Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 128207
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja interpuesta por la defensa particular, declarar la nulidad del pronunciamiento dictado por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martin de fecha 22 de agosto de 2016 y de todas las decisiones consecuentes, y comunicar lo aquí resuelto a dicho organismo para que dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho (arts. 496, CPP y 31 bis de la ley 5827, conf. texto según ley 13.812).
“PUEBLO S.R.L. S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 21.209 DE LA CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DE SAN MARTÍN, SALA II”.
La Plata,27 de septiembre 2017
La presente causa P. 128.207-RQ, caratulada: “Pueblo S.R.L. S/ Recurso de queja en causa N° 21.209 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín, Sala II”,
1. Conforme surge de las piezas aportadas, el 19 de noviembre de 2015, el Juzgado en lo Correccional N° 4 del Departamento Judicial San Martín resolvió no hacer lugar a la nulidad de las actas de fs. 1 y 24, y confirmó de manera parcial la sentencia del Juzgado de Faltas N° 1 de esa localidad dictada en la causa contravencional 920, la cual había condenado a la firma “Pueblo S.R.L.” a una pena de multa equivalente a cuarenta (40) sueldos básicos del personal municipal y como accesoria clausura del local comercial por el término de 10 días, más declaración de reincidencia, ello por violación a la clausura preventiva impuesta e infringir la pena de inhabilitación firme dictadas en causa N° 905 del Juzgado de Faltas N° 3 departamental respecto del local comercial “The One” del rubro restaurante-pub bailable. En consecuencia, redujo la pena e impuso una multa equivalente a doce (12) sueldos básicos del personal municipal, manteniendo la clausura por el término de 10 días y declaración de reincidencia (fs. 34/40 vta.).
Contra ello, el defensor particular –doctor Claudio Daniel Ríos- interpuso lo que denominó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 494 del C.P.P.), y subsidiariamente solicitó que se lo tramite como recurso de apelación (art. 439 y C.P.P.) -fs. 3/7-.
La Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, mediante el pronunciamiento dictado el 22 de agosto de 2016, lo declaró inadmisible (fs. 9/11 y 41/43).
Para así resolver, sostuvo -con remisión al expediente N° 15.668 de ese mismo organismo- que “no puede admitirse una nueva apelación contra lo decidido por los Jueces Correccionales o de Paz Letrados en ejercicio de su facultad revisora ya que ello implicaría una ‘apelación de la apelación’ improcedente a la luz de lo normado en el art. 439 del Cód. Proc. Penal…”.
Interpuesto recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley contra lo así fallado (fs. 12/17 vta.), la citada Cámara con fecha 24 de octubre de 2016 resolvió –por un lado-, encomendar al Juzgado en lo Correccional N° 4 mencionado el tratamiento del primer recurso extraordinario, por el otro, declarar la inadmisibilidad de éste último (fs. 19/21 y 44/45).
El 26 de octubre del mismo año, a consecuencia de lo encomendado por el superior, el Juzgado en lo Correccional lo declaró inadmisible (fs. 23/24 y 47/46 vta.).
2. Frente a ello, el señor defensor particular dedujo queja por recurso extraordinario denegado (art. 486 bis C.P.P.) –fs. 25/28 vta.-.
Tachó el pronunciamiento de arbitrario y violatorio del debido proceso legal, defensa en juicio y doble instancia, además de generar –a su entender- un supuesto de gravedad institucional al violentar garantías vinculadas al procedimiento penal (v. fs. 25 vta.).
3. Aunque al límite de la suficiencia, en tanto el recurrente denunció la violación a garantías constitucionales, la queja es procedente (art. 486 bis del C.P.P.).
En efecto, es doctrina de este Tribunal que a partir del dictado de la ley 13.812 el rol de órgano intermedio de ineludible intervención previa a esta Suprema Corte en materia de faltas y contravenciones, corresponde a las Cámaras de Apelación y Garantías Departamentales (conf. P. 106.977, P. 107.269 y P. 107.267, res. 14/VII/2010; P. 106.161, res. 22/XII/2010; P. 108.505, res. 6/X/2010; P. 113.217, res. 16/II/2011; P. 111.939 y acum. P. 111.940, res. 30/III/2011; P. 110.194, res. 6/IV/2011; P. 116.706, res. 5/XII/2012; entre otras).
De tal modo, siendo que la primera intervención de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín de fecha 22 de agosto de 2016 (v. reseña acápite 1 del presente), no se condice ni con la ley ni con esa doctrina, el pronunciamiento debe considerarse un acto jurisdiccional inválido, y por tanto decretarse su nulidad –y de todo lo actuado en consecuencia-, para que pueda dictarse un nuevo fallo ajustado a derecho, oportunidad en la que el Tribunal deberá abrir su competencia recursiva de apelación en la medida de lo aquí resuelto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Hacer lugar a la queja interpuesta por la defensa particular, declarar la nulidad del pronunciamiento dictado por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martin de fecha 22 de agosto de 2016 y de todas las decisiones consecuentes, y comunicar lo aquí resuelto a dicho organismo para que dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho (arts. 496, CPP y 31 bis de la ley 5827, conf. texto según ley 13.812).
Regístrese, notifíquese, cúmplase y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia