Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128065
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar -por improcedente- la queja interpuesta por el señor defensor oficial -Pablo Andrés Radivoy- a favor de Gustavo Guillermo LLancafield, con costas (arts. 486 bis y concs. del CPP, según ley 14.647).
La Plata, 20 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 128.065-RQ caratulada "Llancafield, Gustavo Guillermo s/ recurso de queja en causa N° 14.024 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, Sala II",
I. La Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, mediante auto dictado el 16 de septiembre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial contra el decisorio de dicho órgano que confirmó el fallo del Juzgado en lo Correccional n° 1 departamental en cuanto condenó a Gustavo Guillermo Llancafield a la pena de siete meses de prisión de efectivo cumplimiento, con costas, por la autoría penalmente responsable del delito de encubrimiento (v. fs. 87/91 vta.).
II. Contra dicho decisorio, el defensor oficial a cargo de la UFD n° 5 departamental, interpuso recurso de queja en los términos del art. 486 bis , Código Procesal Penal (v. fs. 94/98 vta.).
Tachó de arbitrario el auto denegatorio por incurrir en exceso de las facultades conferidas por el art. 486 del Código Procesal Penal (v. fs. 95 vta.).
De seguido, efectuó consideraciones sobre el modo en que debe efectuarse el primer examen de admisibilidad y afirmó que "[d]e ninguna manera" puede la Cámara analizar la procedencia de los agravios (v. fs. cit. in fine ). Advirtió que el órgano asimiló erróneamente el análisis de la admisibilidad con el de la procedencia, y transcribió la parcela a la cual le adjudica dicha falencia (v. fs. 96).
Halló que al decidir de tal modo, se vulneró el derecho de Llancafield al acceso a la jurisdicción -arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 11 y 15 Const. provincial; 1°, 8.2.h y 25, CADH; 14.5, PIDCP- (v. fs. 96 vta.).
Afirmó que el agravio federal "surgía evidente y correctamente fundado del escrito de impugnación" (fs. cit.). Agregó que dicho carril configura el único remedio a los fines de subsanar las conculcaciones constitucionales acaecidas en autos, esto es, el quebranto a la propiedad privada y la intimidad -arts. 14 y 17, Const. nac.; 10, 17 y 31, Constitución provincial-. Explicó que la denegatoria de nulidad del procedimiento, y el aval de la acusación fiscal nula, pese a la denuncia de inobservancia del art. 277 del CP, confrontan los derechos de defensa y debido proceso de su asistido -arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8, CIDH-, así como el principio del in dubio pro reo (v. fs. 97).
Advirtió que los embates federales se originaron con la primigenia sentencia de Cámara, a la que le adjudicó una absurda valoración del plexo probal, y el desconocimiento de los agravios de la defensa, en franca omisión al derecho a una revisión amplia (v. fs. 97).
Expuso sobre el tránsito necesario por ante esta Suprema Corte como Tribunal superior -conf. "Strada" y "Di Mascio" de la Corte federal- (v. fs. cit. y vta.).
Reiteró las conculcaciones aludidas, adunó la restricción al derecho a la libertad personal -arts. 19 y 75 inc. 22, Const. nac.; 7, CADH; 9, PIDCP-, destacó una cuestión federal suficiente, y pugnó por la admisión del remedio denegado (v. fs. 97 vta./98).
III. Abocado al examen de la admisibilidad, el a quo señaló que no se halla abastecido el recaudo del monto de la pena del art. 494 del Código Procesal Penal, y -agregó- que, no obstante, la vía constituye el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas -conf. "Strada", "Di Mascio" y "Christou" de la Corte federal- (v. fs. 90 y vta.).
A continuación, transcribió parcelas del decisorio cuestionado y afirmó que no advierte una crítica razonada ni fundada a dichas consideraciones. Razonó que la parte se desentiende de los motivos expuestos por el Tribunal de Alzada, y -agregó- que si bien se cuestiona el absurdo en la valoración probatoria, bajo dicho planteo el impugnante efectúa "una reiteración de los argumentos ya expuestos en la apelación efectuada" contra el decisorio correccional, vinculando sus embates con cuestiones de derecho común, prueba y su valoración, lo que -sostuvo- denota que no se encuentra involucrada de manera directa e inmediata una cuestión de índole federal, con cita de lo resuelto en P.126.543-RQ por esta Corte (v. fs. 90 vta./91 vta.)
En función de ello, y atento a la inconstitucionalidad de los límites que fija el art. 494 del Código Procesal Penal, apuntó que la inadmisibilidad halla cimento en la carente formulación de la pretensa cuestión federal, no correspondiendo efectuar -entonces- consideración alguna (v. fs. 91 vta.).
IV. La queja es improcedente (art. 486 bis, CPP).
Más allá de la terminología empleada por el a quo , el juicio negativo debe confirmarse.
Ello, pues el argumento basal por el cual se obturó el acceso a esta Suprema Corte radica en la que las pretensas cuestiones federales no se desarrollaron con la suficiencia y carga técnica necesaria, siendo este tópico parte integrante del análisis que -en esta caso la Cámara- debe efectuar, de conformidad con el art. 486 del CPP (conf. P.125.455, res. del 13-V-2015, P. 125.523, res. del 20-V-2015, P. 125.506, res. del 3-VI-2015, P. 125.630, res. del 17-VI-2015, P. 125.577, res. del 17-VI-2015, e.o. de esta Corte).
Frente a ello, el quejoso, lejos de controvertir dicho obstáculo ciñó sus argumentos a reiterar los embates llevados en la vía denegada, sin evidenciar de qué manera las garantías constitucionales que dice afectadas y la arbitrariedad argüida en aquélla, se vinculan con lo debatido y resuelto en el caso (art. 15 de la ley 48).
Esto último corresponde también al agravio -esgrimido desde otro andarivel- vinculado con la afectación del derecho de acceso a la jurisdicción (arts. 8.2.h. de la CADH y 14.5 del PIDCP), atento a la generalidad del planteo.
En definitiva, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (conf. arts. 486 y 486 bis del CPP).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar -por improcedente- la queja interpuesta por el señor defensor oficial -Pablo Andrés Radivoy- a favor de Gustavo Guillermo LLancafield, con costas (arts. 486 bis y concs. del CPP, según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°2890
Fin de la sentencia