Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128794
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por la señora Defensora Oficial a favor de Luis Alberto Ibáñez Marillan (arts. 486 bis -según ley 14.647- y concs. del CPP).
La Plata, 20 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 128.794-RQ, caratulada: "Ibáñez Marillan, Luis Alberto s/ Recurso de queja en causa N° 14.565/I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, Sala II",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Bahía Blanca, mediante el pronunciamiento del 23 de marzo de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra el fallo de ese órgano jurisdiccional que confirmó la sentencia dictada por el Juzgado en lo Correccional n° 4 departamental que había condenado a Luis Alberto Ibáñez Marillan a la pena de un año de prisión, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones graves (v. fs. 31/35 vta.).
II. Frente a ello, la señora Defensora Oficial ante la aludida instancia, doctora Julieta Stordeur, articuló recurso de queja (v. fs. 37/40).
Adujo que la decisión que motiva la presente resulta arbitraria por cuanto el a quo realizó un defectuoso análisis de admisibilidad del recurso incoado ya que se excedió ampliamente de las facultades con las que cuenta.
Explicó que de acuerdo a lo establecido por el art. 486 del Código Procesal Penal la Cámara sólo puede controlar "si se trata de uno de los recursos que pueden deducirse ante la Suprema Corte, si hay sentencia definitiva y si el recurso es interpuesto en plazo y forma", por lo que aquélla no puede analizar la procedencia o no de los agravios expuestos en el remedio extraordinario (v. fs. 38).
Indicó que el órgano intermedio "asimila -erróneamente- análisis de admisibilidad con el estudio de la suficiencia (...) soslayando de plano el hecho de que sólo se encuentra facultado para analizar los recaudos formales de admisibilidad del recurso interpuesto, no así para evaluar la suficiencia técnica del mismo"; en tanto esto último implicaría estudiar la viabilidad o no del planteo de fondo de la cuestión federal alegada.
De seguido, transcribió el tramo del auto denegatorio donde radicaría -a su entender- el exceso denunciado.
Exteriorizó que la resolución que motiva esta queja vulneró lo previsto en los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 11 y 15 del Constitución provincial; 1, 8.2.h y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en relación con el derecho de acceder a la jurisdicción y obtener una efectiva protección por parte del Poder Judicial (v. fs. 39).
III. La queja formalizada es improcedente.
1. Al momento de expedirse sobre la admisibilidad del remedio extraordinario incoado, el Tribunal de Alzada, en primer lugar, expresó que -tal como lo reconociera la impugnante al solicitar la inconstitucionalidad de algunos de los requisitos previstos en el art. 494 del Código Procesal Penal- "no se presentan en autos los supuestos previstos en el art. [citado], en particular en cuanto al monto de pena privativa de libertad fijada".
De seguido, destacó que la petición de inconstitucionalidad de dicha norma adolece de un déficit en la carga argumental. En dicho marco, trajo a colación lo resuelto en las causas P. 109.346, P. 101.238 y P. 118.832 de esta Corte (v. fs. 32 vta./33).
Señaló que en cualquiera de los dos casos (tanto el planteo de inconstitucionalidad como la posibilidad de declaración de admisibilidad del recurso extraordinario dejando de lado los límites recursivos de la norma en cuestión) "requieren del planteamiento correcto de cuestiones federales para permitir el tránsito hacia la C.S.J.N." (fs. 33 vta.).
Sentado ello, puntualizó que la recurrente no fundó debidamente la supuesta violación de las garantías contempladas en la Constitución nacional "vinculando sus agravios a cuestiones de índole procesal".
En dicho marco, observó que las críticas de la parte "se vinculan a cuestiones de hecho, prueba y de la valoración que de los mismos realizó la instancia revisora de e[s]a Cámara Penal, lo que denota que en el caso no se encuentra involucrada de manera directa e inmediata, una cuestión de índole federal (Fallos: 325:2192; 310:1542; conf. doct. Ac. 100.508, 5/III/2008; Ac. 105.252, 29/XII/2008; Ac. 101.268, 18/II/2009; e.o.)" -fs. cit.-.
Finalmente, recordó la doctrina de la arbitrariedad y -con cita de precedentes de esta Corte- lo dicho en punto a que "no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del principio favor rei, si no es posible poner en evidencia que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto impide alcanzar ese grado de convencimiento de modo de habilitar a cuestionar esa certeza subjetiva".
En consecuencia, concluyó que "en lo que hace a la justificación de los agravios constitucionales que menciona, en particular la violación de presunción de inocencia y absurdo en la valoración de la prueba, (…) la recurrente no ha explicado y demostrado en qué forma se consolidan esas transgresiones" (fs. 34 y vta.).
2. De lo reseñado, no se advierte que el tribunal recurrido haya excedido el juicio de admisibilidad que le concierne efectuar.
Pues, como tiene dicho este Tribunal, el análisis de la suficiencia y carga técnica de la cuestión federal es parte integrante del juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (conf.. doctr. arts. 483, 486, 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647; P. 125.455, resol. de 13-V-2015; P. 125.506, resol. de 3-VI-2015, P. 126.793, resol. de 15-VI-2016; P. 126.939, resol. de 28-IX-2016; P.127.655, resol. de 21-XII-2016; P. 127.845, resol. de 29-III-2017; P. 128.008, resol. de 19-IV-2017; P.127.870, resol. de 21-VI-2017).
En definitiva, en contra del reproche efectuado por la defensa, surge evidente que el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor sino simplemente compulsó la alegación de un motivo casatorio que habilite su admisibilidad.
Por lo demás, aquélla no desarrolló ningún argumento eficaz tendiente a remover el obstáculo formal en base al cual se desestimó el remedio impugnativo.
En función de lo expuesto, la tacha de arbitrariedad quedó huérfana de sustento argumental.
IV. El cuestionamiento en torno a la afectación de los derechos de defensa, al recurso y acceso a la jurisdicción (arts. 8.2.h. de la CADH y 14.5 del PIDCP) resulta infructuoso en tanto la quejosa no logró demostrar la relación directa e inmediata entre los derechos que dice vulnerados y lo debatido y resuelto en el caso (art. 15 de la ley 48).
Por ello la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la señora Defensora Oficial a favor de Luis Alberto Ibáñez Marillan (arts. 486 bis -según ley 14.647- y concs. del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia