito de la prueba, todo lo cual se encuentra detraído del acotado margen del recurso en examen (arts. 484, 486 y 491, CPP; conf. P. 118.001, res. del 28-V-2014; P. 119.399, res. del 11-VI-2014; P. 120.192, res. del 1-IV-2015; P. 121.272, res. del 12-VIII-2015; P. 126.173, res. del 22-XII-2015; P. 126.327, res. del 22-III-2016; P. 127.172, res. de 23-XI-2016).
VI. En el caso, en atención a los lineamientos efectuados por esta Corte en el Acuerdo 3878 del 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.9674, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido de art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podría vulnerar derechos.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar, con costas, la queja deducida en favor del particular damnificado (arts. 486 bis, 491 y concs., CPP según ley 14.647).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967 y Acuerdo 3878 del 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia