Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128199
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por la Defensora Oficial departamental -doctora Rosana Daniela Casse- contra el auto denegatorio del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
P. 128.199-RQ - “Rojas, Darío Jorge s/ Recurso de queja en causa N° 19.704 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Zárate-Campana”.
///Plata, 5 de julio de 2017.-
La presente causa P. 128.199-RQ, caratulada: “Rojas, Darío Jorge s/ Recurso de queja en causa N° 19.704 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Zárate-Campana”,
1. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Zárate-Campana, mediante auto del 14 de octubre de 2016, desestimó por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial contra su propio pronunciamiento que no hizo lugar al recurso de apelación y confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional N° 2 departamental que condenó -en el marco del procedimiento abreviado- a Darío Jorge Rojas a la pena de un año y seis meses de prisión, por endilgarle la autoría de los delitos de amenazas agravadas en dos oportunidades, en concurso real entre sí (fs. 42/43 vta.).
2. Contra ello, la Defensora Oficial departamental -doctora Rosana Daniela Casse- articuló recurso de queja en los términos del art. 486 bis del C.P.P. (fs. 45/48 vta.).
Confrontó la carencia de “una crítica concreta a las respuesta dadas por la Alzada” y la vinculación de sus planteos con la valoración del plexo probatorio que le endilgó el auto, pues -a su entender- lo llevado “va mucho más allá de la simple insistencia y la mera discrepancia con la evaluación de la prueba” (fs. 45 vta. in fine).
A continuación, transcribió parcelas del primer fallo de Cámara, y afirmó que las alegaciones contenidas en el recurso de apelación “no solo han sido desoídas por la Alzada, sino además han formado parte de una confusa reflexión” (fs. 46 y vta.).
En último término, riñó con la respuesta del auto respecto al monto punitivo. Confrontó la falta de introducción en el momento procesal oportuno, y afirmó que los magistrados “abocados a resolver la exclusión de pena, también bien podrían haber evaluado [la ingesta de alcohol] como elemento atenuante a la hora de mensurar la [misma]” (el destacado en el original, fs. 46 vta.). Agregó, que el juez -manteniendo un criterio de imparcialidad- puede resolver cuestiones de derecho no planteadas por las partes, siempre y cuando no perjudiquen al imputado (fs. 46 vta./47).
Señaló que el resolutorio del Juzgado Correccional nada dijo sobre el estado de embriaguez, limitándose a imponer el monto sin justificarlo. Manifestó que la sanción debe ser racional a fin de resultar constitucionalmente válida (fs. 47).
Esgrimió que la sentencia incurrió en absurda valoración de la prueba con violación a las reglas de la sana crítica racional -arts. 106, 210 y 373 del C.P.P.-, la tachó de arbitraria por vulneración a los arts. 168 y 171 de la C.N., y halló quebrantadas las garantías del debido proceso, defensa en juicio, los principios republicano de gobierno y de racionalidad -arts. 1°, 5, 18, 28 de la C.N., 8.2.h de la C.A.D.H. y 14.2 del P.I.D.C. y P.-. Adunó la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del C.P. en vulneración al principio de culpabilidad (fs. 47 y vta.).
En virtud de todo lo expuesto, halló configurada una cuestión federal suficiente a los fines de la intervención de esta Suprema Corte, con cita de lo resuelto en P. 120.294 (fs. 47 vta.). Expuso que no resulta aplicable la requisito del quantum punitivo del 494 del C.P.P., y denunció “una grave violación al art. 8.2.h de la C.A.D.H.” por no haberse garantizado “el derecho a exigir la doble conformidad judicial en la sentencia condenatoria por medio de una revisión amplia e integral” (fs. 48).
Para finalizar, requirió que se haga lugar a la queja y se admita la vía extraordinaria denegada (fs. 48).
3. La queja formalizada es improcedente en atención a que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ha sido bien denegado.
4. En efecto, la Cámara, luego de hallar reunidas las exigencias temporales y de legitimación para la incoación de la vía, mencionó que la parte no lograba sortear el valladar objetivo al que se refiere el art. 494 del C.P.P., “limitación [que] encuentra excepción ante la articulación de cuestiones federales”, a tenor de la doctrina de Fallos “Strada” y “Disciani” de la Corte nacional (fs. 43).
En dicho marco, destacó que la insistencia de lo llevado en el recurso de apelación, “sin formular una crítica concreta a las respuestas dadas por este Cuerpo” configura una técnica inidónea a los fines señalados. Agregó, que los planteos “se vinculan, en esencia, con la valoración del plexo probatorio”, asuntos que -en principio- están vedados al control de la Suprema Corte, “salvo casos excepcionales”, y se ocupó -bajo dicho marco de singularidad- de la arbitrariedad invocada por la parte. Descartó la existencia del vicio por hallar que “sus desarrollos no logran mostrar la existencia del mismo”, pues -señaló- que “la impugnante no ha puesto mínimamente en evidencia las deficiencias reprochadas” sobre el modo de razonar del órgano, en tanto “su exposición se traduce en una mera discrepancia con la evaluación de la prueba”, ineficaz para aperturar la instancia pretendida (fs. cit. y vta.). Cimentó lo razonado con cita de precedentes de la Corte federal. Para finalizar, descartó el agravio referido a la mensuración de la pena por entender que “no ha sido introducido en la etapa procesal oportuna” (fs. 43 vta.).
5. De lo expuesto, surge que la queja no logra abastecer la carga que se impone al recurrente en punto a evidenciar el yerro del anterior juzgador.
En efecto, las manifestaciones de la defensa no pasan de ser un mero disenso con el juicio de admisibilidad efectuado por la Cámara, que reproduce el mismo déficit técnico que se le atribuyó en aquella sede. De los propios desarrollos de la parte -v. ap. 2- surge evidente que, amén de plantear su diverso parecer con lo resuelto, utiliza la inadecuada técnica de criticar la sentencia primigenia dictada por el Juzgado en lo Correccional.
Cabe recordar que la decisión denegatoria del a quo constituye el exclusivo objeto impugnable por medio de la presentación directa, la que no puede tener otro propósito que rebatir cada uno de los argumentos sobre los que se asentó el rechazo.
En definitiva, la queja no logra revertir los pilares sobre los que se sustentó la denegación del recurso extraordinario interpuesto, pues frente a la deficiente formulación del planteo constitucional, guardan plena operatividad las limitaciones adjetivas a la recurribilidad a que se refiere el art. 494 del C.P.P..
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la Defensora Oficial departamental -doctora Rosana Daniela Casse- contra el auto denegatorio del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Hilda Kogan
Eduardo Julio Pettigiani
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia