Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128788
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por la señora Defensora Oficial a favor de Cristian Ezequiel Colman (arts. 486 bis -según ley 14.647- y concs. del CPP).
La Plata, 20 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 128.788-RQ, caratulada: "Colman, Cristian Ezequiel s/ Recurso de queja en causa N° 14.319 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, Sala I",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Bahía Blanca, mediante el pronunciamiento del 20 de marzo de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra el fallo de ese órgano jurisdiccional que confirmó la sentencia dictada por el Juzgado en lo Correccional n° 4 departamental que había condenado a Cristian Ezequiel Colman a la pena de cinco meses de prisión de efectivo cumplimiento y costas, con más la declaración de reincidencia, por resultar autor penalmente responsable del delito de hurto simple en grado de tentativa (v. fs. 37/41 vta.).
II. Frente a ello, la señora Defensora Oficial ante la aludida instancia, doctora Julieta Stordeur, articuló recurso de queja (v. fs. 43/47).
Adujo que la decisión que motiva la presente resulta arbitraria por cuanto el a quo realizó un defectuoso análisis de admisibilidad del recurso incoado ya que se excedió ampliamente de las facultades con las que cuenta.
Explicó que de acuerdo a lo establecido por el art. 486 del Código Procesal Penal la Cámara sólo puede controlar "si se trata de uno de los recursos que pueden deducirse ante la Suprema Corte, si hay sentencia definitiva y si el recurso es interpuesto en plazo y forma", por lo que aquélla no puede analizar la procedencia o no de los agravios expuestos en el remedio extraordinario (v. fs. 44 vta.).
Indicó que el órgano intermedio "asimila -erróneamente- análisis de admisibilidad con el estudio de la suficiencia (…) soslayando de plano el hecho de que sólo se encuentra facultado para analizar los recaudos formales de admisibilidad del recurso interpuesto, no así para evaluar la suficiencia técnica del mismo"; en tanto esto último implicaría estudiar la viabilidad o no del planteo de fondo de la cuestión federal alegada.
De seguido, transcribió el tramo del auto denegatorio donde radicaría -a su entender- el exceso denunciado.
Consideró que la resolución que motiva esta queja vulneró lo previsto en los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 11 y 15 de la Constitución provincial; 1, 8.2.h y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en relación con el derecho de acceder a la jurisdicción y obtener una efectiva protección por parte del Poder Judicial (v. fs. 46).
III. La queja formalizada es improcedente.
1. Al momento de resolver, el Tribunal de Alzada, en primer lugar, expresó que -tal como lo reconociera la impugnante al solicitar la inconstitucionalidad del art. 494 del Código Procesal Penal- " no se presentan en autos los supuestos previstos en el art. [citado], en particular en cuanto al monto de pena privativa de libertad fijada " (fs. 38 vta., resaltado en el original).
De seguido, destacó que la petición de inconstitucionalidad de dicha norma adolece de un déficit en la carga argumental. En dicho marco, trajo a colación lo resuelto en las causas P. 109.346, P. 101.238 y P. 118.832 de esta Corte (v. fs. 39 y vta.).
Señaló que en cualquiera de los dos casos (tanto el planteo de inconstitucionalidad como la posibilidad de declaración de admisibilidad del recurso extraordinario dejando de lado los límites recursivos de la norma en cuestión), requieren del planteamiento correcto de cuestiones federales para permitir el tránsito hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sentado ello y, frente al agravio de la parte -arbitrariedad en la valoración de los atenuantes y agravantes en tanto no se corresponde con la pena de cinco meses de prisión de efectivo cumplimiento-, advirtió que la crítica que sostiene la parte resulta ser una mera divergencia con los criterios adoptados por esa Sala, sin que evidencie la arbitrariedad que denuncia. En su apoyo recordó el objeto de la doctrina de la arbitrariedad.
Para más señaló que los agravios de la defensa resultan ser una reiteración de los oportunamente planteados en el recurso de apelación, los que han recibido una respuesta justificada, por lo que la presentación carece de la fundamentación autónoma exigida para la admisibilidad del recurso intentado (v. fs. 40 vta.).
2. De lo reseñado, no se advierte que el tribunal recurrido haya excedido el juicio de admisibilidad que le concierne efectuar.
Pues, como tiene dicho este Tribunal, el análisis de la suficiencia y carga técnica de la cuestión federal es parte integrante del juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (conf. doctr. arts. 483, 486, 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647; P. 125.455, resol. de 13-V-2015; P. 125.506, resol. de 3-VI-2015, P. 126.793, resol. de 15-VI-2016; P. 126.939, resol. de 28-IX-2016; P. 127.655, resol. de 21-XII-2016; P. 127.845, resol. de 29-III-2017; causa P. 128.008, resol. de 19-IV-2017; P. 127.870, resol. de 21-VI-2017).
En definitiva, en contra del reproche efectuado por la defensa, surge evidente que el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor sino simplemente compulsó la alegación de un motivo casatorio que habilite su admisibilidad.
Por lo demás, aquélla no desarrolló ningún argumento eficaz tendiente a remover el obstáculo formal en base al cual se desestimó el remedio impugnativo.
En función de lo expuesto, la tacha de arbitrariedad quedó huérfana de sustento argumental.
IV. El cuestionamiento en torno a la afectación de los derechos de defensa, al recurso y acceso a la jurisdicción (arts. 8.2.h. de la CADH y 14.5 del PIDCP.) resulta infructuoso en tanto la quejosa no logró demostrar la relación directa e inmediata entre los derechos que dice vulnerados y lo debatido y resuelto en el caso (art. 15 de la ley 48).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la señora Defensora Oficial a favor de Cristian Ezequiel Colman (arts. 486 bis -según ley 14.647- y concs. del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia