Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 129676
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 496, CPP).
En la ciudad de La Plata, a 19 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Kogan, Genoud, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.676, "C., E. A. s/ Recurso de queja en la causa 26.550 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, Sala II".
La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Plata, mediante el pronunciamiento del 14 de junio de 2017, declaró la nulidad de la sentencia dictada por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 2 de esta ciudad que: I. Declaró la exclusión probatoria de las declaraciones testimoniales prestadas en la audiencia de debate oral por Raúl Omar Colombo, Osvaldo Hipólito Fromigué, Rodrigo Aldonate y Mariano De Luca; del acta de denuncia efectuada por Raúl Omar Colombo obrante a fs. 1 y vta.; de la copia certificada del libro de guardia de fs. 36/39; del acta de declaración testimonial de fs. 47/48 efectuada por Raúl Omar Colombo haciendo referencias a su contenido en su declaración en la audiencia: las manifestaciones efectuadas por los testigos Osvaldo Hipólito Fromigué y Raúl Omar Colombo en la diligencia de inspección judicial en los términos del art. 362 del Código Procesal Penal, el día 24 de junio de 2016 (arts. 211 y concs., CPP y 18, Const. nac.); II. Declaró autor penalmente responsable a E. A. C. en la presente causa por el hecho acaecido el día 14 de junio de 2015 del que resultara víctima Raúl Omar Colombo; III. Dictó veredicto absolutorio respecto del joven E. A. C. en relación con la conducta prevista por el art. 280 del Código Penal, por resultar atípico el hecho (v. auto de responsabilidad de fs. 335/349 vta.); IV. Condenó al nombrado a la pena de seis meses de prisión de efectivo cumplimiento, sin costas por ser autor penalmente responsable del delito de hurto agravado por la sustracción de llave verdadera (art. 163, inc. 3, Cód. Penal) y V. Decidió tener por compurgada la pena de seis meses de prisión impuesta a C. en virtud del tiempo de privación de libertad en el que permaneció en cumplimiento de prisión preventiva, haciendo cesar toda restricción a su respecto en la presente causa y la intervención de los gabinetes técnicos. En consecuencia, dispuso el reenvío de las actuaciones a la instancia de grado a los fines de que un juez hábil, renueve los actos necesarios para la realización de un nuevo juicio, sin costas (arts. 18, Const. nac.; 163 inc. 3, Cód. Penal; 60, 106, 209, 210, 211, 308, 367, 371, 439, 440 y concs., CPP; v. sent., fs. 350/355 vta.).
El señor defensor oficial del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, doctor Ricardo F. Berenguer, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 52/55), que fue denegado por el Tribunal de Alzada (v. fs. 93/95). La defensa interpuso recurso de queja ante esta Suprema Corte, que decidió conceder el remedio articulado (v. fs. 481/483).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 495/500 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 501) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor defensor oficial denunció que el fallo atacado significa una nueva exposición a juicio del imputado, en violación a la prohibición constitucional de ne bis in idem.
Expresó que la nulidad decretada por la Cámara está dirigida "...exclusivamente a la interpretación realizada por el Juez de juicio, en relación con los actos del debate, reputando inválidos algunos testimonios"; es decir, sostiene la validez de actos que el juez había considerado viciados.
Trajo a colación los precedentes "Mattei", "Alvarado", "Sandoval" y "Kang Yong Soo" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 53 vta. y 54 vta.).
Con cita del primer fallo expresó que "...no puede someterse al imputado a un nuevo juicio íntegro cuando ya soportó uno válidamente cumplido en todas sus partes, porque ello importaría violación al principio constitucional del no bis in ídem", y que "...no es válido no sólo aplicar a un sujeto una doble condena por el mismo hecho, sino tampoco exponerlo al doble riesgo de persecución por el mismo evento" (fs. 54).
Indicó que ninguna responsabilidad puede atribuirse a C. en el defecto de la sentencia y enfatizó que el reenvío importa doble riesgo de persecución penal por el suceso que ya se ventiló en el debate, lo que genera el agravio constitucional invocado (v. fs. 54 vta.).
II. La Procuración General aconsejó el rechazo del remedio interpuesto (v. fs. 495/500 vta.).
III. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que aquí se examina fue concedido por esta Corte, en el marco de una queja, con la aclaración que la decisión recurrida por dicha vía, si bien carece de la nota de definitividad que prescribe el art. 482 del Código Procesal Penal, en tanto no termina la causa ni impide su continuación, debe ser considerada en el caso un supuesto de sentencia equiparable a definitiva a tenor del rendimiento propio de la garantía de ne bis in idem, que por su naturaleza y consecuencias, puede llegar a frustrar de modo directo y perentorio los derechos que se invocan, los que en consecuencia requieren de tutela judicial inmediata (v. fs. 481/483).
En el estricto marco de excepción en que resultó abierta la competencia extraordinaria de este Tribunal entiendo que el agravio debe ser desestimado.
IV. Contra el veredicto y sentencia dictados por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 2 de La Plata y reseñados en los antecedentes, el señor agente fiscal, quien había acusado al joven en orden a los delitos de evasión (art. 280, Cód. Penal), coacción calificada (art. 149 bis, párr. segundo y tercero, Cód. Penal) y robo calificado (art. 166, inc. 2, Cód. Penal), todos en concurso real entre sí (art. 55, Cód. Penal), interpuso recurso de apelación (v. fs. 362/372).
La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de esta ciudad hizo lugar al remedio interpuesto, declaró la nulidad del fallo atacado y ordenó que un juez hábil renueve los actos necesarios para la realización de un nuevo juicio (v. fs. 47/51 del Incidente de Apelación).
De modo preliminar, resulta preciso efectuar algunas consideraciones en torno a la fundamentación jurídica del reenvío dispuesto por el a quo.
Para conceptualizar qué es lo que debe entenderse por exclusión probatoria, con cita del art. 211 del Código Procesal Penal, señaló que "...carece de toda eficacia la actividad probatoria cumplida y la prueba adquirida e incorporada al proceso en transgresión de garantías constitucionales (art.18 Const. Nac.)" y que la prohibición está dirigida no al objeto de prueba, sino a los medios para adquirirla (v. fs. 48 vta.).
Indicó que su concreción y aplicación para no ser desvirtuada requiere que exista un sustento fáctico que lo justifique, lo que no ocurre en autos (v. fs. 49).
Reseñó que el objeto de este proceso desde sus inicios, y fundamentalmente en el debate, era conocer si los hechos habían ocurrido según lo planteaba el Ministerio Público Fiscal en el ejercicio de la acción pública al describir la materialidad ilícita en el requerimiento de elevación a juicio y para ello ofreció prueba de diversa índole "...pero en lo que aquí interesa dentro de la prueba testimonial, son las declaraciones de los señores Raúl Ornar Colombo, Osvaldo Fromigué, Rodrigo Aldonate y Mariano De Luca quienes de acuerdo a las actuaciones iniciales eran quienes estaban en el Centro Cerrado 'Villa Francisco Legarra' el día en que ocurrieron los hechos" (fs. cit.), prueba que también presentó la defensa.
Remarcó que ningún impedimento constitucional había para llevarlos a juicio y escucharlos como se hizo y que "...nunca fueron intimados de delito en los términos del art. 60 del CPP" (fs. 49 vta.).
Puntualizó que ninguna imputación formal existía en su contra y que tampoco lo constituye la circunstancia de que en la audiencia realizada en los términos del art. 36 inc. 7 de la ley 13.634 de fecha 4 de diciembre de 2015 (resol., fs. 128/132, IPP 06-00-022875-15), la jueza de garantías haya dispuesto la extracción de fotocopias certificadas y su remisión a la fiscalía de instrucción en turno del fuero de adultos, por pedido de la defensa por eventual comisión de delito de acción pública (v. fs. cit.).
Entendió que ello no se traduce en una exclusión probatoria, máxime cuando nada se hizo luego a su respecto, lo que está acreditado por las certificaciones del actuario (v. fs. 325 y vta. del principal) de las que surge que esas fotocopias nunca fueron remitidas por el juzgado de garantías a la Fiscalía General departamental por ende nunca recibidas-, circunstancia que impidió la formación de causa.
Resaltó que su vinculación al proceso era como testigos víctimas, no como imputados en los términos del art. 60 del Código Procesal Penal y que la eventual imputación tiene sustento en la declaración del encausado, la que "...por sí sola no tiene entidad para justificar apartamiento de ningún testigo" (fs. 50).
Aseveró que "Correspondía entonces analizar y evaluar la entidad convictiva de los testimonios rendidos en el juicio [...] debió el juez expresar en su razonamiento si les creía o no, dando las razones y motivos; y si en ese razonamiento entendía que no les creía porque su testimonio los podía involucrar penalmente con relación a un delito y fueron mendaces para evitar incurrir en una autoinculpación debió decirlo pero no excluirlos sin análisis" (fs. cit. y vta.).
Coligió que no se trataba de un tema de exclusión probatoria porque no hay protecciones constitucionales vulneradas, sino qué valor convictivo se les otorga a los testimonios de estas personas (v. fs. 50 vta. cit.).
V. Frente a lo decidido, el recurrente no logra demostrar que se plasme una transgresión al principio constitucional invocado.
La defensa sustentó la denuncia de afectación a la garantía del ne bis in idem reclamando esencialmente la aplicación al caso de los citados precedentes "Mattei", "Sandoval", "Kang, Yong Soo", entre otros, de la Corte federal (v. fs. 53 vta.), mas no se hace cargo de las notorias diferencias que presenta esta causa con aquéllos (causas P. 122.281, resol. de 16-III-2016; P. 119.833, sent. de 11-III-2015 y similares).
En efecto, en "Mattei", la Cámara interviniente anuló de oficio las actuaciones a partir del cierre del sumario sobre la base de que el instructor no había agotado la investigación. La Corte revocó el pronunciamiento básicamente porque "...el juicio ha[bía] sido retrogradado a su etapa inicial, o sea la de sumario, cuando se encontraba ya en condiciones de ser definitivamente fallado con relación al apelante; y cuando éste llevaba más de cuatro años en la condición de procesado..." (parágrafo 6°, CSJN Fallos: 272:188).
En tanto que en el fallo "Sandoval" la solución administrada importaba en definitiva la reedición total del juicio tras la anulación por el Superior Tribunal de Justicia local del fallo absolutorio dictado frente al sostenimiento de la acusación únicamente por la querella-, con base en el beneficio de la duda ante la existencia de peritajes discrepantes, achacándole al del juicio no haber ordenado oficiosamente la producción de uno nuevo tendiente a superar esa situación de incertidumbre, que merced al reenvío dispuesto y transitado el nuevo debate culminó con la condena del acusado.
Se advierte, de otro lado, que "...la naturaleza e importancia del vicio condiciona la válida progresión de cada uno de los actos del proceso, y con ella, la extensión de la imposibilidad de su renovación" (voto de los señores Jueces doctores Highton de Nolasco y Zaffaroni en "Kang, Yong Soo" por remisión al dictamen del señor Procurador General doctor Esteban Righi-, sent. de 27-XII-2011; CSJN Fallos: 334:1882). Es decir, no cualquier nulidad permite retrogradar el juicio, pero, como contracara, no toda anulación con reenvío, a fin de enmendar los actos esenciales del juicio viciado, importan un bis in idem prohibido.
Desde luego no se trata de reforzar las posibilidades de arribar a una decisión condenatoria superando deficiencias probatorias o de meros preceptos adjetivos. Pues, resulta en principio improcedente que los magistrados de alzada anulen un fallo absolutorio "carente de vicios esenciales, obligando al recurrente a soportar nuevamente las penosas contingencias de un juicio criminal por meros pruritos formales (Fallos: 305:913 ['Bartra Rojas'] y 321:2826 ['Polak'])" (conf. voto de los doctores Fayt y Zaffaroni en "Ovando, Mónica Beatriz", sent. de 15-V-2014, por remisión al dictamen del señor Procurador Fiscal).
El Tribunal de Alzada advirtió la existencia de un déficit de tal magnitud en el pronunciamiento impugnado que le impidió considerarlo como acto jurisdiccional válido y dispuso su nulidad, circunstancia que priva de efectos al fallo en cuestión e impide, conforme la doctrina antes citada, tener por configurado en el caso un doble juzgamiento prohibido.
En este escenario la defensa no demuestra que la cuestión planteada en el sub lite con relación al ne bis in idem resulte sustancialmente análoga a la juzgada en los casos resueltos por el Tribunal federal en que dio amparo al imputado con el alcance de la garantía al que se hizo referencia, según pregona. Para ello debió hacerse cargo de los aspectos particulares de esos pleitos que llevaron al Máximo Tribunal de la Nación a decidirlo con el alcance con que lo hicieron.
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 496, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia