Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128448
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar -por improcedente- la queja interpuesta por el señor defensor oficial -Pablo Andrés Radivoy- a favor de Mario Barrera, con costas (arts. 486 bis y concs. del CPP, según ley 14.647).
La Plata, 22 de noviembre de 2017.-
La presente causa P. 128.448-RQ caratulada "Barrera, Mario s/ recurso de queja en causa N° 14.391/I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, Sala I",
I. La Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, mediante auto dictado el 20 de diciembre de 2016, rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial contra el decisorio de dicho órgano que, denegando el recurso de apelación, confirmó el fallo del Juzgado en lo Correccional n° 1 departamental en cuanto condenó a Mario Barrera a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional, sujeta al cumplimiento de reglas de conducta por el término de dos años, por reprocharle la autoría penalmente responsable del delito de amenazas (v. fs. 39/43 vta.).
Para así decidir, señaló que no se hallaba abastecido el recaudo del monto de la pena del art. 494 del Código Procesal Penal, y -agregó- que, no obstante, la vía constituye el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas -conf. "Strada", "Di Mascio" y "Christou" de la Corte federal- (v. fs. 41).
A continuación, transcribió parcelas del decisorio cuestionado, a los cuales -en razón de la brevedad- se remitió (v. fs. 41/42 vta.). De seguido, afirmó que no se advertía "una crítica razonada ni fundada" a dichas consideraciones, en tanto la parte "se desentiende del análisis efectuado respecto de las valoraciones realizadas en el fallo de primera instancia", y -agregó- "bajo la alegación de la vulneración del derecho de defensa y del debido proceso legal y la invocación del absurdo en la apreciación de la prueba", en verdad intenta conmover dichas valoraciones, repitiendo -a su entender- en su gran mayoría los argumentos sostenidos en la instancia anterior. Coligió en que no se encuentra involucrada de manera directa e inmediata una cuestión de índole federal, con cita de lo resuelto en P.126.543-RQ por esta Corte (v. fs. 42 vta./43). En función de ello, descartó la suficiencia del planteo en el marco de la arbitrariedad "que logre evidenciar la relación directa e inmediata entre las pautas constitucionales que se dijo conculcadas y lo debatido y resuelto" -conf. Fallo 310:234 de la CSJN- (v. fs. 43).
Por todo lo expuesto, concluyó en la falta de articulación con suficiencia y carga técnica necesarias de un planteo de naturaleza federal, a los fines de excepcionar el valladar de la norma procesal (v. fs. 43 y vta.).
II. Contra lo así decidido, el defensor oficial a cargo de la UFD n° 5 departamental -Pablo Andrés Radivoy- interpuso recurso de queja en los términos del art. 486 bis , Código Procesal Penal (v. fs. 45/49).
En primer lugar, postuló que el órgano se excedió en las facultades conferidas por el art. 486 del Código Procesal Penal, y tachó de arbitrario al decisorio adverso (v. fs. 46).
De seguido, efectuó consideraciones sobre el modo en que debe efectuarse el primer examen de admisibilidad y afirmó que "[d]e ninguna manera" puede la Cámara analizar la procedencia de los agravios (v. fs. cit. y vta.).
Advirtió que el órgano asimiló erróneamente el análisis de la admisibilidad con el de la procedencia. Especificó en la parcela que le adjudica la falta de una crítica razonada y fundada -por hallar que se desentiende del análisis efectuado respecto de las valoraciones realizadas en el fallo de primera instancia-. Extendió dicha falencia al argumento que le reprocha intentar conmover dichas valoraciones bajo la alegación del quebranto a garantías constitucionales, repitiendo -en su mayoría- lo llevado en la instancia anterior (v. fs. 46 vta.).
Entendió que se vulneró el derecho de quien asiste al acceso a la jurisdicción -arts. 19 y 75 inc. 22, Const. nac.; 11 y 15 Const. provincial; 1°, 8.2.h y 25, Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 14.5, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos- (v. fs. 47).
En segundo término, alegó que el carril del 494 configura el único remedio a los fines de subsanar la conculcación constitucional acaecida en autos (v. fs. 47 vta.). Explicó que la primer sentencia de Cámara incurrió en absurdo en la valoración de los hechos -arts. 210 y 373, CPP-, por errónea aplicación el art. 149 bis del código fondal, en quebranto al derecho constitucional a la libertad, el principio de inocencia, in dubio por reo , y debido proceso legal -arts. 18, 19 y 75 inc. 22, Const. nac.; 7 y 8, CADH; 9 y 14, PIDCP; 10, Const. provincial- (v. fs. 47 vta.).
Expuso sobre el tránsito necesario por ante esta Suprema Corte como Tribunal superior -conf. "Strada" y "Di Mascio" de la Corte federal-(v. fs. cit./48 vta.).
Concluyó en la suficiencia de la cuestión federal y pugnó por la admisión del remedio denegado (v. fs. 48 vta.).
III. La queja es improcedente (art. 486 bis , CPP).
Más allá de la terminología empleada por el a quo , el juicio negativo debe confirmarse.
Ello, pues el argumento basal por el cual se obturó el acceso a esta Suprema Corte radica en la que las pretensas cuestiones federales no se desarrollaron con la suficiencia y carga técnica necesaria, siendo este tópico parte integrante del análisis que -en esta caso la Cámara- debe efectuar, de conformidad con el art. 486 del Código Procesal Penal (conf. P.125.455, res. del 13/V/2015, P. 125.523, res. del 20/V/2015, P. 125.506, res. del 3/VI/2015, P. 125.630, res. del 17/VI/2015, P. 125.577, res. del 17/VI/2015, e.o. de esta Corte).
Frente a ello, el quejoso, lejos de controvertir dicho obstáculo ciñó sus argumentos a reiterar los embates llevados en la vía denegada, sin evidenciar de qué manera las garantías constitucionales que dice afectadas y la arbitrariedad argüida en aquélla, se vinculan con lo debatido y resuelto en el caso (art. 15 de la ley 48).
Esto último corresponde también al agravio -esgrimido desde otro andarivel- vinculado con la afectación del derecho de acceso a la jurisdicción (arts. 8.2.h. de la CADH y 14.5 del PIDCP), atento a la generalidad del planteo.
En definitiva, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (conf. arts. 486 y 486 bis del CPP).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar -por improcedente- la queja interpuesta por el señor defensor oficial -Pablo Andrés Radivoy- a favor de Mario Barrera, con costas (arts. 486 bis y concs. del CPP, según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia