Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128574
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la queja traída por la señora defensora particular de Javier Ignacio Iribarren, con costas (art. 486 bis del CPP).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por la labor desarrollada ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
"IRIBARREN, JAVIER IGNACIO S/ RECURSO DE QUEJA, EN CAUSA N° 28.343 DE LA CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DE MAR DEL PLATA, SALA II".
La Plata, 6 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 128.574-RQ, caratulada: "Iribarren, Javier Ignacio s/ Recurso de queja, en causa n° 28.343 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala II",
I. La Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, mediante el pronunciamiento dictado el 30 de diciembre de 2016, desestimó -por inadmisible- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa técnica de Javier Ignacio Iribarren, contra la decisión de ese órgano que confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 4 departamental que impuso al nombrado la sanción de multa de pesos cinco mil, por infracción al art. 2.5 Anexo I Ordenanza n° 20.054 (v. fs. 10/11 vta.).
II. Frente a ello, la señora defensora particular -doctora María Paula Hernández- articuló recurso de queja (v. fs. 19/22).
Liminarmente, se refirió al cumplimiento de los recaudos formales de la impugnación, y reseñó los antecedentes del caso (v. fs. 19/21 vta.).
En punto a la procedencia, alegó que el carril extraordinario intentado resulta procedente en los supuestos en que se hubiere introducido una cuestión de naturaleza federal (v. fs. 21 vta.).
Luego, indicó que la Cámara al confirmar la sanción impuesta a su asistido con fundamento en un acta de constatación "manifiestamente inválida porque no cumplía los requisitos exigidos por la norma reglamentaria aplicable al caso", incurrió en arbitrariedad por no aplicar el Reglamento de Inspecciones Municipales aprobado por decreto n° 5.355/87" (fs. cit.).
III. La queja no es de recibo.
a. En efecto, al desplegar el juicio de admisibilidad que le confiere el art. 486 del Código Procesal Penal, el Tribunal de Alzada no halló abastecidos los presupuestos de recurribilidad del art. 494 del digesto adjetivo. Sin embargo, compulsó la existencia de algún supuesto de excepción que, en los términos de la doctrina sentada por la Corte federal en "Strada", "Christou" y "Di Mascio", permitiera eludir dicho valladar, mas no advirtió que de los agravios formulados por la parte se desprendiera una situación de tal característica.
Así, la Cámara juzgó que la tacha de arbitrariedad esbozada por la defensa "no basta a tales fines, en tanto que dicha incircunstanciada alegación se vincula -exclusivamente- con la aplicación de normas de derecho local"; mientras que, en relación a los derechos y garantías constitucionales que denunció afectados, la recurrente "en ningún tramo de su exposición explic[ó] de manera concreta de qué modo lo decidido por es[a] Sala [los desconoció] desentendiéndose por completo de los argumentos y del contenido del fallo" (fs. 11).
Concluyó en que tal déficit en el planteo de la cuestión federal fue el que determinó la inadmisibilidad del carril extraordinario escogido.
b. Tal criterio no ha sido controvertido por la quejosa, pues sus planteos consisten en una reedición de los llevados en la vía extraordinaria, desentendiéndose por completo de los fundamentos brindados por el órgano revisor para desestimar la impugnación. Dicha falencia sella la suerte de la presentación directa.
IV. Sólo resta indicar que, en el caso, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar la queja traída por la señora defensora particular de Javier Ignacio Iribarren, con costas (art. 486 bis del CPP).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por la labor desarrollada ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
LUIS ESTEBAN GENOUD
Lucia Jofre
Subsecretaria
Fin de la sentencia