Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 127144
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja y declarar la nulidad de la resolución por la que se denegó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (cfe. arts. 484, 486, 486 bis y 494 del C.P.P.).
2Remitir copia fotostática certificada de las actuaciones a la Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín, para que -con carácter de muy urgente- se dicte una nueva decisión sobre el punto con arreglo a la presente.
P. 127.144-RQ - “Yedro, Rodrigo Nicolás s/ Recurso de queja, en causa n° 22.193 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín, Sala I”.
///Plata, 23 de mayo de 2017.-
La presente causa P. 127.144-RQ, caratulada: “Yedro, Rodrigo Nicolás s/ Recurso de queja, en causa n° 22.193 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín, Sala I”,
I. La Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín, mediante el pronunciamiento dictado el 14 de abril de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de Rodrigo Nicolás Yedro, contra la decisión de ese órgano que confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 1 departamental que lo condenó a la pena de dos meses de prisión, con costas, por hallarlo coautor del delito de hurto en grado de tentativa -dos hechos-, e impuso la pena única de dos años y dos meses de idéntica especie, comprensiva de la referida y de la sanción de dos años de prisión -cuyo cumplimiento se dejó en suspenso- y costas fijada en la causa n° 15.472 del Juzgado de Garantías n° 2 de esa ciudad, por haber sido coautor penalmente responsable del delito de robo simple con la intervención de un menor de edad; condicionalidad que fue revocada (fs. 53/55).
Para así decidir, juzgó que en autos no se verificó la exigencia del art. 494 del C.P.P. respecto del monto punitivo, en tanto Yedro fue condenado a la pena única de dos años y dos meses de prisión.
Agregó que tal limitación no vulnera ninguna garantía constitucional -en el caso, la denominada doble conformidad judicial-, pues la propia Constitución provincial “autoriza al legislador a fijar restricciones en el acceso al Superior Tribunal”. En apoyo, citó opinión doctrinaria y el precedente Ac. 95.573 de ésta Corte.
II. Ante tal escenario, la señora Defensora Oficial de San Martín -doctora Viviana Fernández- articuló recurso de queja (fs. 56/58 vta.).
En puridad, criticó la solución de la alzada -en tanto hizo hincapié únicamente en el límite objetivo del monto de pena requerido por la norma para la viabilidad del carril impetrado-, “sin haber dado respuesta a los motivos expuestos por es[a] parte” (fs. 56 vta.).
Así, indicó que cabe excepcionar los recaudos de la norma ritual en los supuestos en que se hubiere introducido una cuestión de naturaleza federal, como efectivamente sucede en el caso. Ello en tanto el fin de prevención especial y aplicación razonable de la pena (art. 18 C.N.) y la afectación a los principios de culpabilidad, proporcionalidad, razonabilidad y humanidad de la sanción (fs. 57 y vta.).
Trajo a colación la posición de la C.I.D.H. en cuanto al deber de entender al recurso que refiere el art. 8.2.h. de la C.A.D.H. como un medio ordinario, eficaz y accesible que permita el examen integral de la decisión atacada, sin limitaciones formales. En esa línea, aludió al fallo “Casal” de la Corte federal y remarcó el peligro concreto de privación de la libertad de su pupilo que generó la resolución en crisis (fs. 58 y vta.).
III. La queja es de recibo pues la Cámara llevó a cabo un análisis que en modo alguno satisface las disposiciones generales y específicas que son necesarias para decidir fundadamente la admisibilidad del recurso, de acuerdo al objeto y finalidad del medio impugnatorio escogido por el recurrente (arts. 484, 486, 486 bis y ccds., C.P.P.).
En efecto, el a quo se limitó a decir que el sub examine no encuadraba en las previsiones que exige el art. 494 del C.P.P. -por no hallarse reunido el monto de la sanción aplicada-, y que la restricción allí descripta no vulnera garantía constitucional alguna.
Sin perjuicio de ello, no emitió un juicio fundado en relación a los reclamos de pretendida naturaleza constitucional que se encontraban comprometidos en el caso. Es decir, desoyó la inveterada doctrina de esta Corte que establece que aun cuando no estén satisfechos los requisitos de admisibilidad (cfe. art. 494, del C.P.P. cit.), el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley constituye -habitualmente- el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas a fin de permitirle al impugnante transitar por el superior Tribunal de la causa como recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal.
Es que la reforma producida por la ley 14.647 (B.O. 5/XII/2014) al modificar el órgano judicial que debe efectuar el juicio de admisibilidad de las vías recursivas previstas en el art. 479 del C.P.P., no ha dejado de lado la debida motivación de la decisión que las conceda o deniegue. Antes bien, la redacción del nuevo artículo 486 ibidem ha puntualizado que el examen de la admisibilidad del recurso se llevará a cabo “de acuerdo a las disposiciones comunes y específicas contenidas en este capítulo”, que la resolución deberá ser “fundada” y que cuando se admita el recurso -como en el presente- “se expresará que concurren para hacerlo todas las circunstancias necesarias al respecto, que se referirán”.
Lo dicho, por otra parte, se cohonesta con la previsión original del digesto contenida en el art. 484 del ritual que señala que “Los recursos extraordinarios deberán interponerse por escrito y con específica fundamentación, según el objeto y finalidad de cada medio en particular”, en tanto si resulta exigible resguardar dicha forma para la articulación de las distintas vías de impugnación con mayor razón será necesaria la fundamentación circunstanciada acerca de la presencia en el caso de los recaudos propios de cada uno de los remedios elegidos para decidir sobre su admisibilidad (arts. 106, 482, 484, 486, 489, 491, 494 y ccds. del C.P.P.).
En consecuencia, la resolución no abastece los estándares que el legislador local ha puesto en cabeza del Tribunal recurrido por lo que debe dejarse sin efecto, a fin de que vueltos los autos a su conocimiento, se dicte nueva decisión con arreglo a los criterios que surgen de la legislación aplicable al sub lite.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Hacer lugar a la queja y declarar la nulidad de la resolución por la que se denegó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (cfe. arts. 484, 486, 486 bis y 494 del C.P.P.).
2. Remitir copia fotostática certificada de las actuaciones a la Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín, para que -con carácter de muy urgente- se dicte una nueva decisión sobre el punto con arreglo a la presente.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia