Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128602
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja traída por el señor Defensor General del Departamento Judicial Dolores a favor de Damián Daniel Sosa, con costas (art. 486 bis, CPP).
"SOSA, DAMIÁN DANIEL S/ RECURSO DE QUEJA, EN CAUSA N° 19.312 DE LA CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DE DOLORES".
La Plata, 6 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 128.602-RQ, caratulada: "Sosa, Damián Daniel s/ Recurso de queja, en causa n° 19.312 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores",
I. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores, mediante el pronunciamiento dictado el 9 de febrero de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de Damián Daniel Sosa, contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de apelación intentado frente a la sentencia del Juzgado de Garantías n° 4 departamental que -en lo que aquí interesa destacar- lo había condenado a la pena de seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de robo (v. fs. 45/46 vta.).
II. Frente a ello, se alzó el señor defensor oficial -doctor Daniel Ignacio María Arias Duval- merced al recurso de queja que articuló a fs. 48/54 vta.
Liminarmente, recordó los antecedentes del caso y los agravios esgrimidos en la vía extraordinaria denegada (v. fs. 48/51).
Luego, sostuvo que el órgano revisor debió limitar su examen a verificar si se había planteado una cuestión federal sólo a los fines de la admisibilidad, sin extenderse sobre la aptitud de la misma. En dicha línea, estimó que el a quo realizó un "autoanálisis" de su propia actuación, con basamento en "frases genéricas y dogmáticas" aplicables a cualquier supuesto (v. fs. 51/52 vta., el destacado en el original).
Agregó a su crítica que la interpretación del art. 486 del digesto de forma adoptada por el Tribunal de Alzada "resulta violatoria del derecho del imputado al juez natural, al debido proceso e imparcialidad del juzgador", toda vez que ella misma revisó el fallo invadiendo competencia propia de esta Corte (v. fs. 53 y vta.).
Expuso que la denuncia de afectación de la garantía de revisión amplia (art. 8. 2. h de la CADH y 14.5 del PIDCP) de conformidad con la doctrina fijada en los precedentes "Casal", "González Arroyo", "Martínez Caballero" de la Corte nacional y "Herrera Ulloa" de la CIDH, no puede ser resuelta por la Cámara "por ser justamente dicho órgano, el que dictó la resolución que se impugna" (fs. cit., el destacado en el original).
Por último, estimó que las meras discrepancias reprochadas constituyen "nuevamente una afirmación dogmática" y arbitraria. Así, adunó que el órgano debió dar respuesta a cada uno de los cuestionamientos y resolver motivadamente su falta de configuración (v. fs. 54).
III. La queja formulada no prospera, toda vez que el remedio extraordinario fue bien denegado por el Tribunal intermedio.
a. En autos, el Tribunal de Alzada halló insatisfechos los recaudos previstos en el art. 494 del Código Procesal Penal, en tanto Sosa fue condenado a la pena de seis meses de prisión (v. fs. 45 vta.).
Luego, a tenor de los agravios desarrollados por la defensa, sostuvo que si bien el recurso de inaplicabilidad de ley constituye el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones de índole federal que pudiesen encontrarse involucradas -de conformidad con los precedentes "Strada" y "Di Mascio" de la Corte federal- lo cierto es que la mera invocación de la violación a las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio -arts. 18 CN; 8.2.h CADH y 14.5 PIDCP- sin especificar cuál es el agravio concreto, no resulta suficiente para habilitar la vía recursiva intentada (v. fs. 46).
En ese derrotero, recordó el objeto de la doctrina de la arbitrariedad sentado por la CSJN, y que el recurrente no logró demostrar "la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales cuyo desbaratamiento denunció, la arbitrariedad invocada y lo resuelto" (fs. cit. y vta.).
b. De lo reseñado, se desprende que las alegaciones de la defensa no son de recibo.
Cabe aquí recordar que el análisis de la suficiencia y carga técnica de la cuestión federal es parte integrante del juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (doctr. arts. 483, 486, 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647; P.125.455, res. del 13-V-2015, P. 125.523, res. del 20-V-2015, P. 125.506, res. del 3-VI-2015, P.125.630, res. del 17-VI-2015, P. 125.577, res. del 17-VI-2015, e.o.).
Es que, en contra del reproche efectuado, surge evidente que el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor sino que, simplemente, compulsó la alegación de un motivo casatorio que habilite su admisibilidad.
De tal modo, el autor de la queja no desarrolló ningún argumento eficaz tendiente a remover el aludido óbice formal sobre el cual se edificó la decisión denegatoria del carril impugnativo escogido.
c. Finalmente, la denuncia de violación a las garantías de juez natural, debido proceso e imparcialidad tampoco logra revertir el sentido de lo resulto, pues -como bien concluyó el a quo- no se demostró la relación directa e inmediata entre los derechos que la parte dice vulnerados y lo debatido y resuelto en el caso (art. 15 de la ley 48).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja traída por el señor Defensor General del Departamento Judicial Dolores a favor de Damián Daniel Sosa, con costas (art. 486 bis, CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
LUIS ESTEBAN GENOUD
Lucia Jofre
Subsecretaria
Fin de la sentencia