Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128197
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja impetrada por la señora Defensora Oficial de Zárate Campana a favor de Rubén Darío Ruíz Díaz (arts. 484, 486, 486 bis y ccds. del C.P.P.).
P. 128.197-RQ - “Ruíz Díaz, Rubén Darío s/ Recurso de queja, en causa n° 19.758 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Zárate Campana”.
///Plata, 21 de junio de 2017.-
La presente causa P. 128.197-RQ, caratulada: “Ruíz Díaz, Rubén Darío s/ Recurso de queja, en causa n° 19.758 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Zárate Campana”,
I. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Zárate Campara, mediante el pronunciamiento dictado el 14 de octubre de 2016, desestimó -por inadmisible- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de Rubén Darío Ruíz Díaz, contra la decisión de esa Alzada que confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 1 departamental que -en el marco de un proceso abreviado- lo condenó a la pena de seis meses y quince días de prisión de ejecución efectiva, con costas, por hallarlo coautor penalmente responsable del delito de atentado a la autoridad agravado por haberse cometido por la reunión de tres personas (fs. 13/15).
II. Frente a ello, se alzó la señora Defensora Oficial -doctora Karina Paola Dib-, merced al recurso de queja que articuló a fs. 17/23.
Liminarmente, bajo el acápite que denominó “II. ADMISIBILIDAD”, refirió al cumplimiento de los recaudos de tiempo y forma (fs. 17, la mayúscula y el destacado en el original).
De seguido, expuso que no es cierto lo afirmado por la Cámara en cuanto señaló que esa defensa insistió con las alegaciones contenidas en el recurso de apelación, toda vez que “a partir de fs. 35 vta. [esa parte] lleva a cabo una crítica razonada de [la] sentencia confirmatoria” (fs. cit. vta.).
Por otra parte, adujo que la conclusión de la alzada acerca de que el planteo vinculado a la valoración de las circunstancias de la comisión del delito no fue introducido en la etapa procesal oportuna, devino incorrecto. Así, indicó que tal agravio “aparece en la sentencia de primera instancia y el recurso de apelación fue la primer oportunidad (…) para introducir[lo]” (fs. cit.).
Colocó de resalto la inaplicabilidad de las limitaciones contenidas en el art. 494 del C.P.P., en virtud de los precedentes “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la C.S.J.N.; y citó lo resuelto por ésta Suprema Corte en P. 120.294 (fs. 18/19).
Ingresando en la fundabilidad, esgrimió que el decisorio en crisis incurrió en absurda valoración probatoria, vulnerando la sana crítica racional. En esa tesitura, enarboló las disposiciones de los arts. 106, 210 y 373 del digesto adjetivo, tildó de arbitrario el fallo “en franca violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia”, y entendió violentadas garantías y principios constitucionales (fs. 19 y vta.).
Efectuó una reseña de la sentencia de mérito y de la respuesta otorgada por la Cámara (fs. cit./21), y postuló que al haberse mutado la calificación legal pactada, debió modificarse el monto punitivo. En ese derrotero, coligió que la parcela referente a la determinación del quantum impuesto “es ilógica, incoherente e irrazonable” (fs. 21).
Arguyó que el apartamiento del mínimo legal se sustentó en las circunstancias de comisión del delito, mas sin especificarse cuales; afectándose -de tal forma- el principio acusatorio puesto que la Fiscalía no requirió dicha situación como agravante (fs. cit. y vta.).
Desde otro andarivel cuestionó las resoluciones de grado y de alzada en tanto “omitieron de manera arbitraria la valoración de circunstancias atenuantes”. Dentro del embate, detalló las condiciones personales y familiares de su asistido y el buen comportamiento procesal del mismo durante la totalidad del proceso (fs. cit./22 vta.).
Como colofón, solicito la revocación de la sanción y la remisión a origen a los fines que, mediante un juez hábil, se individualice nuevamente la pena y se imponga el mínimo legal (fs. 22 vta./23).
III. La queja no es de recibo.
a. En efecto, de la reseña que antecede es fácil advertir que los cuestionamientos formulados por la señora Defensora Oficial a partir de fs. 17 vta., último párrafo, y -precisamente- en el acápite que rotuló “III. FUNDAMENTOS” -v. fs. 19 in fine, destacado en el original- resultan ser una copia textual del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley intentado (v. fs. 8 vta./12 vta.) y que fue denegado por el órgano revisor; lo cual se traduce en una técnica inidónea para la introducción de sus planteos.
Es que el contenido de la queja no cumple con la carga estipulada en el art. 484 del C.P.P., en tanto no procura controvertir la inadmisibilidad decretada sino la sentencia de cámara que confirmó la condena de primera instancia.
b. Ahora bien, en virtud de los cuestionamientos defensistas referentes a la conclusión del órgano de alzada sobre la reedición de los ataques esgrimidos en el recurso de apelación como a la introducción inoportuna del tópico relativo a las circunstancias de comisión del delito -v. fs. 17 vta., punto “5”-, cabe señalar que la parte omitió escoltar copia del aludido remedio impugnatorio, pieza procesal que, de conformidad con las disposiciones contenidas en el art. 486 bis del digesto adjetivo -según ley 14.647-, deviene necesaria para el análisis de la presente (cfe. doct. P. 125.385, res. del 15/IV/2015; P. 125.499, res. del 13/V/2015; P.125.601, res. del 27/V/2015; P.125.576 y P. 125.591, ambas res. del 3/VI/2015; P. 125.603, res. del 17/VI/2015, entre otras).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar la queja impetrada por la señora Defensora Oficial de Zárate Campana a favor de Rubén Darío Ruíz Díaz (arts. 484, 486, 486 bis y ccds. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Hilda Kogan
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia