Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128432
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja articulada por el defensor oficial a favor de Agustín Cejas (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del CPP).
La Plata, 22 de noviembre de 2017.-
La presente causa P. 128.432-RQ, caratulada: “Cejas, Agustín s/ recurso de queja en causa n° 15-1095-RE de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes, sala II”,
I. La Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes, mediante auto dictado el 7 de diciembre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa oficial de Agustín Cejas contra el decisorio del mentado órgano por el cual confirmó el fallo del Juzgado de Paz Letrado de Florencio Varela que lo condenó al pago de una multa de mil pesos ($ 1.000), más tasa de integración administrativa equivalente a cuatro pesos con treinta y cinco centavos, y cinco días de clausura, por considerarlo responsable de la infracción al art. 6, ley 13.178 (fs. 29/32).
Para así resolver, luego de hallar abastecidas las exigencias de los arts. 481 y 483 del CPP, entendió que no sucedía lo mismo en punto al remedio de inaplicabilidad de ley articulado, en virtud de la sanción impuesta a Agustín Cejas –con cita de lo resuelto en P. 118.961 por esta Suprema Corte- (fs. 29 y vta.)
A continuación, analizó si mediaba algún planteo federal que permitiera sortear el mentado valladar, conforme lo fallado en “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” por la Corte nacional (fs. 29 vta./30). En esa tarea, identificó que “la defensa plantea la cuestión federal fundado en que, en el caso, se lesionaron mandas constitucionales, que se afectó la garantía constitucional del debido proceso legal y la defensa en juicio”, reuniendo la naturaleza del planteo excepcional mencionado en los términos del art 14, ley 48 –v. fs. 30-. A continuación, se remitieron “en honor a la brevedad” a lo plasmado en el carril impugnativo –fs. 30 in fine /vta.-.
“Así las cosas y fijado el planteo federal”, se refirió a la oportunidad de su incoación, y el carácter restrictivo de la doctrina de la arbitrariedad de las sentencias, con mención de diversos precedentes de este Tribunal sobre dichas cuestiones –fs. 30 vta./31-. Destacó que el objeto de la misma no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado –doct. CSJN en Fallo 310:234-.
Expuso que, en el caso, se intenta cuestionar la interpretación y aplicación al caso de normas de derecho procesal, que -como es sabido- resultan privativas de los tribunales locales y ajenas, por regla, a la competencia de esta Suprema Corte. Ello, con cita de decisorios de este Cuerpo -fs. 30 y vta.-.
Razonó que los fundamentos planteados por la defensa constituyen una crítica de lo resuelto por la Alzada, “por lo que no se evidencia que las respuestas brindadas por este Tribunal, en el caso, afecten la sentencia en su condición de acto jurisdiccional válido” -fs. 31 vta.-. Coligió en la falta de demostración de la relación directa e inmediata de una cuestión federal que resulte apta para sortear los requisitos objetivos –fs. 31 vta.-.
II. Frente a ello, el titular de la Defensoría Oficial N° 20 del Departamento Judicial Quilmes –doctor Daniel González Stier- interpuso recurso de queja en los términos del art. 486 bis , CPP (fs. 36/39).
Luego de postular cumplida la exigencia de definitividad del fallo en crisis, afirmó que la tarea del órgano debe ceñirse a verificar la legitimación, tempestividad, y el cumplimiento de las formalidades, por lo que “cualquier otro examen que se efectúe del mismo excede las atribuciones que el legislador le ha otorgado”. Ello, con cita de lo normado por el art. 486 del CPP (fs. 37 y vta.).
Cuestionó al auto por incurrir en afirmaciones dogmáticas, y contrapuso que el carril extraordinario debió concederse por hallarse comprendido en el artículo 494 in fine y “por cuanto para su rechazo por las razones invocadas sólo está habilitada la suprema Corte Provincial” (fs. 37 vta.).
Esgrimió que del art. 494 del CPP dimana que la Cámara no efectuó una interpretación adecuada a lo allí normado (fs. cit.). Explicó que la vía portaba el quebranto a garantías constitucionales básicas –debido proceso legal y derecho de defensa en juicio- por privarse a quien asiste del derecho a “una sentencia justa y fundada” –arts. 168 y 171 de la Constitución provincial- (fs. 37 vta.).
Recordó, asimismo, la denuncia al principio de humanidad de las penas privativas de la libertad, situación que –expuso- se originó a partir de la arbitrariedad del fallo con respecto a la sanción pecuniaria y la clausura dispuesta (fs. cit./38). Agregó incumplida la exigencia de fundamentación -arts. 168 de la Constitución provincial y 106 del Código de rito, entre diversa normativa internacional-, y “excedido el valor del injusto y la medida de la culpabilidad en el monto de la pena impuesta” –arts. 40 y 41 del CP- (fs. cits.). Coligió en que no puede sostenerse que sus planteos son sólo una crítica de lo resuelto por la Alzada (fs. 38).
Para finalizar, mencionó que fue demostrado el absurdo valorativo y la afectación de los derechos constitucionales en la tarea individualizadora de la sanción, extremo soslayado por los órganos de previa intervención. Concluyó en que la faena desplegada por la Cámara recogió acríticamente el decisorio de la instancia, y –posteriormente- cercenó la vía recursiva en el afán de mantener incólume su decisión (fs. 38 y vta.).
III. La queja es improcedente (art. 486 bis , CPP).
De la reseña efectuada en el apartado I. surge que el motivo basal por el cual el órgano obturó el acceso a esta Suprema Corte radica en la insuficiencia del planteo federal.
Frente a ello, lejos de remover dicho obstáculo formal, el quejoso dirigió sus esfuerzos a reiterar los planteos que porta el carril extraordinario, lo que configura una técnica inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo (arts. 486 y 486 bis , CPP).
Tampoco tiene cabida la mera mención al exceso y al carácter dogmático del decisorio, en tanto la parte –más allá de su genérica alegación- no especifica de qué manera el decisor incurrió en dichas falencias.
Por ello, esta Suprema Corte,
Desestimar, con costas, la queja articulada por el defensor oficial a favor de Agustín Cejas (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia