Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128692
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la queja interpuesta a favor de Fabricio Silvano Moro, con costas (art. 486 bis, CPP).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por la labor profesional desarrollada ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
"MORO, FABRICIO SILVANO S/ RECURSO DE QUEJA, EN CAUSA N° 14.348/II DE LA CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DE BAHÍA BLANCA, SALA II".
La Plata, 6 de diciembre de 2017.-
La presente causa p. 128.692-RQ, caratulada: "Moro, Fabricio Silvano s/ Recurso de queja, en causa n° 14.348/II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, Sala II",
I. La Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, mediante el pronunciamiento dictado el 14 de febrero de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa técnica de Fabricio Silvano Moro, contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de apelación intentado frente a la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 3 departamental, que lo había condenado al pago de una multa de seis mil seiscientos veinticinco pesos e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por seis meses y quince días, con costas, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de violación de los deberes de funcionario público (v. fs. 45/49).
II. Frente a ello, el señor Defensor Particular -doctor Juan José Martínez- articuló recurso de queja (v. fs. 50/56 vta.).
Liminarmente, señaló el cumplimiento de los requisitos de tiempo y forma de la impugnación (v. fs. 50 y vta.).
Luego, recordó la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Strada" y "Di Mascio" -con respecto a las excepciones a las limitaciones del art. 494 del digesto adjetivo- y recalcó la necesidad de tránsito ante el Superior Tribunal de la causa, a fin del acceso de los reclamos a la Corte federal, por vía del art. 14 de la ley 48 (v. fs. cit./51).
En ese discurrir, esgrimió que en el caso se "pone al descubierto una transgresión a las garantías constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso" (fs. 51 y vta.).
Adunó que esta Suprema Corte se pronunció en consonancia con lo indicado, con cita de las causas Ac. 89.648, Ac. 96.064, Ac. 81.703 y P. 110.561 (v. fs. cit./52). Asimismo, trajo a colación lo resuelto por el cimero Tribunal en "Casal", "Salto", "Carrera", "Zambrana Daza" y "Fernández Prieto" (fs. 52/53 vta.).
En lo sucesivo, transcribió parcelas del recurso extraordinario destinadas a cuestionar la actividad valorativa desplegada por el sentenciante y, nuevamente, citó diversos precedentes del Máximo Tribunal nacional (v. fs. 53 vta./55 vta.).
Así, arguyó que la resolución atacada reconoce una fundamentación sólo aparente, apoyada en conclusiones dogmáticas, que incumplen lo normado por el art. 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (fs. 55 vta./56).
Finalmente, insistió en la arbitrariedad del juzgador, "violentando la norma de los arts. 1, 3, 106, 203, 209, 210, 211, 373 del ritual y 249 del C. Penal" (v. fs. 56).
III. La queja no es de recibo.
Si bien el órgano revisor no halló abastecidos los recaudos del art. 494 del Código Procesal Penal, destacó que el remedio intentado resulta el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieren encontrarse involucradas, a tenor de la doctrina sentada por la Corte federal en Fallos: 308:490; 311:2478 y 310:324 (v. fs. 46 vta./47).
En ese marco, juzgó que del confronte entre lo fallado y la pieza recursiva intentada no se advertía una crítica razonada ni fundada, en tanto la parte se desentendía de lo resuelto y, en rigor, bajo las denuncias de violación a la defensa en juico y al debido proceso lo que intentaba no conmover la valoración probatoria efectuada a partir de una diferente opinión (v. fs. 48 y vta.).
Puntualmente, coligió que las críticas esbozadas se vinculaban a "cuestiones de hecho, prueba y su apreciación, lo que implica que en el caso, no se encuentra involucrada de manera directa e inmediata una cuestión de índole federal" (fs. cit.).
Finalmente, rememoró el carácter excepcional de la doctrina de la CSJN sobre la arbitrariedad, y trajo a colación lo resuelto en la causa "Gobet" (v. fs. cit.).
IV. Frente a ese temperamento el autor de la queja -lejos de rebatir la respuesta brindada en la sede intermedia- reproduce, casi literalmente, las consideraciones que fueron llevadas en el recurso desestimado. De este modo, no controvierte de modo eficaz los argumentos de la resolución en crisis.
Cabe señalar que este Tribunal ha sostenido, reiteradamente, que no es de recibo la presentación directa que no cuenta con específica fundamentación según el objeto y finalidad del medio revisor (conf. art. 484, CPP), si sus desarrollos constituyen una mera reedición de los llevados en el recurso extraordinario (conf. causa P. 125.483, resol. de 13/V/2015).
V. Por último, la denuncia de falta de motivación del auto adverso tampoco prospera, en tanto de su compulsa surge que el órgano intermedio cumplimentó el deber de fundamentación específico que le impone el art. 486 del digesto adjetivo.
VI. Sólo resta indicar que, en el caso, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar la queja interpuesta a favor de Fabricio Silvano Moro, con costas (art. 486 bis, CPP).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por la labor profesional desarrollada ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
LUIS ESTEBAN GENOUD
Lucia Jofre
Subsecretaria
Fin de la sentencia