Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128559
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja articulada por la Defensora Oficial a favor de Miguel Roberto Ceballos (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del C.P.P.).
La Plata, 20 de septiembre de 2017.-
La presente causa P. 128.559-RQ, caratulada: “Ceballos, Miguel Roberto s/ recurso de queja en causa N° 23.582 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de de San Martín, Sala III”,
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín, mediante el pronunciamiento dictado el 22 de diciembre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado contra su propio decisorio que confirmó lo fallado por el Juzgado en lo Correccional N° 3 departamental en cuanto condenó a Miguel Roberto Ceballos a la pena de dos años de prisión, con costas, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de tenencia ilegal de arma de guerra. Asimismo, dispuso dar curso al trámite unificatorio conforme el art. 58 del CP a fin de unificar la respuesta punitiva, en virtud de la condena previa que pesa sobre el imputado (fs. 13 y vta.).
Para así decidir, señaló que “la resolución que se pretende recurrir por vía de recurso de inaplicabilidad de ley no ingresa en ninguno de los supuestos contemplados en el art. 494 del CPP, toda vez que en autos la sentencia condenatoria impone una pena de dos años de prisión” –v. fs. 13-. A continuación razonó que tampoco se configura un supuesto a tenor de lo fallado por la Corte federal en “Strada”, “Christou” y “Di Mascio”, en tanto “el agravio del recurrente versa sobre sus discordancia con la valoración de la prueba de cargo realizada por esta Sala de una norma de derecho común”, así como sobre la interpretación del art. 58 del Código de fondo, cuestiones que –indicó- resultan, en principio, ajenas a la materia federal (fs. cit.).
II. Ante lo así decidido la Defensora Oficial, doctora Carolina R. Martínez, presentó -ante el Tribunal de Casación Penal- recurso de queja en los términos del art. 486 bis del C.P.P. (fs. 15/20), el que fue remitido a esta Suprema Corte (v. cargo de fs. 21).
Inicialmente, efectuó una reseña de los antecedentes de la causa con especial mención a los embates llevados en el carril denegado (fs. 15 vta./16). A continuación, sindicó que la vía de hecho resulta admisible “en tanto se ha coartado a la defensa el derecho a revisar una sentencia definitiva”. Expuso que se denunció la inobservancia de diversos preceptos legales derivados de las garantías de inviolabilidad de la defensa en juicio y debido proceso legal –entre ellos, el quebranto al principio del in dubio pro reo, el derecho al doble conforme y la reformatio in pejus- (arts. 18 de la CN y 8.2.b y 8.2.h de la CADH Y 14.5 del PIDCyP).
De seguido, destacó que corresponde hacer excepción a las exigencias de la norma procesal ante la introducción del planteo federal “que hac[e] al fin de prevención especial y aplicación razonable de la pena (art. 18 C.N.)”, en relación al criterio para conformar la pena única. Adunó que la ratificación de la Cámara respecto a lo fallado en la instancia de grado, configura un claro perjuicio por cimentarse en los criterios de retribución y castigo, contrarios a la Constitución nacional (fs. 16 vta.).
Advirtió que la jerarquía constitucional de los principios precitados dota de aptitud a la vía para acceder al Máximo Tribunal nacional (fs. cit. in fine). Ancló la transgresión del art. 1° del C.P.P. en la falta de conocimiento de quien asiste –en su rol de remisero- respecto del arma que tenía su acompañante (fs. 16 vta. in fine/18).
De seguido, identificó el atropello a la reformatio in pejus en el trámite unificatorio dispuesto por el órgano revisor, pues “bajo el disfraz que constituye una cuestión de orden público, coloca al imputado en una peor situación procesal sin recurso fiscal” (fs. 17). Postuló que, en ese escenario, la denegatoria del remedio extraordinario obsta el acceso al doble conforme. Por lo expuesto, requirió la absolución en los términos del art. 1° del código de rito (fs. cit.).
Reiteró la aplicación de la doctrina emanada de la Corte federal en pos de sortear el valladar del art. 494 del C.P.P., e indicó que surge con evidencia el gravamen de insusceptible reparación ulterior que le aqueja (fs. 17 vta.).
Para concluir, se refirió al carácter ordinario y eficaz debe revestir el recurso –art. 8.2.h de la CADH-, con cita de lo fallado en “Casal” por la Corte federal y en “Herrera Ulloa” por la Corte I.D.H., e hizo reserva del caso federal –art. 14, Ley 48- (fs. 17 vta./18).
III. La queja es improcedente (art. 486 bis, CPP).
Sin perjuicio de otras consideraciones que podrían efectuarse, lo cierto es que de la reseña efectuada en el apartado I. surge que el motivo basal por el cual el órgano obturó el acceso a esta Suprema Corte radica en la inexistencia de una cuestión federal.
Así, las críticas ahora esgrimidas no pasan de ser una opinión discrepante con el criterio sustentado por el a quo, en tanto se limita a decir que en aquel medio impugnativo se hallaba en juego una cuestión federal.
En este escenario, la queja no logra conmover el juicio de admisibilidad negativo efectuado (arts. 486 y 486 bis, C.P.P.).
Desde otro andarivel, el agravio vinculado con la afectación del derecho a la revisión (arts. 8.2.h. de la CADH y 14.5 del PIDCyP) tampoco prospera en tanto los argumentos desarrollados son genéricos y no logran demostrar la relación directa e inmediata entre el derecho que dice vulnerado y lo debatido y resuelto en el caso.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja articulada por la Defensora Oficial a favor de Miguel Roberto Ceballos (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia