Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128576 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la queja traída por la señora defensora particular de Juan María Rodríguez Sosa (art. 486 bis del CPP).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por la labor desarrollada ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77).
“RODRÍGUEZ SOSA, JUAN MARÍA S/ RECURSO DE QUEJA, EN CAUSA N° 28.730 DE LA CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DE MAR DEL PLATA, SALA II”.
La Plata, 13 de septiembre de 2017.
La presente causa P. 128.576-RQ, caratulada: “Rodríguez Sosa, Juan María s/ Recurso de queja, en causa n° 28.730 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala II”,
I. La Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, mediante el pronunciamiento dictado el 30 de diciembre de 2016, desestimó -por inadmisible- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa técnica de Juan María Rodríguez Sosa, contra la decisión de ese órgano que confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 1 departamental, que lo había condenado al pago de una multa de seis mil pesos, por infracción al art. 2.5, Anexo I, de la Ordenanza n° 20.054 (fs. 2/3 vta.).
II. Frente a ello, la señora Defensora Particular -doctora María Paula Hernández- articuló recurso de queja (fs. 18/21).
Liminarmente, se refirió al cumplimiento de los recaudos formales de la impugnación, y reseñó los antecedentes del caso (fs. 18/20).
En punto a la procedencia, alegó que el carril extraordinario intentado resulta procedente en los supuestos en que se hubiere introducido una cuestión de naturaleza federal (fs. 20 vta.).
Luego, indicó que la Cámara al confirmar la sanción impuesta a su asistido con fundamento en un acta de constatación “manifiestamente inválida porque no cumplía los requisitos exigidos por la norma reglamentaria aplicable al caso”, incurrió en arbitrariedad por no aplicar el Reglamento de Inspecciones Municipales aprobado por Decreto N° 5.355/87” (fs. cit.).
III. La queja no es de recibo.
a. En efecto, al desplegar el juicio de admisibilidad que le confiere el art. 486 del CPP, la alzada no halló abastecidos los presupuestos de recurribilidad del art. 494 del digesto adjetivo. Sin embargo, compulsó la existencia de algún supuesto de excepción que, en los términos de la doctrina sentada por la Corte federal en “Strada”, “Christou” y “Di Mascio”, permitiera eludir dicho valladar, mas no advirtió que de los agravios formulados por la parte se desprendiera una situación de tal característica.
Así, la Cámara juzgó que la tacha de arbitrariedad esbozada por la defensa “no basta a tales fines, en tanto que dicha incircunstanciada alegación se vincula -exclusivamente- con la aplicación de normas de derecho local”; mientras que, en relación a los derechos y garantías constitucionales que denunció afectados, la recurrente “en ningún tramo de su exposición explic[ó] de manera concreta de qué modo lo decidido por es[a] Sala [los desconoció] desentendiéndose por completo de los argumentos y del contenido del fallo” (fs. 3).
Concluyó en que tal déficit en el planteo de la cuestión federal fue el que determinó la inadmisibilidad del carril extraordinario escogido.
b. Tal criterio no ha sido controvertido por la quejosa.
Ocurre que sus planteos consisten en una reedición de los embates llevados en la vía extraordinaria, mas se desentienden por completo de los fundamentos brindados por el órgano revisor para desestimar la impugnación. Dicha falencia sella la suerte de la presentación directa.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar la queja traída por la señora defensora particular de Juan María Rodríguez Sosa (art. 486 bis del CPP).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por la labor desarrollada ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia