Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128303
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar por improcedente- la queja interpuesta por el señor Federico Robles presidente de Brocal S.A.- con patrocino letrado; con costas (art. 486 bis del CPP).
La Plata, 22 de noviembre de 2017.-
La presente causa P. 128.303-RQ, caratulada: "Brocal S.A. s/ recurso de queja en causa n° 28.986 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala I",
I. La Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, mediante auto dictado el 15 de noviembre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por el señor Federico Robles presidente de Brocal S.A.-, con el patrocinio letrado del doctor Agustín Juan Ameztoy, contra el decisorio de dicho órgano que rechazó el planteo de nulidad, y confirmó parcialmente- el decisorio del Juzgado en lo Correccional n° 1 departamental que sancionó a la empresa al pago de una multa de dieciocho mil pesos ($18.000), y clausura de seis días del establecimiento comercial de su propiedad por la autoría responsable de las infracciones al art 72 inc. 1 y 3 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. En consecuencia, redujo las sanciones a doce mil pesos ($ 12.000) y a cuatro días de clausura (v. fs. 8/13 y fs. 27/28).
II. Contra dicho decisorio, el mencionado presidente junto al doctor Ameztoy, dedujo recurso de queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 29/34).
Transcribió una parcela del auto adverso y afirmó que "se equivoca la sentencia" (fs. 29 vta.). Postuló que fundó la afectación de derecho y garantías constitucionales, así como el confronte del art. 494 del Código Procesal Penal con la Carta magna nacional (v. fs. 29 vta. in fine/30).
En primer término, expuso que el fallo revisor vulnera el principio de legalidad por extender la aplicación de la norma a un supuesto no reglado. Adunó el quebranto al debido proceso y la defensa en juicio en virtud de la errónea formulación del reproche arts. 8, DUDH, 8 y 25, DADH; 2, PIDCP- (v. fs. 30).
Advirtió que, a los fines de la sanción, "resulta imprescindible y necesario" que se haya afectado en forma significativa el bien tutelado por la norma art. 72, incs. 1 y 3, CF-, lo que sindicó- fue desoído por el a quo. Citó lo fallado en "Godoy" por la CSJN (v. fs. cit. in fine y vta.).
Destacó el desconocimiento del principio de insignificancia o bagatela, y adjetivó a la sanción de desproporcionada e irrazonable arts. 18, 28, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8, CADH; 15, 56 y 57, Const. provincial; 4 y 71, CF; 103, decreto ley 7.647/70- (v. fs. 30 vta.).
Reiteró incumplida la garantía del art. 28 de la Const. nac. en tanto explicó- no puede guardar similar entidad el reproche de quien "no tiene registros" en comparación con "quien lleva legalmente los libros y registros pero causas de fuerza mayor los extravía", y luego los reconstruye casi en su totalidad. Cuestionó el parámetro de graduación del injusto referido a la importante actividad económica (v. fs. 31).
De seguido, sindicó afectados el derecho de trabajar y ejercer toda industria lícita en virtud de la clausura-, el derecho de propiedad, y el principio de inocencia (v. fs. 31 y vta.).
Concluyó, que lo expuesto demuestra que la parte explicó de qué manera lo resuelto afectaba derechos y garantías constitucionales (v. fs. 31 vta.).
En segundo lugar, se abocó a la tacha de inconstitucionalidad de la norma procesal art. 494, CPP- (v. fs. 31). Trajo a colación la garantía receptada en el art. 8.2 apdo. h de la CADH, y el art. 14.5 del PIDCP, y citó el art. 18 de la Constitución nacional a los fines del acceso a la jurisdicción. Mencionó el principio de igualdad y la garantía de tutela judicial efectiva, con extensa cita normativa (v. fs. 31 vta./32).
Para finalizar, reforzó la crítica a la norma procesal desde la arista de la arbitrariedad y "grosera violación al derecho de defensa" (v. fs. 33).
Hizo reserva del caso federal art. 14, ley 48- (v. fs. cit. in fine).
III. La queja no prospera (art. 486 bis, CPP).
1. En efecto, la Cámara, con cita del precedente P. 125.340-RQ de esta Suprema Corte, sostuvo que si bien el fallo cumplía con la exigencia del art. 482, no sucedía lo mismo respecto a los recaudos previstos en el art. 494 del ritual (v. fs. 27 vta.). Sin perjuicio de ello, se abocó a analizar si mediaba algún planteo federal que, de acuerdo a la doctrina de los precedentes "Strada", "Di Mascio" y "Christou" del Máximo Tribunal permitiera sortear dicho obstáculo.
En dicho marco, subrayó que de la lectura de la pieza recursiva surge que la defensa se limitó a enunciar los derechos y garantías de índole constitucional que estimó afectados, "pero en ningún tramo de su exposición explic[ó] de manera concreta" de qué modo lo fallado desconoce tales derechos y garantías, lo que entendió- implica un desentendimiento de los argumentos y del contenido del fallo (v. fs. 28).
Destacó que el déficit en el planteamiento de la cuestión federal conlleva a la inadmisibilidad del carril intentado, en tanto especificó- que "no se encuentran involucradas de manera directa a inmediata las cuestiones de pretensa índole federal invocadas" (fs. cit.).
2. Ahora bien tal como se puso en evidencia en el apartado II- lejos de refutar de modo concreto y razonado los argumentos que le dieron sustento a la declaración de inadmisibilidad, el quejoso se limitó a reeditar los agravios llevados en el recurso extraordinario.
De este modo, incumplió con el objeto y finalidad del recurso de queja (arts. 486 bis y concs. del CPP).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar por improcedente- la queja interpuesta por el señor Federico Robles presidente de Brocal S.A.- con patrocino letrado; con costas (art. 486 bis del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia