Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128332
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar la queja interpuesta por la defensa de Elbio Gerardo Miranda; con costas (art. 486 bis y ccds. del C.P.P., según ley 14.647).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Damián Roberto Pérez por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
P. 128.332-RQ - “Miranda, Elbio Gerardo s/ Recurso de queja en causa N° 28.278 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón, Sala I”.
///Plata, 14 de junio de 2017.-
La presente causa P. 128.332-RQ, caratulada: “Miranda, Elbio Gerardo s/ Recurso de queja en causa N° 28.278 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón, Sala I”,
1. La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón, mediante el pronunciamiento dictado el 17 de noviembre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa de Elbio Gerardo Rosano contra el fallo de ese mismo órgano que confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional N° 4 de esa ciudad que condenó al nombrado a la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor del delito de facilitación a la prostitución (fs. 24/25 y vta.).
Para así decidir, luego de afirmar que el monto de la pena no se encontraba abastecido, y que el carril interpuesto era el idóneo para abordar los planteos federales, se adentró al tratamiento de los restantes argumentos del impugnante (fs. 24 y vta.).
En primer lugar, entendió que el recurrente pretendía controvertir la fijación de los hechos y la ponderación de la prueba por parte de dicho órgano al confirmar la sentencia primigenia, lo cual no era revisable en la instancia extraordinaria; resultando inadmisible convertir el recurso en una tercera instancia (fs. 25).
Por otra parte, consideró que las alegadas violaciones de índole federal no demostraban la existencia de un juicio arbitrario que permitiese descalificar la sentencia pues las afirmaciones genéricas efectuadas no lograron demostrar la relación directa e inmediata entre los derechos que se decían vulnerados y lo resuelto en el caso, además de dirigirse contra cuestiones de índole procesal (fs. cit.). Luego de aludir a la doctrina de la arbitrariedad, concluyó que el defensor no explicó de qué manera la decisión incurrió en graves defectos de fundamentación o razonamiento, ni indicó cuál era la prueba que consideraba decisiva y que no fue valorada o aquélla que consideró inexistente (fs. cit. y vta.).
Finalmente, consideró que el recurrente dirigía los embates “contra la valoración de la prueba hecha por el juez de grado, lo cual había tenido respuesta en la oportunidad de interponer el recurso de apelación y en relación al fallo de la Cámara se limitó a cuestionar la nulidad del informe actuarial y el tópico referente al sub alquiler del inmueble que según su criterio no alcanzaba para atribuirle el delito por el que se lo condenó a la par de la inconstitucionalidad que funda en similares argumentos con invocación del art. 19 de la C.N.” (fs. 25 vta.).
2. Frente a lo decidido, el Defensor particular del nombrado -doctor Damián Roberto Pérez-, articuló recurso de queja (fs. 28/35 y vta.).
Allí señaló que el a quo efectuó un incorrecto análisis de lo pretendido por la parte pues hacer referencia a la valoración de la prueba resultaba necesario para comprender tanto lo sucedido a lo largo del desarrollo de las presentes como también el motivo por el cual la sentencia carecía de un sentido lógico y un razonamiento acorde a la realidad.
Agregó que erróneamente la Cámara afirmó que no explicó ni demostró que era totalmente injustificado que pudiese entenderse que un contrato de sublocación entre dos personas que tenían una relación de conocimiento que no fue controvertida y entre las cuales existía un vínculo de amistad, pudiese tener la única y específica finalidad de favorecer el desarrollo de la prostitución (fs. 31 vta.).
De otro lado, en cuanto a que la Cámara juzgó que no indicó cuál era la prueba que consideró inexistente, señaló que ello fue explicado pues entendió que la declaración del encargado del edificio nunca existió y por lo tanto el acta de procedimiento en la cual se plasma ese supuesto procedimiento es nula (fs. 32 vta.).
En razón de ello, sostuvo que resulta admisible la vía deducida.
De otro lado, entendió que la Cámara no dispensó tratamiento al planteo de inconstitucionalidad; que no tuvo en cuenta ninguno de los fundamentos incluidos en dicho recurso toda vez que si lo hubiera hecho no podría haber afirmado que se intentó fundar en “similares argumentos” (fs. 33 vta.).
Agregó que oportunamente planteó que el art. 125 bis del C.P. colisiona con el art. 19 de la Constitución nacional (fs. cit.).
En lo demás, se remitió a lo expuesto en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 34).
3. La queja es improcedente (art. 486 bis del C.P.P.).
Sin perjuicio de que la Cámara se excedió en el análisis realizado, de lo cual el quejoso no ha hecho referencia, tampoco éste controvirtió de modo eficaz los argumentos que aquélla calibró para desestimar el recurso interpuesto.
Es que la defensa no demuestra que lo requerido superase el examen de una cuestión procesal ni que ella involucrase una temática de índole federal que impusiese a la Cámara la adopción de otro temperamento. Por el contrario, insiste con sus argumentaciones relativas a la declaración del encargado del edificio sin demostrar cómo ella o su ausencia portase una cuestión federal que por cierto, no especificó.
Misma suerte corre el resto de sus argumentaciones pues si bien afirma que el a quo no abordó los motivos por los que requería la inconstitucionalidad del art. 125 bis del C.P., en el presente solo enunció que dicha norma colisionaría con el art. 19 de la C.N., sin reparar en que la Alzada entendió que el agravio formulado en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley se proyectaba en igual sentido (v. fs. 25 y vta.).
De tal forma, la presentación directa se devela inidónea para conmover el juicio de admisibilidad negativo arribado en la instancia intermedia (arts. 486 y 486 bis del C.P.P.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Desestimar la queja interpuesta por la defensa de Elbio Gerardo Miranda; con costas (art. 486 bis y ccds. del C.P.P., según ley 14.647).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Damián Roberto Pérez por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia