Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 127592 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir parcialmente la queja y declarar mal denegado el recurso extraordinario de nulidad (art. 486 bis, C.P.P.).
2Desestimar, por inadmisible, el recurso extraordinario de nulidad (arts. 491 y ccds. del C.P.P.).
3Rechazar, con costas, el tramo de la queja contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 486, 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
P. 127.592-RQ - “Serra, Alejandro Ariel s/ recurso de queja en causa N° 19.998 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala I”.
///Plata, 12 de julio de 2017.-
La presente causa P. 127.592-RQ, caratulada: “S.A.A. s/ recurso de queja en causa N° 19.998 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala I”,
1. La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, el 14 de junio de 2016, desestimó por inadmisibles los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley presentados por la defensa oficial de S.A.A. contra el pronunciamiento de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional N° 2 que lo condenó a la pena de seis meses de prisión de efectivo cumplimiento, con costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple y ordenó que, una vez firme el fallo, se haga efectiva la detención, teniendo presente la solicitud efectuada por la defensa en cuanto a la modalidad de cumplimiento de la medida de coerción debiendo indicar, a los fines del beneficio de salida laboral, lugar y carga horaria del trabajo (fs. 18/21, 38/42 vta., 22/31).
a. En lo que hace a la vía prevista en el art. 491 del C.P.P., recordó que la recurrente al efectuar el alegato final del juicio, solicitó la aplicación del mínimo de la pena de prisión y la implementación del mecanismo previsto en el art. 50 de la ley 24.660, reemplazando la pena por la realización de tareas comunitarias con sustento en el informe ambiental que demostraba que el imputado armó un grupo familiar y se encuentra trabajando, “EN SU DEFECTO se atenúe el alcance de la medida de coerción con el arresto domiciliario con beneficio de salida laboral” (fs. 18 vta.).
Sentado ello, explicó que el art. 50 de la ley 24.660 remite expresamente al art. 35 de dicho cuerpo de leyes y permite la sustitución total o parcial de la prisión discontinua o semidetención por la realización de trabajos para la comunidad. “Es decir que para que proceda la sustitución el sujeto debe previamente encontrarse en alguno de esos regímenes. No es lo que ocurre en el caso de autos. Ante esta imposibilidad legal y en atención a lo que había solicitado la misma defensa, la señora juez optó por la segunda alternativa que era el arresto domiciliario con el beneficio de salida laboral siendo esta decisión confirmada por [ese] Tribunal. Para que quede claro la señora defensora solicitó un beneficio y en su defecto otro. Como el primero era legalmente inviable se estuvo a la segunda petición. Siendo ello así ent[endió] que los argumentos vertidos por la recurrente no hab[ían] logrado demostrar la falta de tratamiento a una cuestión esencial” (fs. 18 vta./19).
b. En lo que atañe al carril del art. 494 del C.P.P., aseveró que no se cumplieron con las exigencias de la citada norma y que las cuestiones de pretenso cariz federal tampoco resultan aptas para excepcionar tales exigencias pues no trascienden de una mera opinión discrepante con la valoración de la prueba (fs. 19 vta./20 vta.).
2. La defensora Oficial, doctora Karina Costas, dedujo queja (fs. 43/56 vta.).
Denunció la violación de los arts. 479, 484 y 486 del C.P.P.; 10, 11, 15 y 168 de la Constitución provincial; 1, 18, 28, 33 y 75 inc. 22 de la C.N.; 8.2.h. de la C.A.D.H.; 14.5. del P.I.D.C. y P. y el apartamiento de los precedentes “Strada” y “Di Mascio” del Máximo Tribunal, entre otros de esta Corte (fs. 44 vta.).
a. En lo que se refiere a la desestimación del remedio extraordinario de nulidad, alegó que la Cámara en lugar de examinar las causales de admisibilidad resolvió el fondo del planteo utilizando argumentos novedosos (fs. 48). Por tales motivos, requirió se haga lugar a la queja por haberse traspasado los límites del art. 486 cit., dejando a la defensa sin recurso alguno para discutir la arbitraria interpretación del art. 50 de la ley 24.660 (fs. 48/vta.).
b. En lo que atañe al carril extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestionó la falta de tratamiento del pedido de inconstitucionalidad del art. 494, quebrantando lo dispuesto por el art. 168 de la Constitución provincial (fs. 48 vta./49).
A continuación, indicó que en el recurso desestimado se cuestionó la violación de los arts. 1, 106, 210, 371 y 373 del ritual lo que derivó en la errónea aplicación de los arts. 45 y 119 del C.P.; la vulneración del principio in dubio pro reo y el absurdo y arbitrariedad en la valoración de la prueba (arts. 1 del C.P.P.; 10, 11, 15, 17, 24, 34, 168 y 171 de la Constitución provincial y 18 de la C.N. -fs. 48 vta./49 vta.-).
Luego, detalló los elementos de prueba producidos y adujo que la sentencia del órgano revisor que confirmó la de primera instancia incurrió en absurdo al valorar la declaración del imputado, del testigo G. y de la perito Rossi quienes en conjunto -según la defensa- demostraban el “estado particular” en el que se encontraba su asistido al momento del hecho (fs. 49 vta.). Agregó que se relativizaron las contradicciones en las que incurrieron los testigos de cargo (fs. 49 vta./50); se violaron las reglas de la lógica al sostener que el hecho ocurrió en un lugar público y, al mismo tiempo, concluir que no existían testigos (fs. 50); no se hizo ninguna referencia sobre la peculiaridad que reviste el hecho (fs. cit.).
A continuación reeditó textualmente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 50/55) y concluyó que los agravios vinculados con el absurdo y la arbitrariedad en la valoración de la prueba habilitaban la aplicación de los precedentes “Strada” y “Di Mascio” de la Corte nacional y la inaplicación de las limitaciones formales del art. 494 cit. (fs. 55/vta.).
A todo evento, dejó planteada la inconstitucionalidad del art. 494 del C.P.P. (fs. 56).
3. Ahora bien, soslayando las consideraciones que cabría formular en torno a que la parte no adjuntó las copias del acta de debate, piezas útiles para la resolución del presente (art. 486 bis del C.P.P.), la queja procede parcialmente (art. 486 bis del C.P.P.).
a. El tramo vinculado con la denegatoria de recurso extraordinario de nulidad es de recibo.
Tal como lo puso de manifiesto la defensa y conforme se advierte de la reseña efectuada en el punto 1. a., la Cámara se excedió en el examen de admisibilidad en tanto se expidió sobre el fondo del reclamo, invadiendo el juicio de fundabilidad que corresponde a esta Corte como juez del recurso (cfe. arts. 486, 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647; P. 125.376, res. del 14/X/2015; P. 126.097, res. del 11/XI/2015; P. 126.219, res. del 16/XII/2015; P. 126.184, res. del 16/XII/2015; P. 125.549, res. del 29/XII/2015; P. 126.076, res. del 2/III/2016, e.o.).
En consecuencia, el carril impugnativo fue mal denegado, lo que así debe declararse, correspondiendo a este Tribunal examinar su admisibilidad.
b. Sentado lo anterior, corresponde a esta Corte asumir competencia positiva y examinar el cumplimiento de los recaudos formales del recurso extraordinario de nulidad.
Cabe recordar que la vía prevista en el art. 491 C.P.P. sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, conf. P. 122.471, res. del 6/VIII/2014; P. 126.010, res. del 2/XII/2015; P. 125.479, res. del 2/XII/2015, e.o.).
Ninguna de dichas causales se configuró en el presente:
c. De la lectura del carril extraordinario de nulidad surge que la defensa oficial cuestionó que el Juzgado de mérito dejó sin respuesta el pedido efectuado en los alegatos finales del juicio consistente en la sustitución de la pena de prisión por tareas comunitarias (cfe. arts. 35 y 50 de la ley 24.660). Resaltó que frente a ello la Cámara, remitiéndose a un tramo de la sentencia de mérito, estimó que el Juzgado sí había dado tratamiento a dicho tópico (fs. 4 vta./5 vta.).
Según la parte, ni el órgano de mérito ni el revisor expusieron las razones de hecho y derecho por las que se dispuso la detención de su asistido, denegando implícitamente la aplicación de alguna de las alternativas previstas en los arts. 35 y 50 cits.. Por tales motivos, alegó que “ambas resoluciones son nulas, por falta de fundamentación o justificación aparente y por omisión de tratamiento de una cuestión esencial” (fs. 5 vta./6).
Reiteró que la jueza correccional sin analizar la prueba producida (en especial, informe ambiental) y apartándose del principio de proporcionalidad de las penas, descartó el pedido de la defensa (fs. 7 vta.).
Por todo lo expuesto, solicitó se deje sin efecto el pronunciamiento de la Alzada por haber “omitido tratar en debida forma un planteo cuyo análisis tiene directa incidencia con la pena impuesta al imputado”, afectando el derecho de defensa (arts. 18 de la C.N.; 10 y 11 de la Constitución provincial -fs. 9 vta./10-).
d. De lo dicho se colige que si bien la defensa oficial denunció la violación de los art. 168 y 171 de la Constitución provincial y la omisión de tratamiento de una cuestión esencial, en rigor, por un lado, dirigió la mayor parte de sus críticas a cuestionar la sentencia de primera instancia -objeto ajeno al carril extraordinario de nulidad que, en el presente caso, debió dirigirse a controvertir únicamente la sentencia de la Cámara que confirmó la de primera instancia (cfe. art. 484 del C.P.P.)-.
Por otra parte, en cuanto al fallo de la Alzada, cuestionó el modo en que ésta abordó el embate vinculado con la supuesta omisión de tratamiento por parte del Juzgado Correccional del pedido de sustitución de la pena de prisión por tareas comunitarias formulado por la defensa en el alegato final (art. 50 y 35 de la ley 24.660). Más aún, trascribió textualmente la respuesta brindada por el órgano revisor sobre el punto (v. fs. 4 vta. in fine/5) lo que demuestra que, en puridad, no se agravió de la omisión de tratamiento de dicho embate sino de la forma que fue abordado por el Tribunal Intermedio, circunstancia que se advierte con claridad no sólo de la cita textual de la respuesta del órgano revisor sino también de la afirmación de la defensa consistente en que se “omitió tratar en debida forma” (v. fs. 9 vta., párrafo quinto).
En definitiva, la parte intentó controvertir el acierto de la respuesta dada por el Tribunal intermedio al tratar los puntos en embate (v. sentencia de Cámara a fs. 41 vta.), tópico que no encaja dentro de los supuestos previstos en el art. 491 cit. (conf. P. 115.490, res. del 3/VII/2013; P. 117.812, res. del 30/X/2013; P. 117.947, res. del 13/VIII/2014; P. 122.966, res. del 8/IV/2015, e.o.).
Por último, la denuncia de violación del derecho de defensa en juicio (art. 18 de la C.N. -fs. 9 in fine/10-) tampoco es propia de la vía en trato (cfe. arts. 168 y 171 cit.).
4. Distinta suerte corresponde a la parcela del reclamo dirigida a controvertir la desestimación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Ésta debe confirmarse ya que la defensa oficial no logró remover con eficacia el argumento que le dio sustento, consistente en que los planteos desarrollados no trascendieron de una mera opinión discrepante con la valoración de los hechos y la prueba (v. punto 1. b. del presente; art. 486 bis cit.).
En efecto, la quejosa se limitó a reeditar lo expuesto en el carril del art. 494 del C.P.P. (v. punto 2. b.), siendo ésta una técnica infructuosa para remover el juicio de admisibilidad negativo ya que debió explicar los motivos por los cuales tales argumentaciones, vinculadas con la valoración de la prueba, configuraban agravios de cariz federal expuestos con suficiencia y carga técnica necesaria y de qué modo se vinculaban directamente con lo fallado por la Alzada (cfe. arts. 14 y 15 de la ley 48), nada de lo cual ocurrió en el presente.
Finalmente, si bien es cierto que quedó sin respuesta el pedido de inconstitucionalidad del art. 494 cit., tal extremo no ocasionó un perjuicio concreto en tanto dicha norma no ha sido un obstáculo dirimente para la concesión del carril extraordinario. Por el contrario, fue la defectuosa técnica empleada por la defensa en la exposición de los agravios de pretenso cariz constitucional lo que derivó en la inadmisibilidad decretada por la Alzada y confirmada por esta Corte (cfe. “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la Corte nacional).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Admitir parcialmente la queja y declarar mal denegado el recurso extraordinario de nulidad (art. 486 bis, C.P.P.).
2. Desestimar, por inadmisible, el recurso extraordinario de nulidad (arts. 491 y ccds. del C.P.P.).
3. Rechazar, con costas, el tramo de la queja contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 486, 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia