Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 127129 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar -por improcedente- la queja interpuesta por la defensa oficial a favor de Luis Emilio Acona, con costas (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del C.P.P.).
P. 127.129-RQ - “Acona, Luis Emilio s/ Recurso de queja en causa N° 28.356/2333 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, Sala I”.
///Plata, 12 de julio 2017.-
La presente causa P. 127.129-RQ, caratulada: “Acona, Luis Emilio s/ Recurso de queja en causa N° 28.356/2333 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, Sala I”,
1. La Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Mercedes, mediante el pronunciamiento del 21 de abril de 2016, desestimó -por inadmisible- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido contra la resolución de ese mismo órgano jurisdiccional que si bien confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional Nº 4 departamental que había condenado a Luis Emilio Acona a la pena de un año de prisión de efectivo cumplimiento con declaración de reincidencia por la autoría del delito de amenazas, hizo lugar al planteo fiscal llevado en el recurso de apelación y dispuso que -en la anterior instancia- se unifiquen las penas impuestas en la presente causa y la dictada por el Tribunal en lo Criminal N° 2 departamental -causa N° 3824/1246/07- (fs. 123/126).
2. Frente a ello, el señor Defensor Oficial, doctor Sebastián Emilio Sampol, articuló recurso de queja (fs. 132/153).
Transcribió parcelas del auto denegatorio (fs. 133/134 vta.), y postuló que pretende que esta Suprema Corte actúe, en el caso, “como órgano ordinario de segunda instancia” (fs. 134 vta. in fine/135).
Esgrimió que en la vía denegada se denunció la inobservancia de los arts. 15, 16, 58 y 149 bis, primera parte -primer párrafo- del C.P., con afectación a los principios de legalidad y lesividad y vulneración a las garantías de defensa en juicio y debido proceso, lo que “fue expresamente fundamentado”. Entendió que debe garantizarse el derecho al recurso de su asistido -cfr. lo fallado en “Casal” por la C.S.J.N., y en “Herrera Ulloa” por la Corte I.D.H; arts. 8.2.h de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C. y P.- (fs. 135/136 vta.).
Advirtió que la índole de los agravios torna aplicable lo fallado por el Máximo tribunal en “Strada”, “Christou y “Di Mascio” -arts. 5 y 31 de la C.N.- (fs. 137).
Agregó que resulta imperioso que esta Corte “siente clara doctrina legal” sobre la configuración del delito de amenazas a tenor de los principios de legalidad y lesividad, y respecto a la falta de realización de la audiencia de visu, en el caso -art. 31 bis de la ley 5827- (fs. 138 in fine).
Reiteró que lo decidido por la Cámara vulnera la defensa en juicio de su asistido, y postuló que “la pena vencida no puede ser materia de unificación en perjuicio del imputado” (fs. 138 vta.). Consideró que obturar el acceso a esta Corte implica un agravio de imposible reparación ulterior, en tanto Luis Emilio Acona se encuentra actualmente en libertad (fs. 139).
Coligió que lo expuesto evidencia la “cuestión federal suficiente” (fs. 139 in fine).
Sostuvo que el auto carece de un razonamiento lógico, le adjudicó “un déficit de motivación insalvable (art. 106 del CPP)”, y la violación al art. 171 de la Constitución provincial (fs. 139 vta.).
Agregó que se efectuó un “análisis parcial de los requisitos de admisibilidad”. Refirió que el agravio del art. 149 bis del C.P. fue considerado en punto a la ausencia de la audiencia de visu, omitiendo examinar la vulneración a los principios de legalidad, lesividad y la garantía de la defensa en juicio que la parte llevó expresamente (fs. 139 vta. in fine/140). Señaló que habiéndose planteado inobservancia de la ley sustantiva -arts. 15, 16 y 58 del C.P.- y la consecuente violación a la garantía constitucional del debido proceso legal, el órgano omite mencionar los motivos de la desestimación (fs. 140).
Mencionó que la Cámara incurre en exceso -art. 486 del C.P.P.- (fs. 140).
Consideró reunido el supuesto del art. 31 bis -cuarto párrafo- de la ley 5827, y dejó planteada la inconstitucionalidad del art. 494 del C.P.P. por vulnerar el principio de igualdad ante la ley y el derecho a la revisión de la condena -arts. 16 de la C.N. y 8.2.H de la C.A.D.H.- (fs. 140 vta.).
Para finalizar, reiteró textualmente lo llevado en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denegado respecto al quebranto de los principios de legalidad y lesividad (v. fs. 142/147 vta. y fs. 107/113 vta.) y la garantía de la defensa en juicio (v. fs. 147 vta./152 y fs. 113 vta./117).
3. La queja no prospera.
En efecto, la Cámara descartó que el caso de autos encuadre en las previsiones del art. 494 del C.P.P. en virtud de la pena impuesta a Acona. No obstante, entendió que la vía escogida configura el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas -art. 14 de la ley 48, y lo fallado en “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” por la Corte federal- (fs. 124 vta./125). Seguido a ello, advirtió que la suficiencia del reclamo -en dicho marco- no se satisface con la mera invocación de una cuestión de ese tenor, sino que “será menester su correcto planteamiento” (fs. 125).
En dicho marco, razonó que la vulneración a “las garantías constitucionales de legalidad, debido proceso y derecho de defensa en juicio”, alegadas por el recurrente, no resultan eficaces a tal fin. Ello, pues “la simple referencia a mandatos de índole constitucional -obviamente- no basta, sino que se requiere la exposición de un fundamento expreso que permita verificar la acreditación de una causa federal suficiente” a fin de habilitar la instancia extraordinaria (fs. cit.).
A continuación, descartó el embate relacionado con el art. 149 bis del C.P. por entender que, “amén de efectuar una reedición de los agravios esbozados” en la vía de apelación, “se desentiende ahora de las respuestas concretas dadas por esta Alzada al confirmar el fallo de la instancia de grado”; pretendiendo -con la apertura extraordinaria- incursionar en cuestiones de orden probatorio, ajenas -por regla- a la instancia federal (fs. cit. y vta.).
A continuación, abordó el planteo referido a la falta de audiencia de visu (fs. 125 vta.). Desestimó el mismo por “su vinculación con cuestiones típicamente procesales sin evidenciarse adecuadamente el compromiso de garantías constitucionales, sumado a la ausencia de un señalamiento concreto de gravamen o perjuicio que la omisión le acarrea a la parte”, en consonancia con lo fallado por esta Suprema Corte en P. 123.206 (fs. cit.).
Para finalizar, descartó la inconstitucionalidad del art. 494 del C.P.P., por hallar que el mismo no configuró un obstáculo para la admisibilidad de la vía pretendida, resultando dirimentes los pre aludidos déficits en los planteos federales (fs. cit./126).
b. De lo reseñado, se advierte que la parte omitió refutar de modo concreto y razonado los argumentos que le dieron sustento a la declaración de inadmisibilidad de la vía extraordinaria.
En definitiva, el impugnante no removió los obstáculos formales en base a los cuales el Tribunal intermedio denegó el recurso extraordinario.
Ello, pues, pretendiendo evidenciar el cariz federal de sus agravios, se abocó -principalmente- a reeditar los cuestionamientos allí esgrimidos (v fs. 135/139 in fine), y -por otra parte-, desentendiéndose del tratamiento dado, intentó adjudicarle al decisorio un examen parcial de lo llevado en la vía denegada (v. fs. 139 vta./140).
En suma, incumplió con el objeto y finalidad del recurso de queja (arts. 484, 486 bis y ccds. del C.P.P.).
c. La denuncia de falta de motivación del auto adverso tampoco prospera, en tanto de su compulsa surge que el órgano intermedio cumplimentó el deber de fundamentación específico que le impone el art. 486 del digesto adjetivo (cfe. ley 14.647).
d. Tampoco tiene cabida la mera mención del exceso, en tanto la parte -más allá de su genérica alegación- no especifica de qué manera el órgano incurrió en el agravio que aquí denuncia.
Por ello la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar -por improcedente- la queja interpuesta por la defensa oficial a favor de Luis Emilio Acona, con costas (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia