Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128596
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la queja traída por la defensa particular de Marcelo Gustavo Zabala (art. 486 bis, CPP).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por la labor desempeñada ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
"ZABALA, MARCELO GUSTAVO S/ RECURSO DE QUEJA, EN CAUSA N° 28.946 DE LA CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DE MAR DEL PLATA, SALA II".
La Plata, 6 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 128.596-RQ, caratulada: "Zabala, Marcelo Gustavo s/ Recurso de queja, en causa n° 28.946 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala II",
I. La Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, mediante el pronunciamiento dictado el 30 de diciembre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de nulidad incoado por la defensa técnica de Marcelo Gustavo Zabala, contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de apelación deducido frente a la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 1 departamental, que lo había condenado a la pena de tres años de prisión y siete años de inhabilitación especial para la conducción de vehículos automotores, con costas, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor (v. fs. 2/4).
II. Frente a ello, el señor Defensor Particular -doctor Pablo Miqueleiz- articuló recurso de queja (v. fs. 16/22 vta.).
Hizo alusión a los antecedentes del caso y puntualizó que si bien "podría ser cierto que el recurso debió encausarse por la vía de inaplicabilidad de ley", no es menos cierto que su asistido tiene derecho "a que un órgano revisor superior analice y trate una cuestión tan importante como [la sentencia condenatoria]" (fs. 16 vta./17).
Con respecto a la fundabilidad, esgrimió la nulidad del decisorio del a quo por afectación a los arts. 18 de la Constitución nacional; 168 y 171 de la Constitución provincial y 106 del Código Procesal Penal (v. fs. 18).
Recordó la obligación de los Magistrados de resolver todas y cada una de las cuestiones planteadas por las partes, y alegó que el tribunal revisor "no trató el recurso planteado por es[a] defensa, porque no compartía el criterio vertido por es[a] parte para encausar el recurso, por lo que no trató ninguna de las cuestiones que eran motivo de fundamento de la admisibilidad formal del [remedio]" (fs. cit. y vta.).
En lo sucesivo, expuso que en el presente se sometió a conocimiento una cuestión federal, abogó por el control de constitucionalidad -con cita de los arts. 5 y 31 de la Constitución nacional y los precedentes "Strada" y "Di Mascio" del Cimero Tribunal-, e insistió en el tránsito de la impugnación, a los fines del acceso a conocimiento de la Corte federal por vía del art. 14 de la ley 48 (v. fs. cit./21).
Finalmente, arguyó que la respuesta del Tribunal de Alzada -en cuanto negó el carril escogido "por un defecto técnico"- vulneró la defensa en juicio y el debido proceso (v. fs. 21 vta./22).
III. La queja no prospera.
1. En efecto, al desplegar el juicio de admisibilidad que el art. 486 del Código Procesal Penal coloca en su cabeza, la Cámara indicó que el recurso extraordinario de nulidad sólo procede frente a la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, la falta de fundamentación legal, el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones; supuestos que no fueron denunciados en autos, en tanto de la presentación recursiva se desprende como fundamentación el "deficiente tratamiento" y no la "omisión lisa y llana de tratamiento de una cuestión esencial" (fs. 2/3).
Agregó que -en rigor- lo considerado como insuficientemente abordado resulta ser la participación del encartado en el suceso disvalioso, y que la vía de nulidad "ha sido nominalmente utilizada para eludir, de modo tangencial, la exigencia relativa al monto de la pena impuesta, establecida como condición de procedencia para el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (CPP, art. 494), por cuyo carril debió articularse el agravio" (fs. 3).
2. De lo reseñado, se desprende que las postulaciones del quejoso no logran conmover lo decidido.
Ello en tanto se desentiende de lo efectivamente resuelto por la Cámara quien, lejos de omitir tratar el canal impugnativo -tal como afirmó la defensa-, juzgó que los fundamentos vertidos por la parte no encapsulaban en ninguno de los supuestos que los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y el art. 491 del digesto adjetivo, prevén para el recurso extraordinario de nulidad.
Para más, la alegación de afectación a determinadas garantías constitucionales -defensa en juicio y debido proceso- reafirma que el canal intentado no se estructura dentro de las prescripciones que la Const. provincial y el aludido art. 491 del código de forma establecen para el remedio de nulidad.
En suma, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo (art. 486 bis, CPP).
IV. Sólo resta indicar que, en el caso, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar la queja traída por la defensa particular de Marcelo Gustavo Zabala (art. 486 bis, CPP).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por la labor desempeñada ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
Lucia Jofre
Subsecretaria
Fin de la sentencia