Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129151
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja interpuesta y, en consecuencia, declarar mal denegado el recurso extraordinario intentado a favor de Gabriel Omar Cayetano Vargas (art. 486 bis , 494 CPP, t.o. ley 14.647).
2Desestimar -por inadmisible- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado a favor del nombrado (arts. 486 y 494 del CPP).
3Regular los honorarios profesionales del doctor Santiago J. Panziraghi en la suma de … pesos y la del doctor Ángel Marcelo Scarpatti en la suma de … pesos, por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, dec. ley 8904/77 y Acuerdos de esta Corte 3867 de 4-X-2017, y 3871 de 25-X-2017), a la que se adicionará el 10% de la ley 10.268.
La Plata, 21 de marzo de 2018.
La presente causa P. 129.151-RQ, caratulada: "Vargas, Gabriel Omar Cayetano s/ Recurso de queja en causa n° 14.405 de la Cámara de Apelación y Garantías de Pergamino",
I. Conforme se desprende de las piezas aportadas por la parte, la Cámara de Apelación y Garantías de Pergamino, mediante el pronunciamiento dictado el 30 de mayo de 2017, desestimó -por inadmisible- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de Gabriel Omar Cayetano Vargas, contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad articulado y confirmó la sentencia del Juzgado en Correccional n° 1 de Junín que condenó al nombrado a la pena de un año de prisión de cumplimiento en suspenso, con la imposición de reglas de conducta y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de estafa (v. fs. 85/87).
II. Frente a ello, los señores Defensores Particulares -doctores Santiago J. Panziraghi y Ángel Marcelo Scarpatti- articularon recurso de queja (v. fs. 90/96 vta.).
En primer lugar, consideraron erróneo el razonamiento del Tribunal de Alzada al señalar que no se encontraba en crisis el principio de doble conforme por no haber sido invocado por la defensa, evidenciándose que tampoco era real que la parte hubiera denunciado arbitrariedad y afectación a las garantías de juicio previo, debido proceso, lesividad y proporcionalidad mínima como lo afirmara la Cámara (v. fs. 93 vta.). Así, aclararon que el único objeto de la impugnación versaba sobre la confirmación del a quo del rechazo del pedido de nulidad formulado por el imputado, denunciándose únicamente la afectación de la garantía que prohíbe la doble persecución penal (v. fs. cit.).
De seguido, expusieron que la circunstancia que se hayan denunciado violentadas normas adjetivas del procedimiento no puede hacer perder de vista que la garantía que se entendió conculcada es de origen constitucional y supranacional. Sostuvieron que lejos de pretender conmover la determinación de los hechos y su prueba, lo que fuera materia de impugnación fue la exégesis que la Cámara hizo del alcance que posee la garantía, interpretando el a quo que la falta de investigación por haberse direccionado la primer pesquisa instructoria sobre otros débitos, impide que la sentencia absolutoria recaída en el proceso que diera origen la denuncia que lo consignaba, pueda ser invocada por el imputado como causa obstativa del nuevo proceso (v. fs. 94 vta.).
Indicaron que del propio objeto y motivo del recurso se desprendía la relación directa e inmediata entre la hermenéutica que se propone en el recurso en punto a la garantía que se considera conculcada y los efectos que se derivan de su admisión (v. fs. 95).
Por último, criticaron el fundamento relativo a la insuficiencia de la carga técnica de la presentación, entendiendo que se habían vertido de forma clara y suficiente argumentos exegéticos en apoyo de la operatividad amplia de la garantía, los que debieron recibir pronunciamiento por parte del superior Tribunal provincial (v. fs. cit.). Concluyó que el poder punitivo del Estado no puede reeditarse ante un hecho que estaba indicado en la denuncia de una causa en la cual el imputado fuera absuelto, compadeciéndose lo expuesto con el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresado en los precedentes "Polak" y "Kang" (v. fs. 95 vta.).
III. La queja es procedente (art. 486 bis del CPP).
1. Es dable indicar aquí que la Cámara de Apelación y Garantías de Pergamino -al desplegar el juicio de admisibilidad que le encomienda el art. 486 del digesto adjetivo- juzgó que la sanción impuesta a Vargas no superaba el valladar previsto en el art. 494 del Código Procesal Penal (v. fs. 85 vta.).
No obstante, compulsó la existencia de algún supuesto de excepción que, en los términos de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Strada", "Christou" y "Di Mascio", ameritara el tránsito recursivo ante esta instancia como recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal del art. 14 de la ley 48 (v. fs. cit./86).
Así, entendió que tal circunstancia no se verificaba en autos ya que, por un lado, la sentencia de segunda instancia era confirmatoria de la dictada por el órgano de juicio, no encontrándose por en ende en crisis el principio de doble conforme y, por el otro, advertía que las críticas desarrolladas por los recurrentes se vinculaban a temáticas de claro corte procesal, las que conforme a su naturaleza resultaban impropias para habilitar la competencia de la Corte (v. fs. cit.).
De seguido, afirmó que la cuestión de pretensa naturaleza federal no había sido planteada con la exigencia requerida para sortear el valladar establecido legalmente, conforme lo establece la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Strada", "Di Mascio" y "Christou", no fundamentando los presentantes cual era la directa relación entre lo decidido y los derechos y garantías reconocidos en la Constitución que consideraban conculcados, limitándose a alegar un motivo casatorio que habilite su interposición (v. fs. 86 vta.).
2. De la transcripción efectuada en el apartado precedente emana con claridad que le asiste razón a la parte en punto al carácter genérico del análisis efectuado por el a quo .
En efecto, el Tribunal de Alzada al no encontrarse abastecido los recaudos contenidos en el art. 494 del Código Procesal Penal se abocó al análisis de la existencia de un planteo de índole federal, rechazando la presencia de un supuesto de excepción aludiendo a la afectación de diversas garantías constitucionales como así también a la tacha de arbitrariedad del fallo sin que tales cuestionamientos hayan sido articulados por la parte.
Y si bien en su pronunciamiento señala que las críticas se vinculan con temáticas de corte procesal, como así también la ausencia de la introducción del reclamo con la suficiencia y carga técnica necesaria, no identifica el motivo de agravio concreto interpuesto por el recurrente, en franco incumplimiento del deber de fundamentación que le compete al decidir sobre el tópico a tenor del art. 486 del Código Procesal Penal, cuya observancia le impone indicar con precisión cuáles son las falencias del recurso.
IV. Sentado lo expuesto, incumbe a esta Corte efectuar el análisis de la admisibilidad de la vía incoada -conf. art. 486 bis del CPP-.
1. De la lectura de la sentencia de la Cámara se advierte que, en primer término, ingresó al análisis del tratamiento del pedido de nulidad absoluta sustentado en la afectación del principio ne bis in ídem. En ese carril, explicó que para tener por configurada la múltiple persecución penal se debe acreditar la identidad de persona, objeto y causa, presupuestos que no se verificaban en la presente causa (v. fs. 64 vta./65).
Para fundar lo expuesto, señaló que en la causa referenciada por la defensa -causa n° 262/11- se investigaron hechos y conductas que, si bien denotaban una misma modalidad, no eran los mismos a los investigados en los presentes actuados. Ello, en razón a que ahora se escudriñaba lo relacionado con el débito e irregularidades de la cuenta judicial n° 7088587 que en modo alguno había sido objeto de juzgamiento en la causa referida precedentemente, con lo cual no existía identidad de objeto, requisito imprescindible para que se produzca una transgresión al citado principio (v. fs. 65).
Asimismo, destacó que según surgía de las constancias de los presentes actuados, si bien la irregularidad en la cuenta judicial n° 708858/7 perteneciente a la causa n° 41133 "Bravo, Cristina s/ insania", integraba el sumario administrativo iniciado por el banco y se había consignado en la denuncia que diera origen a la IPP 9127/09, nunca había sido objeto de investigación en la misma al igual que otras tantas, en razón de que aún no había reclamos por parte de los juzgados pertinentes (v. fs. cit.).
2. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la defensa aclaró que la sustancia de la cuestión constitucional denunciada había sido introducida como excepción previa en los términos del art. 328 inc. 2 del Código Procesal Penal y que, habiendo sido receptada por el Juzgado de Garantías, la Cámara departamental de Junín la revocó, desestimándose -posteriormente- el recurso de casación articulado, como así también la queja (v. fs. 77 vta.).
De seguido, efectuó una reseña de los antecedentes de la causa y criticó la interpretación realizada por el a quo del alcance que posee la garantía de toda persona a no ser encausada dos veces por el mismo hecho. Afirmó que la recta aplicación del principio ne bis in ídem no se conmueve por la circunstancia de que el fiscal de la causa n° 261/11, por actos procesales cumplidos por el denunciante, direccione la investigación a otros hechos por los cuales elevó la causa a juicio y, a la postre, desistiera de la acusación (v. fs. cit./81). Agregó que los errores funcionales cometidos por los órganos titulares de la acción penal en el marco de un proceso fenecido con absolución, no pueden recaer sobre la espalda del imputado en desmedro de la preclusión operada a su favor merced a la mentada decisión (v. fs. 82).
Señaló que tal proceder otorga al Estado una nueva chance para ejercer su pretensión punitiva con relación a hechos respecto de los cuales el imputado superó el riesgo de persecución penal. Citó los fallos "Polak", "Kang" y "Acosta" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. cit./83) y, por todo lo expuesto, concluyó que la sentencia absolutoria dictada en la causa n° 262/11 debe proyectar sus efectos de cosa juzgada a todo el sustrato fáctico que integraba o estaba contenido en el factum de la IPP, entre ellos el hecho de la cuenta judicial n° 708858/7 pues, contenido como hipótesis delictiva en la denuncia, era indudable que Vargas fue puesto en situación de riesgo o amenaza de persecución penal por ese hecho, independientemente de que por causas no atribuibles a él, haya sido absuelto posteriormente (v. fs. 83 vta.).
3. De lo reseñado se advierte que, si bien la defensa se agravió de la violación de la garantía del ne bis in ídem , su pretensión no se articuló con la suficiencia y carga técnica necesaria.
Ello en tanto el apelante no se hizo cargo de lo resuelto, sustentándose su crítica en una mera opinión discrepante con el criterio esgrimido por el a quo , sin tener en consideración los argumentos expuestos por aquél que llevaron a la declaración de que, por no acreditarse la existencia de identidad de objeto, en el caso no se encontraba involucrada la mencionada garantía. De este modo, omitió refutar de modo concreto y razonado el argumento que dio sustento al pronunciamiento en crisis.
Cabe agregar que -como lo sostiene el propio impugnante- la cuestión ahora en estudio fue ventilada a lo largo del presente proceso. En efecto, si bien el Juzgado de Garantías dictó el sobreseimiento de Vargas, la Cámara departamental revocó dicho pronunciamiento declarando expresamente que su sometimiento a juicio en modo alguno importaba el doble juzgamiento prohibido, confirmando tal decisión la Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal. Radicado el expediente ante el Juzgado Correccional, la defensa reeditó el reclamo en la oportunidad prevista por el art. 338 del Código Procesal Penal, mereciendo su desestimación por resultar el planteo una renovación de los ya resueltos por los órganos jurisdiccionales revisores (v. fs. 13). Sin perjuicio de lo expuesto, el juez sentenciante abordó nuevamente el reclamo y, previo considerar precluida la cuestión, entendió que -con la audiencia de debate ya celebrada y hallándose claramente delimitada la pretensión estatal punitiva y la prueba en la que la misma se funda- se encontraba corroborada la inexistencia de lesión alguna a la garantía constitucional, haciendo propios los fundamentos esgrimidos por la Cámara al resolver la cuestión (v. fs. 679).
Frente a lo decidido por el Tribunal de Alzada -que confirmó dicha decisión- la defensa insiste en su desarrollo con fundamentos genéricos y dogmáticos vinculados con el alcance a asignar a la garantía en trato, desentendiéndose de los fundamentos que sustentaran el fallo ahora cuestionado.
V. En cuanto a la regulación de honorarios, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podría vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Hacer lugar a la queja interpuesta y, en consecuencia, declarar mal denegado el recurso extraordinario intentado a favor de Gabriel Omar Cayetano Vargas (art. 486 bis , 494 CPP, t.o. ley 14.647).
2. Desestimar -por inadmisible- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado a favor del nombrado (arts. 486 y 494 del CPP).
3. Regular los honorarios profesionales del doctor Santiago J. Panziraghi en la suma de … pesos y la del doctor Ángel Marcelo Scarpatti en la suma de … pesos, por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, dec. ley 8904/77 y Acuerdos de esta Corte 3867 de 4-X-2017, y 3871 de 25-X-2017), a la que se adicionará el 10% de la ley 10.268.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°316
Fin de la sentencia