Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 127148
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir parcialmente la queja y declarar mal denegado el recurso extraordinario de nulidad (art. 486 bis C.P.P.).
2Rechazar dicha vía extraordinaria, por improcedente, con costas (arts. 493 y ccds. del C.P.P.).
3Desestimar el tramo de la queja contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 486, 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
4Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77).
P. 127.148-RQ - “Arroyo, Rubén Claudio s/ Recurso de queja, en causa n° 29.798 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala III”.
///Plata, 28 de junio de 2017.-
La presente causa P. 127.148-RQ, caratulada: “Arroyo, Rubén Claudio s/ Recurso de queja, en causa n° 29.798 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala III”,
Y
I. La Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, mediante el pronunciamiento dictado el 19 de abril de 2016, denegó los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley deducidos por la defensa técnica de Rubén Claudio Arroyo, contra la decisión de ese Tribunal que confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 3 departamental, que lo había condenado a la pena de seis meses de prisión en suspenso, más las costas procesales, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de amenazas (fs. 41/45).
II. Frente a ello, el señor Defensor Particular -doctor Adrián Murcho- articuló recurso de queja (fs. 46/53 vta.).
a. En lo referente a la vía de nulidad rechazada, denunció la inobservancia por parte del a quo de los arts. 486 y 491 del C.P.P., por exceso en el juicio de admisibilidad. En tal sentido, afirmó que la Alzada se introdujo en el fondo del reclamo al sostener que no se advierte ninguna omisión de tratamiento de cuestiones esenciales (fs. 47/48).
Alegó que, de tal forma, se quebrantó el derecho de defensa en juicio, el acceso a la justicia y la garantía de revisión de las sentencias (fs. 48).
b. Con respecto al canal impugnativo del art. 494 del digesto adjetivo, tildó de arbitrario el resolutorio de admisibilidad negativa en tanto -según entendió- los magistrados “se han detenido en pequeñeces y se han apartado de la norma para rechazar el recurso, sin dar explicaciones ni motivos suficientes para hacerlo; y también porque han interpretado erróneamente los motivos del mismo” (fs. cit. y vta.).
Criticó la parcela del fallo fundado en la ausencia de demostración de la cuestión federal debatida, y resaltó que en el canal escogido se explicaron “en detalle[,] razonada y jurídicamente” las cuestiones deducidas por esa defensa, por lo que la alzada -en tanto juzgó que los planteos fueron meras discrepancias- nuevamente se ha extralimitado en sus funciones, introduciéndose en cuestiones de fondo que le están expresamente vedadas (fs. 49 y vta.).
En ese derrotero, adujo la vulneración del derecho al recurso, con cita de los arts. 8.2.h de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C. y P.; y trajo a colación los precedentes “Herrera Ulloa” y “Abella” de la C.I.D.H. -entre otros- (fs. 50/52 vta.).
III. Por cuestiones metodológicas, corresponde abordar en primer término los ataques vinculados al rechazo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, para luego introducirse en los relativos al carril descripto en el art. 491 del C.P.P.
IV. a. La presentación directa -en ésta parcela- no puede prosperar, en tanto el remedio del art. 494 del ritual fue bien denegado por la Cámara departamental.
En efecto, la alzada -luego de señalar que el canal impugnativo de inaplicabilidad de ley constituye habitualmente el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones de índole federal que pudieran encontrarse involucradas, a tenor de los precedentes “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” del cimero Tribunal-, obturó el acceso de los reclamos de la defensa al juzgar que el recurrente había omitido fundar en debida forma cual era la cuestión federal que haría procedente el recurso, por encima del valladar legal previsto en el art. 494 del digesto de forma (fs. 43/44).
En esa línea, remarcó que las meras discrepancias con lo decidido no configuran una cuestión de tal naturaleza, y refirió a la posición doctrinaria y jurisprudencial de éste alto Tribunal sobre la suficiencia y carga técnica necesaria con que deben articularse tales planteos (fs. 44 y vta.).
