Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129149
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la queja traída por el señor defensor particular a favor de Ángel Román Osado, con costas (arts. 484, 486, 486 bis y concs. del CPP).
2Declarar la inoficiosidad de la labor profesional desarrollada ante esta instancia a los fines regulatorios por el doctor Juan Ignacio Vitalini (art. 30 dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
La Plata, 27 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 129.149-RQ, caratulada: "Osado, Ángel Román s/ Recurso de queja en causa n° 1438 de la Cámara de Apelación y Garantías de Bahía Blanca, Sala II",
I. La Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, mediante el pronunciamiento dictado el 23 de mayo de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de Ángel Ramón Osado, contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad deducido frente a la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 3 departamental que lo había condenado a la pena de tres años y seis meses de prisión, e inhabilitación especial para conducir vehículos automotores por el término de diez años, como autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo y lesiones culposas agravadas (v. fs. 1/5 vta.).
II. Frente a ello, el señor defensor particular del nombrado -doctor Juan Ignacio Vitalini- dedujo recurso de queja (v. fs. 49/52).
Sostuvo que los límites que el legislador impuso al art. 494 del Código Procesal Penal son inconstitucionales e imponen restricciones al disfrute de garantíasínsitas en los tratados internacionales (v. fs. 49 vta.). Alegó que dicha norma afecta la garantía de igualdad ante la ley en materia de recursos en tanto le confiere la posibilidad de recurrir al Ministerio Público Fiscal en mayor cantidad de casos que al imputado (v. fs. 50). Agregó que las garantías emanadas de los tratados sobre derechos humanos deben entenderse en función de la protección de los derechos esenciales del ser humano y no para beneficio de los estados contratantes (v. fs. 51).
Por otra parte, recordó que se planteaba la arbitrariedad en el recurso extraordinario y señaló que si bien aceptaba que la revisión pretendida era excepcional, criticaba que se anule la vía para la revisión de hechos y prueba en razón a que la doctrina alegada se configura cuando lo resuelto escapa a las leyes de la lógica o resulta imposible o inconcebible, implicando un desvío notorio de la aplicación del raciocinio o una grosera degeneración interpretativa (v. fs. 51 y vta.). Indicó que en el recurso -además- había planteado el absurdo formal por vulnerar los jueces de la Cámara las reglas de la lógica, como así también el absurdo material al errar en la valoración de la prueba que surgía del expediente (v. fs. 51 vta.).
III. La queja no prospera.
1. La Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, indicó que a tenor del monto de pena impuesto al encausado, el caso no encuadraba en los presupuestos establecidos por el art. 494 del Código Procesal Penal (v. fs. 3). De seguido, explicó que el recurso en trato constituía el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas, a fin de permitirle al impugnante transitar por el Superior Tribunal de la causa como recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal, conforme lo establecido por la Corte nacional en los precedentes "Strada", "Di Mascio" y "Christou", ingresando -en consecuencia- al análisis concreto de la presencia de la citada cuestión (v. fs. cit.).
En este sentido, reseñó lo dicho al resolver el recurso de apelación y afirmó que no advertía una crítica concreta a las consideraciones expuestas, toda vez que el presentante se desentendía del análisis realizado, intentando conmover la valoración de la prueba efectuada por la Sala a partir de una diferente opinión, reiterando cuestionamientos o alegaciones ya planteadas en la apelación, lo que denotaba que -en el caso- no se encontraba involucrada de manera directa e inmediata una cuestión de índole federal (v. fs. cit./5).
Por último, sostuvo que mantenían plena vigencia los límites objetivos de recurribilidad establecidos en el art. 494 del Código Procesal Penal, descartándose la concurrencia de algún supuesto de excepción que conduzca a desplazar dicho precepto legal. En consecuencia, concluyó que la petición de inconstitucionalidad de la citada norma carecía de virtualidad en la medida que, lo decidido, no se fundaba de modo dirimente en las limitaciones allí establecidas sino en que no se hallaban exteriorizados de modo idóneo los recaudos que permitiesen sortear con éxito el acceso de los reclamos de índole federal al conocimiento de esta Corte (v. fs. cit.).
2. Del cotejo de la documental acompañada por la parte es fácil advertir que los cuestionamientos formulados por la defensa (v. fs. 49 vta./52) resultan ser -más allá de alguna modificación insustancial- una copia textual del recurso extraordinario de inaplicabilidad denegado por el órgano revisor (v. fs. 7 vta./9 vta.); lo cual se traduce en una técnica inidónea para la introducción de sus planteos.
En suma, el contenido de la presentación no cumple con la carga estipulada en el art. 484 del Código Procesal Penal en tanto no abastece los recaudos mínimos que hacen al objeto y finalidad del recurso previsto en el art. 486 bis del Código Procesal Penal.
IV. Lo decidido precedentemente importa la declaración de inoficiosidad de la labor profesional del letrado interviniente.
En el caso, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017).
Lo expuesto es atingente más allá que en la concreta situación de autos se arribe a tal temperamento aplicando el régimen anterior o la nueva regulación (vid. art. 30 de ambas legislaciones).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar la queja traída por el señor defensor particular a favor de Ángel Román Osado, con costas (arts. 484, 486, 486 bis y concs. del CPP).
2. Declarar la inoficiosidad de la labor profesional desarrollada ante esta instancia a los fines regulatorios por el doctor Juan Ignacio Vitalini (art. 30 dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia