Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129208
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir parcialmente la queja y declarar mal denegado el recurso extraordinario de nulidad (art. 468 bis del CPP).
2Rechazar, por improcedente, el recurso extraordinario de nulidad (arts. 491 y concs. del CPP, art. 31 bis de la ley 5827).
3Desestimar el tramo de la queja contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 486, 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
La Plata, 14 de marzo de 2018.
La presente causa P. 129.208-RQ, caratulada: "Romero, Darío Ramón s/ Recurso de queja en causa N° 20.208 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Zárate-Campana",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Cámara de Apelación y Garantías de Zárate-Campana, mediante el pronunciamiento dictado el 31 de mayo de 2017, desestimó -por inadmisibles- los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad interpuestos contra la resolución de ese mismo órgano que -a su vez- rechazó el recurso de la especialidad deducido y confirmó la decisión del Juzgado en lo Correccional n° 2 departamental que -en el marco de un procedimiento abreviado- había condenado a Darío Ramón Romero a la pena de un año y diez meses de prisión, costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de lesiones agravadas por el vínculo y amenazas reiteradas en tres oportunidades, en concurso real entre sí, declarándolo reincidente y revocando la libertad asistida concedida anticipadamente, unificando la pena impuesta en la presente con la dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 1, imponiéndole -en definitiva- la pena única de quince años de prisión, accesorias legales y costas (v. fs. 25/28 vta.).
II. Frente a lo así decidido, la señora Defensora Oficial, doctora Karina Paola Dib, articuló recurso de queja (v. fs. 30/39 vta.).
1. En primer lugar, solicitó que se decrete la nulidad de la resolución por haberse inobservado lo prescripto en el art. 168 de la Constitución provincial, en tanto se imponía el acuerdo previo y el voto individual de los magistrados en las cuestiones esenciales a decidir (v. fs. 30 vta.). Entendió que el pronunciamiento fue suscripto sólo por dos magistrados por encontrarse vacante el cargo restante, lo que imponía con mayor necesidad el voto individual a fin de conocer el pensamiento de cada uno de los jueces (v. fs. 31).
2. En punto al recurso de nulidad denegado, recordó los planteos articulados en la citada vía relativa a la omisión por parte del Tribunal de Alzada del tratamiento del agravio vinculado a la unificación de pena decretada, deducido por la parte al recurrir la sentencia como así también por el imputado en la celebración de la audiencia. Asimismo, expuso que el a quo incurrió en análogo déficit respecto al agravio formulado por el imputado en punto a la revocación de la libertad asistida anticipada que le fuera otorgada por el Juzgado de Ejecución (v. fs. 32).
De seguido, afirmó que de la lectura y análisis de la resolución de la Cámara confirmatoria de la sentencia de condena no se advertía que se abocara a tratar los agravios introducidos por el defensor particular al momento de recurrir la sentencia y mejorar el recurso en cuestión, como tampoco los introducidos por el propio imputado en la audiencia celebrada en los términos del art. 40 y 41 del Código Penal (v. fs. 32 vta./33). Explicó que la Cámara no se abocó al tratamiento de las cuestiones por considerar que las mismas llegaban firmes a la instancia de apelación y en virtud de ellos no debían ser abordadas, lo cual -a su criterio- resultaba falso (v. fs. cit. y vta.).
Concluyó que la defensa como el encartado introdujeron de manera oportuna un agravio relacionado con la pena única y sobre la revocación del beneficio de la libertad asistida, limitándose el Tribunal de Alzada a indicar que tales extremos no habían sido cuestionados y, en virtud de ellos, llevaban firmes a esa instancia, afectándose los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial y 8.2.h de la CADH y 15.5 del PIDCP (v. fs. 34 y vta.).
3. Por último, criticó el rechazo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en razón de que los agravios federales se referían a la arbitrariedad de la sentencia al confirmar el dictado de una pena única sin tratar los reclamos, en absoluta ausencia de fundamentación, desconociendo asimismo que dichos extremos no habían sido conocidos ni consentidos por el imputado al momento de celebrar el juicio abreviado y, por ende, incluidos de manera irregular en la sentencia, la que resultaba nula por afectar las garantías de defensa en juicio, debido proceso, principio de inocencia y juez natural (v. fs. 36 y vta.).
Para fundar lo expuesto, reseñó parcialmente el acuerdo de juicio abreviado celebrado y afirmó que el alcance del consentimiento prestado por la defensa y el imputado se dirigió únicamente a la calificación legal, la pena a imponer en este último proceso y su modalidad de ejecución, sin que abarcara ninguna consecuencia para con la pena judicializada en el legajo que tramita en el Juzgado de Ejecución Penal n° 1 departamental (v. fs. 37 vta.). En consecuencia, consideró inválida la sentencia por inobservancia de los arts. 399 del Código Procesal Penal y 18 de la Constitución nacional por lo que, siendo que el propio imputado en la audiencia ante la Cámara expresó su disconformidad, no podía el Tribunal de Alzada no resolverlo (v. fs. 38 y vta.).
Por otra parte, entendió que resultaba palmaria la violación a las garantías de debido proceso, inocencia, defensa en juicio y juez natural por la absoluta falta de competencia del Juzgado Correccional para disponer -de oficio- la revocación de un beneficio ya otorgado y en curso (v. fs. 38 vta./39).
III. Liminarmente, cabe destacar que el planteo por el cual la parte solicita que se decrete la nulidad de la resolución por haberse inobservado lo prescripto en el art. 168 de la Constitución provincial, en tanto se imponía el acuerdo previo y el voto individual de los magistrados no puede prosperar.
Cabe señalar que el art. 486 del Código Procesal Penal establece que, interpuesto el recurso -ref. art. 479 del ritual- el órgano ante el cual se dedujo examinará su admisibilidad y, sin más trámite, dictará resolución admitiendo o denegando el mismo, debiendo fundarse tal decisión.
Conforme a lo expuesto, la defensa no logra demostrar que el fallo impugnado -rubricado por dos integrantes del órgano- se haya dictado en oposición a lo establecido en el Código Procesal Penal, ni el concreto gravamen que le ocasiona a la parte que la decisión haya sido confeccionada de manera impersonal, máxime cuando ni la Constitución provincial ni el digesto adjetivo tienen previsto una formalidad expresa para el dictado de los autos (conf. art. 168 Constitución provincial; 486, 105, 106 y conc. del CPP).
IV. Sentado lo anterior, cabe señalar que la queja prospera parcialmente.
1. El tramo vinculado con la denegatoria del recurso extraordinario de nulidad es procedente.
Como lo puso de manifiesto la defensa oficial, frente a la denuncia de omisión de tratamiento de una cuestión esencial, la vía extraordinaria del art. 491 debió declararse admisible.
Sin embargo, la Cámara se excedió en el examen de admisibilidad y se expidió sobre el fondo del reclamo al sostener que se había dado tratamiento a todas y cada una de las cuestiones que habían sido motivo de agravio por parte de la defensa al momento de interponer el recurso de apelación. De este modo, invadió el juicio de fundabilidad que compete a esta Corte como juez del recurso (conf. arts. 486, 486 bis, 491 y concs. del CPP según ley 14.647; P. 125.376. resol. de 14-X-2015; P. 126.097, resol- del 11-XI-2015; P. 126.219, resol. de 16-XII-2015; P. 126.184, resol. de 16-XII-2015; P. 125.549, resol. de 29-XII-2015; P. 126.076, res. del 2-III-2016, e.o.).
En consecuencia, el carril impugnativo fue mal denegado, lo que así debe declararse, correspondiendo a este Tribunal ingresar, sin más trámite, al fondo del reclamo (art. 31 bis de la ley 5827).
2. El recurso extraordinario de nulidad es improcedente.
En efecto, la denuncia de omisión de tratamiento del agravio relacionado a la pena única dictada como el formulado sobre la revocatoria del beneficio de la libertad asistida no pueden tener acogida favorable pues, tal como a continuación se demostrará, dichos planteos quedaron desplazados por el modo en que resolvió el Tribunal de Alzada.
De la lectura de la sentencia de la Cámara se observa que se consideró que los agravios deducidos por la defensa de Romero se circunscribían sólo a cuestiones vinculadas con la declaración de reincidencia de su asistido, por lo que el resto de las cuestiones, esto es, la condena a la pena de un año y diez meses de prisión y costas por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de lesiones agravadas por el vínculo y amenazas reiteradas en tres oportunidades en concurso real entre sí, la revocación del beneficio de libertad asistida anticipada concedida por el Juzgado de Ejecución Penal y la unificación de la pena impuesta en la presente causa con la dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 1 departamental, llegaban firmes a esa instancia (v. fs. 10).
En suma, de lo expuesto en los párrafos anteriores, se desprende que el temperamento adoptado por la Cámara desplazó los embates que la defensa entendió omitidos. En línea con lo expuesto, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que la omisión a la que se refiere el art. 168 de la Constitucional provincial ocurre cuando el juzgador ha excluido el tema por descuido, pero no cuando, como el presente, la materia se encuentra debidamente desplazada por el razonamiento expuesto en el pronunciamiento (Ac. 90.240, resol. de 4-II-2004; Ac. 100.703, resol. de 5-III-2008; P. 109.775, resol. de 9-XII-2010; P. 123.006, resol. de 22-IV-2015; P. 124.723, resol. de 23-XI-2016, e.o.).
Por último, la denuncia vinculada a la afectación de la garantía constitucional del doble conforme, constituye un tema ajeno al recurso impetrado (art. 171, Const. prov.; Ac. 86.661, 19-III-2003 y Ac. 84.850, 30-IV-2003; e./o.).
3. Por otra parte, en cuanto a la parcela dirigida a controvertir la desestimación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cabe señalar que la parte no adjuntó copias del acta de celebración del acuerdo de juicio abreviado, de la sentencia condenatoria dictada en primera instancia ni de la audiencia celebrada en la Cámara con el imputado a pesar de ser piezas útiles, pues los argumentos centrales del recurso de hecho se refieren a lo pactado por las partes en el acuerdo reglado por los arts. 395 y sigs. del CPP, como así también sobre los cuestionamientos incorporados por el imputado en la celebración de la audiencia ante la Cámara.
Tal situación obsta el análisis de la admisibilidad del recurso articulado cuya denegatoria motivara la queja (conf. doctr. P. 127.904, resol. de 23-XI-2016; P. 128.043, resol. de 14-XII-2016; P. 128.410 y P. 127.965, ambas resol. de 29-III-2017; P. 127.774, resol. de 12-IV-2017; etc.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Admitir parcialmente la queja y declarar mal denegado el recurso extraordinario de nulidad (art. 468 bis del CPP).
2. Rechazar, por improcedente, el recurso extraordinario de nulidad (arts. 491 y concs. del CPP, art. 31 bis de la ley 5827).
3. Desestimar el tramo de la queja contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 486, 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia