Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128582
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar -por improcedente- la queja interpuesta por el señor defensor oficial -Pablo Andrés Radivoy- a favor de Luis Alejandro Rosales, con costas (arts. 486 bis y concs. del CPP, según ley 14.647).
"ROSALES, LUIS ALEJANDRO S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 14.482 DE LA CAMARA DE APELACION Y GARANTÍAS EN LO PENAL DE BAHÍA BLANCA, SALA II".
La Plata, 27 de diciembre de 2017.
La presente causa P. 128.582-RQ, caratulada: "Rosales, Luis Alejandro s/ Recurso de queja en causa N° 14.482 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, Sala II",
I. La Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, mediante auto dictado el 3 de febrero de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial contra el decisorio de dicho órgano que, denegando el recurso de apelación, confirmó el fallo del Juzgado en lo Correccional n° 2 departamental en cuanto condenó a Luis Alejandro Rosales a la pena de dos años de prisión, con costas, por la autoría penalmente responsable de los delitos de desobediencia (cuatro hechos), lesiones leves (un hecho) y amenazas (tres hechos), todos en concurso real (v. fs. 32/38).
Para así decidir, señaló que no se hallaba abastecido el recaudo del monto de la pena del art. 494 del Código Procesal Penal, y agregó- que, no obstante, la vía constituye el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas conf. "Strada", "Di Mascio" y "Christou" de la Corte federal- (v. fs. 34 y vta.).
A continuación, transcribió parcelas del decisorio cuestionado, a los cuales en razón de la brevedad- se remitió (v. fs. 34 vta./37). De seguido, afirmó que no se advertía "una crítica razonada ni fundada" a dichas consideraciones, en tanto la parte "se desentiende del análisis efectuado respecto de las valoraciones realizadas en el fallo de primera instancia", y agregó- que bajo la alegación de la vulneración del derecho de defensa y al debido proceso, "el absurdo en la apreciación de la prueba y la adjudicación al fallo cuestionado de arbitrariedad", en verdad intenta conmover dichas valoraciones, a partir de una diversa opinión, repitiendo -a su entender- argumentos sostenidos en la instancia anterior. Coligió en que no se encuentra involucrada de manera directa e inmediata una cuestión de índole federal, con cita de lo resuelto en P.126.543-RQ por esta Corte (v. fs. 37). En ese razonar, señaló el carácter excepcional que reviste el planteo de arbitrariedad, con cita en lo fallado por la Corte federal en "Gobet" (v. fs. 37 y vta.).
Finalmente, afirmó que el planteo sobre determinación de la pena resulta una cuestión de derecho común, y -en consecuencia- descartó que se halle involucrada "de manera directa e inmediata una cuestión federal". Ello con cita de lo resuelto en P.126.565-RQ por este Tribunal (v. fs. 37 vta.).
Por todo lo expuesto, concluyó en la plena operatividad del valladar de la norma procesal (v. fs. 37 y vta.).
II. Contra lo así decidido, el defensor oficial a cargo de la UFD n° 5 departamental -Pablo Andrés Radivoy- interpuso recurso de queja en los términos del art. 486 bis , Código Procesal Penal (v. fs. 39/43 vta.).
Denunció que el órgano se excedió en las facultades conferidas por el art. 486 del Código Procesal Penal, y tachó de arbitrario al decisorio adverso (v. fs. 41).
De seguido, efectuó consideraciones sobre el modo en que debe efectuarse el primer examen de admisibilidad y afirmó que "[d]e ninguna manera" puede la Cámara analizar la procedencia de los agravios (v. fs. cit. y vta.). Advirtió que el órgano asimiló erróneamente el análisis de la admisibilidad con el de la procedencia. Ancló lo expuesto en la parcela que le adjudica el desentendimiento del análisis efectuado por dicho órgano en su primigenia intervención, y transcribió parcialmente lo así decidido (v. fs. 41 vta.). Agregó que ello, además, resulta contradictorio pues al afirmar que "en su mayoría" la parta reitera sus planteos, se desprende "que también se cuestiona el resolutorio recurrido" (v. fs. 41 vta.).
Entendió que se vulneró el derecho de quien asiste al acceso a la jurisdicción arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 11 y 15 Const. provincial; 1°, 8.2.h y 25, Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 14.5, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos- (v. fs. 42).
A renglón seguido, afirmó que el agravio federal era evidente y se hallaba correctamente fundado, remitiéndose -a tales fines- al escrito impugnativo (v. fs. cit.).
En segundo término, alegó que el carril del 494 del Código de rito configura el único remedio a los fines de subsanar la conculcación constitucional acaecida en autos. Explicó que la primera sentencia de Cámara incurrió en absurdo en la valoración de los hechos arts. 210 y 373, CPP-, por errónea aplicación el art. 149 bis del código fondal, en quebranto al derecho constitucional a la libertad, el principio de inocencia, el in dubio pro reo , y el debido proceso legal -arts. 18, 19 y 75 inc. 22, Const. nac.; 7 y 8, CADH; 9 y 14, PIDCP; 10, Const. provincial- (v. fs. cit. in fine y vta.).
Aclaró que los embates de naturaleza constitucional se originaron con la sentencia de Cámara, en tanto omitió efectuar una revisión amplia de la sentencia de condena, en clara infracción al derecho de defensa y el debido proceso (v. fs. 42 vta.).
Expuso sobre el tránsito necesario por ante esta Suprema Corte como Tribunal superior -conf. "Strada" y "Di Mascio" de la Corte federal-, en pos de garantizar el tratamiento de las vulneraciones aludidas, con especial hincapié en el derecho al recurso (v. fs. cit./43 vta.).
Concluyó en la suficiencia de la cuestión federal y pugnó por la admisión del remedio denegado (v. fs. 43 vta.).
III. La queja es improcedente (art. 486 bis , CPP).
Más allá de la terminología empleada por el a quo , el juicio negativo debe confirmarse.
Ello, pues el argumento basal por el cual se obturó el acceso a esta Suprema Corte radica en que las pretensas cuestiones federales no se desarrollaron con la suficiencia y carga técnica necesaria, siendo este tópico parte integrante del análisis que -en este caso la Cámara- debe efectuar, de conformidad con el art. 486 del Código Procesal Penal (conf. P.125.455, res. del 13-V-2015, P. 125.523, res. del 20-V-2015, P. 125.506, res. del 3-VI-2015, P. 125.630, res. del 17-VI-2015, P. 125.577, res. del 17-VI-2015, e.o. de esta Corte).
Frente a ello, el quejoso, lejos de controvertir dicho obstáculo ciñó sus argumentos a reiterar los embates llevados en la vía denegada -y afirmar la aptitud que revisten- sin evidenciar de qué manera las garantías constitucionales que dice afectadas y la arbitrariedad argüida en aquélla, se vinculan con lo debatido y resuelto en el caso (art. 15 de la ley 48).
Esto último corresponde también al agravio esgrimido desde otro andarivel- vinculado con la afectación del derecho de acceso a la jurisdicción (arts. 8.2.h. de la CADH y 14.5 del PIDCP), atento a la generalidad del planteo.
En definitiva, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (conf. arts. 486 y 486 bis del CPP).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar -por improcedente- la queja interpuesta por el señor defensor oficial -Pablo Andrés Radivoy- a favor de Luis Alejandro Rosales, con costas (arts. 486 bis y concs. del CPP, según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°3049
Fin de la sentencia