Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 128577
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la queja interpuesta a favor de Juan María Rodríguez Sosa; con costas (art. 486 bis del C.P.P.).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por la labor desarrollada ante esta instancia por la doctora María Paula Hernández (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77).
“RODRIGUEZ SOSA, JUAN MARIA S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA Nº 28.324 DE LA CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DE MAR DEL PLATA, SALA II”.
La Plata,27 de septiembre 2017
La presente causa P. 128.577-RQ, caratulada: “Rodríguez Sosa, Juan María s/ Recurso de queja en causa N° 28.324 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala II”,
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Mar del Plata, mediante el pronunciamiento dictado el 30 de diciembre de 2016, desestimó –por inadmisible- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado contra la decisión de ese órgano que confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional N° 4 departamental por la que se había impuesto a Juan María Rodríguez Sosa una multa de seis mil pesos, por infracción al art. 2.5 Anexo I de la Ordenanza N° 20.054 (fs. 2/3 vta.).
II. Frente a ello, la letrada de confianza del nombrado, doctora María Paula Hernández, articuló recurso de queja (fs. 17/20).
Liminarmente, se refirió al cumplimiento de los recaudos formales de la impugnación, y reseñó los antecedentes del caso (fs. 17 vta./18 vta.).
Alegó que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley resulta procedente en los supuestos en los que se encontrare en juego garantías de raigambre federal o se tratare de sentencias que incurren en arbitrariedad (fs. 18 vta. cit.).
Señaló que la Cámara al confirmar la sanción impuesta a su asistido con fundamento en un acta de constatación “manifiestamente inválida porque no cumplía los requisitos exigidos por la norma reglamentaria aplicable al caso”, incurrió en arbitrariedad por no aplicar el Reglamento de Inspecciones Municipales aprobado por Decreto N° 5.355/87, en tanto dicha normativa exigía, para todos los casos, intimación al infractor a fin de ampliar su habilitación, y ello, independientemente del sector de la ciudad en el que se emplazara el comercio en infracción.
III. La queja no es de recibo.
1. En efecto, la Cámara, en primer lugar, sostuvo que en autos no se encuentran abastecidos los recaudos previstos en el artículo 494 del Código Procesal Penal.
Sin perjuicio de ello, luego de repasar los motivos de agravio llevados a su conocimiento, advirtió que los mismos no configuran un supuesto de excepción que permitiese habilitar la competencia excepcional de este Tribunal.
En dicho marco, destacó que la mera invocación de arbitrariedad por exceso ritual manifiesto en la decisión recurrida “no basta a tales fines, en tanto que dicha incircunstanciada alegación se vincula -exclusivamente- con la aplicación de normas de derecho local”.
Asimismo y, en relación a los derechos y garantías constitucionales que se denunciaron afectados, expuso que la recurrente “en ningún tramo de su exposición explic[ó] de manera concreta de qué modo lo decidido por es[a] Sala desconoce el principio de inocencia desentendiéndose por completo de los argumentos y del contenido del fallo” (fs. 3).
Concluyó que el déficit en el planteamiento de la cuestión federal, determinó la inadmisibilidad del recurso.
2. Tales argumentos no han sido controvertidos por la quejosa; en tanto sus planteos se circunscriben a reeditar los embates de la vía extraordinaria, más se desentienden por completo de los fundamentos brindados por la instancia anterior para desestimar la impugnación.
Dicha falencia sella la suerte de la presentación directa.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar la queja interpuesta a favor de Juan María Rodríguez Sosa; con costas (art. 486 bis del C.P.P.).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por la labor desarrollada ante esta instancia por la doctora María Paula Hernández (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia