Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128624
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar -por inadmisible- la queja traída por la defensa de G.A. (art. 486 bis in fine, CPP -según ley 14.647-).
2Declarar la inoficiosidad de la labor profesional desarrollada ante esta instancia a los fines regulatorios por el doctor Mariano Pomares (art. 30 dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Suprema Corte de 25-X-2017).
La Plata, 9 de mayo de 2018.
La presente causa P. 128.624-RQ, caratulada: "Grigioni, Alejandro s/ Recurso de queja en causa N° 25.238 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Sala IV, de La Plata",
I. Conforme se desprende de las piezas aportadas por la parte, la Sala Cuarta de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Plata, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado contra la decisión de dicho órgano jurisdiccional que confirmó el fallo del Juzgado en lo Correccional N° 4 departamental que -en el marco de un juicio abreviado- había condenado a G.A. a la pena de un año de prisión en suspenso, accesorias legales y costas, por resultar autor del delito contemplado en el art. 119 del Código Penal (v. fs. 1/7).
Para así resolver, luego de repasar los motivos de agravios, refirió que la defensa omitió criticar las razones por las cuales se consideró "legítima la renuncia a decidir ni a la incoherencia que le ha atribuido a la parte".
Concluyó que no se han refutado todos y cada uno de los fundamentos independientes que han dado sustento a la decisión apelada que le agravia.
II. Frente a ello, el doctor Mariano Pomares, articuló recurso de queja (v. fs. 12/15 vta.).
Cuestionó el auto denegatorio en punto a que, en primer lugar, debió analizarse la condición objetiva que limita el acceso en punto al monto de pena aplicable. Sobre el tópico, trajo a colación lo dicho oportunamente en la vía extraordinaria y los motivos de agravios que portaba la misma.
De seguido, advirtió que la Cámara operó en una clara infracción a la defensa en juicio y al debido proceso mediante la aplicación de un rigor formal excesivo, lo que la torna además arbitraria.
Manifestó que la resolución en crisis "no ha hecho otra cosa que limitar los alcances del recurso oportunamente interpuesto y por lo pronto la garantía de la doble instancia siendo una cuestión concreta atinente al fallo impugnado, es decir que se ha violentado el derecho de defensa y la garantía de la doble instancia[,] cuestiones éstas de orden federal que deben ser atendidas cuando están en riesgo".
Explicó que se debió dar tratamiento al recurso extraordinario de inaplicabilidad, en tanto el mismo abastecía las exigencias de admisibilidad ya que se denunció la errónea interpretación de una norma de orden procesal que derivó en la inobservancia de una ley sustantiva y jurisprudencia de nuestro más alto tribunal sobre cuestiones de orden federal.
III. Más allá de cualquier consideración que pudiera efectuarse respecto de la técnica empleada por el a quo para desestimar el recurso extraordinario incoado, lo cierto es que la queja no se autoabastece pues no se acompañaron las copias necesarias para su análisis.
Cabe recordar que el art. 486 bis del Código Procesal Penal, luego de la reforma de la ley 14.647 (BO 5/XII/2014), establece que el recurso de hecho debe presentarse con copia simple del recurso denegado, de la decisión que se pretende recurrir, de las respectivas notificaciones y de cualquier otra pieza que el peticionario considere útil para fundamentarlo.
En el caso, el recurrente omitió adjuntar copia del recurso de apelación y de la sentencia de la Cámara que confirmó la de primera instancia a pesar de ser una pieza útil y necesaria para -eventualmente- evidenciar que los agravios de pretenso cariz federal guardan una vinculación directa e inmediata con lo allí fallado, en tanto las críticas de la parte se cimentaron en la afectación del derecho de defensa, el derecho a recurrir ante las instancias superiores y la garantía de la doble instancia, entre otras (conf. causa P. 127.834, resol. de 19-X-2016; P. 126.804, resol. de 23-XI-2016; P. 127.469, resol. de 22-III-2017).
VI. Lo decidido precedentemente importa la declaración de inoficiosidad de la labor profesional del letrado interviniente.
En el caso, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podría vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017).
Lo expuesto es atinente más allá que en la concreta situación de autos se arribe a tal temperamento aplicando el régimen anterior o la nueva regulación (vid. art. 30 de ambas legislaciones).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Desestimar -por inadmisible- la queja traída por la defensa de G.A. (art. 486 bis in fine, CPP -según ley 14.647-).
2. Declarar la inoficiosidad de la labor profesional desarrollada ante esta instancia a los fines regulatorios por el doctor Mariano Pomares (art. 30 dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Suprema Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia