Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129550
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar, por improcedente, la queja presentada por la defensa particular de Agustín Mieres (art. 486 bis del CPP).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Ricardo Morello por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 30 dec- ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
La Plata, 27 de diciembre de 2017.-
La presente causa P.129.550-RQ, caratulada "Mieres, Agustín s/ Recurso de queja en causa N° 14.991 De La Cámara De Apelación Y Garantías De San Isidro, Sala I",
I.a. Conforme surge de las copias aportadas, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, confirmó -con fecha 10 de agosto de 2017- el auto del Juzgado en lo Correccional n° 3 de dicho departamento judicial que no hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba solicitada a favor de Agustín Mieres, conforme lo normado en el art. 76 bis, cuarto y último párrafo del Cód. Penal (v. fs. 8/11).
b. Para así decidir el Tribunal de Alzada sostuvo que "el decisorio en crisis no se trata de una sentencia definitiva, en los términos del art. 482 del Código Procesal Penal, en tanto no termina la causa ni hace imposible su continuación" (fs. 38).
Asimismo, que el recurso no cumplió con las "exigencias que estipula el art. 494 del Código Procesal Penal en relación a la pertinencia del recurso de inaplicabilidad de ley". Advirtiendo que el mismo dispone que el recurso podrá disponerse exclusivamente "contra las sentencias definitivas que revoquen una absolución o impongan una pena de reclusión mayor a diez (10) años".
Por último, advirtió que el Tribunal de Casación Penal "es el órgano intermedio previo al paso por la Suprema Corte.", trayendo a colación lo dicho por esta Corte en las causas P. 109.270, res. de 18-VIII-2010; P. 118395, res. de 11-X-2012; P. 119.509, res. de 24-IX-2014; P. 125.364, res. de 11-III-2015.
II.a. Contra lo así resuelto, el defensor particular del imputado, doctor Ricardo Morello interpuso queja ante esta Corte (v. fs. 41/47).
b. En primer lugar reseñó los antecedentes de la causa y, en lo que aquí interesa, hizo saber que el 10 de agosto de 2017 la Cámara declaró inadmisibles los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de inconstitucionalidad interpuestos.
c. Deduce tres agravios contra la resolución de la Cámara: primero especificó que se trata de una sentencia definitiva, segundo señaló que se encuentran las exigencias estipuladas conforme el art. 494 del ritual y tercero detalló que el recurso no debió interponerse ante el Tribunal de Casación Penal.
III. La queja es improcedente (art. 486 y 486 bis, CPP). Bastando dos de los fundamentos esbozados por el a quo para mantener la decisión recurrida.
a. Tal como se expuso el a quo en el juicio de admisibilidad negativo, no se cumplió con la exigencia del art. 482 del Código Procesal Penal ya que, al no terminar la causa ni impedir su continuación, no puede considerarse sentencia definitiva y tampoco representa un supuesto de equiparación a ella pues, por sus efectos, no provoca un agravio insusceptible o muy dificultosa reparación ulterior que requiera tutela judicial inmediata (conf. P.104.366, res. de 4-XI-2009; P.109.251, res. de 3-III-2010; P.111.313, res. de 19-XII-2012; P.120.757, res. de 4-XI-2015; P.124.101, res. de 4-XI-2015; P.124.556, res. de 9-III-2016; P.124.876, res. de 9-III-2016, e/o).
Dicho déficit formal, como lo advirtió el Tribunal de Alzada, no se supera con la alegación de agravios de pretenso cariz constitucional pues es un presupuesto lógicamente anterior a la consideración de tales problemáticas.
A ello cabe sumar que este Tribunal ha sostenido que desde la sanción de las leyes 11.922 (y sus modif.) 11.982 (y sus modif.) y la modificación del art. 1° de la ley 5.827 (t.o. ley 12.310) el Tribunal de Casación Penal es el «último» órgano jurisdiccional con competencia penal, previo al acceso a las vías extraordinarias locales (art. 479, CPP) en el que las partes pueden -eventualmente- encontrar reparación de los perjuicios irrogados en las instancias anteriores (conf. doctr. P. 109.270, res. de 18-VIII-2010).
Cabe agregar que la reforma establecida por la ley 13.812 (BO 21-IV-2008) no ha modificado su carácter de tribunal intermedio, no obstante haber restringido su competencia en determinados supuestos (v. gr: respecto de la impugnación y acción de revisión de la sentencia definitiva dictada en materia correccional, ahora asignada a las Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal departamentales -art. 21.4, CPP-, entre otros). Por ello, salvo los casos en los que el legislador ha establecido un diagrama recursivo específico prescindiendo del tránsito por ante el órgano casatorio -y entonces esa vía ya no puede ser tenida como «última instancia» en los términos del art. 161, inc. 1° a) de la Const. Prov. cit.-, en los demás no es posible soslayar, por regla, su paso obligado por el Tribunal de Casación Penal a fin de habilitar la posterior intervención de esta Corte.
b. Entonces tales argumentos que resultan concordantes al criterio de esta Corte ya referenciados, son suficientes para mantener la inadmisibilidad declarada.
IV. En el caso, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar, por improcedente, la queja presentada por la defensa particular de Agustín Mieres (art. 486 bis del CPP).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Ricardo Morello por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 30 dec- ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia