Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128814
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar -por improcedente- la queja traída a favor de Gonzalo Damián Martín (art. 486 bis del CPP).
2Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales de la doctora Silvia Graciela Díaz Yagües por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
La Plata, 28 de febrero de 2018.
La presente causa P. 128.814-RQ, caratulada: "Martín, Gonzalo Damián s/ Recurso de queja en causa N° 22.918 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón, Sala II",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Morón, mediante el pronunciamiento del 16 de marzo de 2017, declaró inadmisibles los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, nulidad e inconstitucionalidad incoados contra la decisión de dicho órgano jurisdiccional que confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional N° 1 departamental que había condenado a Gonzalo Damián Martín a la pena de dos años y diez meses de prisión y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de lesiones leves agravadas por haber mantenido una relación de pareja con la víctima y amenazas calificadas por el uso de arma, en concurso real entre sí (v. fs. 37/39).
Para así resolver, en relación al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley resaltó que el presente no se encuentra comprendido en las previsiones del art. 494 del Código Procesal Penal, ya sea por el monto de pena impuesto al imputado como por la índole de los agravios (cuestiones de hecho y procedimentales). Asimismo, expuso que la parte tampoco logró acreditar que medie algún supuesto de excepción que amerite dejar de lado la aplicación de la norma ritual, atento la falta de justificación de las cuestiones federales alegadas, siendo que se ha garantizado en el caso la doble instancia, la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa (v. fs. 37 vta.).
Con cita del precedente P. 122.112, destacó que, si bajo el ropaje federal se desarrollan embates sobre normas de procedimiento como, así también, cuestiones vinculadas con los hechos y la prueba, los mismos quedan al margen de la competencia federal. También aludió a lo resuelto en la causa P. 119.385, en el marco de la cual se dijo que la mera invocación genérica de que ha mediado absurdo en la valoración de la prueba, no basta para excepcionar la valla del art. 494 del Código Procesal Penal, si el impugnante no ha evidenciado ninguna razón que conduzca a desplazar los límites de recurribilidad establecidos en la citada norma.
Por otro lado, en referencia al remedio de nulidad, detalló que la impugnante sustentó también sus quejas sobre cuestiones que hacen principalmente a la valoración de la prueba colectada, intentando descalificar las coincidentes sentencias dictadas, desde su diversa visión de la realidad de los hechos analizados, "supuesto que escapa a la materia propia del recurso en cuestión (arts. 161 inc. 3 de la Constitución Provincial y 491 del C.P.P.)" -v. fs. 38.-.
Finalmente, sindicó, con mención de la causa P. 124.546, que el art. 489 del Código Procesal Penal, procede en el único supuesto que en la instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos locales confrontados con normas de la Constitución provincial, "lo que no ocurre en el presente en que no se ha resuelto caso constitucional alguno, ni se advierte fundamentación en los términos citados" (v. fs. 38 vta., cursiva en el original).
II. Frente a ello, la letrada de confianza del nombrado, doctora Silvia Graciela Díaz Yagues, articuló recurso de queja (v. fs. 41/48 vta.).
1. En primer lugar, se expidió respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denegado (v. fs. 45 y vta.).
Advirtió que el art. 494 permite el acceso ante esta Suprema Corte, aunque lo limite para aquellas sentencias definitivas que fijen una condena superior a la que se impusiera en la presente.
Recordó que tanto la defensa anterior como la actual plantearon desde su primera presentación recursiva la errónea aplicación de la ley en que se funda el fallo condenatorio -art. 210, CPP-.
Adujo que por una cuestión meramente formal su asistido se encuentra impedido de acceder a la revisión de su sentencia.
Para más, señaló que la pérdida injusta de la libertad por errónea aplicación del derecho justifica el tratamiento del recurso oportunamente interpuesto; caso contrario la decisión impugnada sería, además, arbitraria y conculcatoria de los arts. 16, 18 y 33 de la Constitución nacional.
2. A continuación, se ocupó del remedio contemplado en el art. 491 del Código Procesal Penal (v. fs. 46 y vta.).
Manifestó que lo que se intenta demostrar es la sistemática violación por parte de ambas instancias intervinientes en el proceso de las normas de rito, con la consecuente afectación de derechos y garantías.
Adujo que con todos los elementos colectados (testimonios, informes, pericias médicas) no se ha podido determinar ni la mecánica ni la responsabilidad de su defendido, pues todos los elementos valorados indican exclusivamente lo que aconteció con posterioridad al hecho pero no lo sucedido con anterioridad.
3. Finalmente, se abocó al recurso de inconstitucionalidad -art. 489 del CPP- (v. fs. 46 vta./47).
En este apartado, indicó que el a quo no advirtió que ningún planteo recursivo se lleva adelante con anterioridad al hecho que lo justifica; por lo que la inconstitucionalidad se planteó en el momento adecuado.
III. La queja es improcedente (art. 486 bis, CPP).
1. Respecto a la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, el argumento que obturó el acceso a esta instancia radicó en la insuficiencia del planteo federal.
Frente a ello, las postulaciones de la quejosa no logran conmover lo decidido; en tanto no hizo ningún por demostrar, de modo contrario a lo resuelto por la Cámara, que el mismo (v. fs. 26 vta./33) fuese continente de cuestiones federales que -planteadas en forma adecuada- hubiesen tornado imperativo un pronunciamiento sobre el fondo de las mismas, de acuerdo con el criterio sentado por la Corte federal en los precedentes "Strada" y "Di Mascio".
2. Por otro lado, en relación a la desestimación de la contemplada en el art. 491 del Código Procesal Penal, la parte reeditó los planteos llevados en la misma (v. fs. 26 y fs. 46 y vta.), lo que per se configura una técnica inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo.
3. Por último, en lo que hace al remedio extraordinario de inconstitucionalidad, se aprecia que la defensa no se hace cargo de los fundamentos sobre los que la sede casacional basó la inadmisibilidad de la impugnación extraordinaria deducida, esto es, la ausencia de caso constitucional.
Lo argüido ante esta instancia lejos de demostrar que su pretensión encuadra en las previsiones del art. 489 del código de rito, evidencia aún más que sus planteos no se enmarcan dentro del objeto del remedio denegado.
IV. En cuanto a la regulación de honorarios, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podría vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar -por improcedente- la queja traída a favor de Gonzalo Damián Martín (art. 486 bis del CPP).
2. Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales de la doctora Silvia Graciela Díaz Yagües por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia