Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 128031
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja intentada por el señor Defensor Oficial a cargo de la Unidad de Defensa Nº 4 de Necochea, doctor Daniel Oscar Surgen, a favor de Omar Alejandro Ucio (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
P. 128.031-RQ - “Ucio Omar Alejandro s/ Recurso de queja en causa N° 2.264-16 y otras de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Necochea”.
///Plata, 12 de julio de 2017.-
La presente causa P. 128.031-RQ, caratulada: “Ucio Omar Alejandro s/ Recurso de queja en causa N° 2.264-16 y otras de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Necochea”,
1. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Necochea, mediante el pronunciamiento dictado el 16 de septiembre de 2016, resolvió denegar por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el Defensor Oficial contra la decisión de dicho órgano que confirmó parcialmente el pronunciamiento dictado por el Juzgado en lo Correccional nº 1 departamental que condenó a Omar Alejandro Ucio como autor penalmente responsable de los delitos de encubrimiento (dos hechos en concurso real, Causas nº 8471 y nº 9713), revocó dicha resolución en cuanto lo condenó por el delito de encubrimiento (causa nº 8903), y lo absolvió libremente por no estar probada la existencia del delito precedente y modificó la pena impuesta de un año de prisión de efectivo cumplimiento y costas, por la de ocho meses de prisión de efectivo cumplimiento y costas (fs. 79/83).
2. Frente a ello, el Defensor Oficial departamental dedujo queja por recurso extraordinario denegado (fs. 85/108).
Luego de referirse a los antecedentes del caso y de transcribir la decisión atacada (fs. 85 vta./96), ingresó en la fundabilidad de su reclamo.
Destacó inicialmente que, aun cuando no se encuentra abastecido el requisito del monto de pena del art. 494 del C.P.P., la vía impugnativa intentada constituye el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales, como paso previo, para el acceso a la C.S.J.N. En su apoyo, trajo a colación los precedentes “Di Mascio” y “Strada” de la Corte nacional (v. fs. 96 vta./97 vta.), y explicó que “aun cuando los agravios planteados remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común...tal circunstancia no resulta óbice para habilitar la intervención de esa Corte con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad de sentencias cuando, como acontece en el caso, lo resuelto no constituye una derivación razonada del derecho vigente con relación a los hechos demostrados en el proceso” (fs. 98 vta.).
En concreto, con relación a la aludida causa nº 8471, el recurrente denunció la violación al principio de legalidad contemplado en el art. 18 de la Constitución nacional, al incluir el sentenciante el dolo eventual en el tipo subjetivo del art. 277 inc. 1º ap. c) del Código Penal, lo cual -en su parecer- importó una interpretación contra legem, toda vez que dicha figura se abastece solamente con dolo directo. En ese discurrir, se refirió a la evolución legislativa de dicho precepto legal en sus incisos 1º y 2º, con indicación de doctrina de autores (v. fs. 99/101 vta.). Concluyó que, en el supuesto que su asistido hubiera sido imputado en torno a la figura del art. 277 inc. 2º del C.P., la estrategia de la defensa técnica y material se hubiera avocado a ofrecer prueba con relación al mismo. A tal fin, trajo a colación lo decidido por la Corte federal en los autos “Ciuffo” fundado en la afectación al principio de congruencia (v. fs. 101 vta./102 vta.).
En segundo término, respecto de la referida causa nº 9713, denunció la inobservancia y/o errónea aplicación de la plain view doctrine y de la regla de la exclusión probatoria, fundado en que los efectivos policiales que practicaron la diligencia de allanamiento, ampliaron indebidamente el objeto de la misma, con la consecuente afectación del derecho de inviolabilidad del domicilio, el debido proceso, la defensa en juicio y el derecho a la intimidad del imputado, habiéndose practicado asimismo un registro de automotor sin orden, por encontrarse el mismo en la vía pública (fs. 102).
En síntesis, resaltó que el precedente D’ acosta de la C.S.J.N. no resulta pertinente para el caso de autos en virtud de sus diferencias, el cual reseñó y analizó (fs. 103 vta./106).
En su criterio, deviene harto elocuente, que los funcionarios policiales, autorizados para el secuestro de elementos provenientes del delito de robo, investigado en la I.P.P. 5395/12 fueron autorizados para allanar la vivienda o morada del imputado en búsqueda de diversos objetos detallados en la orden de registro y que no habiendo encontrado lo que fueron a buscar decidieron revisar la numeración del motor, de los rodados existentes en el patio de la vivienda, como así también, llamar a un perito mecánico (fs. 105 vta.).
3. La queja formalizada es improcedente.
a. En efecto, el a quo señaló que “...en el presente el requisito objetivo vinculado con el pronunciamiento dictado y el monto de pena, al haber sido absuelto el causante en relación a un hecho y modificada la pena en relación a los restantes hechos por la de [ocho meses de prisión de efectivo cumplimiento], con más las costas del proceso no se encuentra cumplido en la especie (art. 494 C.P.P.)” (fs. 81 vta./82).
A continuación, recordó -con cita de precedentes de este Tribunal- que si bien dicho recurso es el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que puedan estar involucradas, a fin de permitir al impugnante transitar por el superior Tribunal de la causa (v. fs. 82), ello “…no se satisface con la mera invocación de una cuestión de tal naturaleza, sino que es menester su correcto planteamiento…”, y estimó que “[e]n autos no se evidencia que estén involucradas cuestiones federales” (fs. 82 vta.).
En esa línea argumental, indicó que “...tampoco puede admitirse el recurso de inaplicabilidad de ley intentado atendiendo a la mera invocación generalizada que hace el impugnante de la violación de las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio...” (fs. cit.).
b. Ahora bien, de la reseña efectuada se advierte que la parte no se hace cargo de los fundamentos sobre los que la Cámara basó la inadmisibilidad del remedio extraordinario deducido. Puntualmente, en cuanto a que la cuestión de índole federal exige su correcto planteamiento, y no la mera invocación de la misma, así como a que -en el caso- no se evidencia que éstas se hallen involucradas.
Tales los argumentos que constituían el óbice que debía remover el impugnante a los fines de acceder a esta instancia en el marco de la excepcional doctrina alegada.
En el escenario descripto, la queja deja incontrovertidos los argumentos que constituyen los pilares la decisión en tanto -sin hacerse cargo de los reproches que se le formulara a la parte en el auto que pretende impugnar- insiste en torno a que los vicios denunciados constituyen cuestiones federales e incurre ella misma en el déficit que pretende endilgar al a quo referido a la excesiva generalidad de sus alegaciones.
Este Tribunal ha advertido que es insuficiente la presentación directa si no cuenta con específica fundamentación según el objeto y finalidad del medio revisor (cfe. art. 484, C.P.P.), en tanto sus desarrollos constituyen una mera reedición de los llevados en el recurso extraordinario (v. fs. 57/78 vta.), sin que la parte haya reparado siquiera mínimamente en las bases que sostienen la respuesta dada por la instancia anterior (cfe. causa P. 125.486, res. 13/V/2015).
Es que la técnica recursiva de la queja, en cuanto encuentra fundamentos en la reedición de planteos y en la insistencia sobre la dogmática afirmación del carácter federal de las denuncias que en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley se introdujeron, no resulta hábil para enervar el juicio negativo de la instancia anterior, que -por esa razón- queda enhiesto en esta sede.
c. En función de todo lo expuesto, la tacha de arbitrariedad quedó huérfana de sustento argumental.
Cabe recordar que la queja tiene como exclusivo objeto la crítica del auto que desestimó el recurso en cuestión y su finalidad consiste en remover los obstáculos que imposibilitaron la admisión del recurso deducido de acuerdo a lo postulado en el art. 484 del C.P.P.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja intentada por el señor Defensor Oficial a cargo de la Unidad de Defensa Nº 4 de Necochea, doctor Daniel Oscar Surgen, a favor de Omar Alejandro Ucio (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia