Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129322
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar, por improcedente, la queja articulada por el defensor particular de Gabriela Bustos Arnst, con costas (art. 486 bis del CPP).
2Regular los honorarios profesionales del doctor Gustavo Gabriel Giorgiani (T° X F° 22 del CABB), en la suma de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO pesos, por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, dec. ley 8904/77 y Acuerdos de esta Corte 3867 de 4-X-2017, y 3871 de 25-X-2017), con más el 10 % de la ley 10.268.
La Plata, 6 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 129.322-RQ, caratulada: "Bustos Arnst, Gabriela s/ Recurso de queja en causa N° 14.359 Cámara de Apelación y Garantías de Bahía Blanca, Sala II ",
I. La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, por auto dictado el 23 de junio de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la defensa particular de Gabriela Bustos Arnst contra la decisión de dicha Sala que, a su vez, mantuvo la condena que se le impusiera como autora penalmente responsable de los delitos de falsificación de documento público y fraude a la administración pública, a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional, multa de quince mil pesos e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos (v. fs. 39-42 vta.).
El a quo señaló que, en el primer juicio de admisibilidad que el legislador encomendó a el Tribunal de Alzada luego de la reforma de la ley 14.647 de acuerdo a las disposiciones generales y específicas del recurso de inaplicabilidad de ley incoado, no dándose los recaudos contemplados en el art. 494 del Código Procesal Penal sólo la articulación de una cuestión de naturaleza federal esgrimida con la suficiencia y carga técnica necesarias autorizaría a desplazar dichos límites, siendo que -en el caso- no se han invocados normas de ese carácter ni desarrollado la relación directa e inmediata con lo debatido y resuelto en el caso al sólo presentarse absurdo en la valoración de la prueba en relación a temáticas de derecho común y su prueba (v. fs. 40-42).
II. El doctor Gustavo Gabriel Giorgiani, en su calidad de defensor particular de Bustos Arnst, interpuso queja (v. fs. 44-49).
Puso de relieve que resulta censurable -incluso inconstitucional- que las Cámaras departamentales cierren la discusión en el ámbito correccional aunque lleven a cabo una revisión en la que se hubiere agotado todo lo que sea revisable, en tanto ello no garantiza al justiciable el derecho contenido en el art. 8.2.h. Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. fs. 45-46).
Puntualizó que al sacar de la competencia del Tribunal de Casación a la materia correccional no se tuvo en cuenta que con ello se vedó que la causa salga de la esfera del departamento judicial en donde se cometió el delito lo que conspira con el impacto de las cuestiones domésticas en lo subjetivo del juzgador, máxime en lugares chicos o de escasa población, a la par que fomenta interpretaciones particulares en detrimento de la unificación jurisprudencial que necesariamente efectuaba dicho órgano (v. fs. 46).
Señaló que, aun soslayando esa cuestión, existe una denegación de justicia institucionalizada por el legislador cuando regula que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser abordado por la Cámara de Apelación y Garantías (v. fs. 46-47).
Afirmó que en el recurso se planteó la arbitrariedad y remarcó que los límites objetivos del art. 494 del Código Procesal Penal son inconstitucionales al imposibilitar el ejercicio del derecho a recurrir previsto en el art. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.5 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 31.1. de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (v. fs. 47 y vta.).
Desarrolló el contenido sustancial del principio de razonabilidad y reclamó que esta Corte aplique los tratados internacionales para garantizar el derecho antes mencionado, dando cuenta que la ley 13.812 al modificar el art. 494 del código de rito se contrapone a la Constitución nacional y a los instrumentos convencionales (v. fs. 47 vta.-48 vta.).
III. La queja es marcadamente improcedente.
En efecto, la presentación directa tiene por objeto la impugnación de la resolución que imposibilitó el acceso a la instancia extraordinaria local y su finalidad es la remoción de los obstáculos que fundamentaran dicho decisorio.
Los argumentos ensayados por el letrado defensor no se dirigen a controvertir el contenido de la motivación de aquél decisorio, sino a postular una interpretación diversa sobre los sucesivos recursos que debería prever el legislador en materia correccional para satisfacer el derecho al recurso contenido en los arts. 8.2.h Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que órgano debe efectuar el primer control de admisibilidad y la manera en que debe interpretarse las limitaciones a la recurribilidad objetiva previstas por el art. 494 ibídem .
En consecuencia, manteniéndose incólumes los argumentos basilares que sustentaran el juicio negativo de admisibilidad, que fueran relacionados en el acápite I. " in fine ", cabe desestimar la vía de hecho.
IV. Por último, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017).
En ese sentido, corresponde regular los honorarios profesionales del doctor Giorgiani en la suma de tres mil doscientos sesenta y cinco pesos (art. 31 dec-ley citado) con más el diez por ciento de la ley 10.268.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Desestimar, por improcedente, la queja articulada por el defensor particular de Gabriela Bustos Arnst, con costas (art. 486 bis del CPP).
2. Regular los honorarios profesionales del doctor Gustavo Gabriel Giorgiani (T° X F° 22 del CABB), en la suma de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO pesos, por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, dec. ley 8904/77 y Acuerdos de esta Corte 3867 de 4-X-2017, y 3871 de 25-X-2017), con más el 10 % de la ley 10.268.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
LUIS ESTEBAN GENOUD
Lucia Jofre
Subsecretaria
Registrada bajo el n°2772
Fin de la sentencia