En virtud de lo indicado, concluyó en la deficiente formulación de los embates de pretendida índole federal (fs. cit.).
b. De lo reseñado se desprende que el impugnante, lejos de rebatir los argumentos por los que el a quo desestimó el carril intentado, dirigió sus esfuerzos a insistir en la alegación de una causal de naturaleza federal, que permite excepcionar las limitaciones objetivas a la recurribilidad establecidas en el art. 494 del C.P.P.
Por otra parte, la crítica en cuanto a la extensión del juicio de admisibilidad desplegado por el órgano intermedio no es de recibo, en tanto el examen de la suficiencia y carga técnica de los cuestionamientos federales es parte integrante del análisis que la Cámara debe efectuar de conformidad con el art. 486 del C.P.P. (cfe. P.125.455, res. del 13/V/2015, P. 125.523, res. del 20/V/2015, P. 125.506, res. del 3/VI/2015, P. 125.630, res. del 17/VI/2015, P. 125.577, res. del 17/VI/2015, e.o.).
En suma, el recurrente dejó incontrovertidos los fundamentos por los que el órgano revisor obturó el acceso de los reclamos a ésta Corte, e incumplió con el objeto y finalidad del recurso de queja (arts. 484, 486 bis y ccds. del C.P.P.).
V. Distinta suerte ha de correr el cuestionamiento realizado sobre la inadmisibilidad de la vía de nulidad.
Ocurre que frente a dicha parcela del auto denegatorio, la presentación directa prospera.
En efecto, asiste razón al quejoso en cuanto a la denuncia de exceso por parte del órgano revisor al denegar el recurso del art. 491 del C.P.P., toda vez que dicho tribunal se inmiscuyó en la procedencia del reclamo al sostener que “la defensa (…) introduce como agravios puntos que no fueron expuestos como tales en su recurso de apelación, o que en el mejor de los casos fueron mencionados como parte integrante de alguno de los dos agravios planteados y que por lo tanto recibieron debida respuesta”, a lo que adunó que “por ello, no aprecio la concurrencia en el caso del requisito específico que el recurso extraordinario de nulidad requiere, cual es la existencia de una omisión de tratamiento de una cuestión esencial del proceso” (fs. 42/43).
Sentado lo anterior, corresponde hacer lugar a la queja y declarar mal denegado el recurso extraordinario de nulidad (art. 486 del C.P.P.).
VI. Ahora bien, en tren de analizar la admisibilidad del canal intentado, cabe recordar que el art. 491 del digesto adjetivo establece que el recurso extraordinario de nulidad sólo podrá sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de las formalidades del acuerdo y voto individual de los jueces, o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (cfe. arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, cfe. doct. Ac. 94.522, 12/VII/2006; Ac. 97.232, 13/XII/2008; Ac. 104.341, 25/II/2009; P. 111.852, 6/X/2010; P. 108.471, 6/VI/2011; P. 111.942, 11/VII/2012; P. 113.508, 14/IV/2013, e.o.).
En el caso, se hallan reunidos los requisitos de admisibilidad de los arts. 482, 483 y 491 del Código Procesal Penal, por lo que corresponde admitir el remedio incoado y analizar -sin más- su procedencia, toda vez que resulta de aplicación el mecanismo contemplado en el art. 31 bis de la ley 5827.
VII. a. Así, la defensa -merced al remedio apelativo que dedujo (v. fs. 1/13 vta.)- cimentó sus agravios en la ausencia de materialidad ilícita y en la falta de configuración típica de la conducta achacada a su asistido.
b. La Cámara departamental, al momento de abordar los planteos esbozados, sostuvo que -conforme lo reglado en los arts. 434 y 435 del Cuerpo de forma- “debe ceñirse el presente al tratamiento de los puntos de la resolución del a quo alcanzados por los agravios que motivaran la impugnación interpuesta”. En ese discurrir, entendió que las diferencias entre los relatos de Rojas Pellerano y Body (víctima y testigo presencial del hecho, respectivamente) acerca del hecho bajo juzgamiento “no tienen la relevancia que se pretende, a saber, poner en duda todo aquello en lo que sí coinciden”. Indicó su acuerdo respecto de la repuesta brindada por el sentenciante sobre el tópico, detalló lo descripto por ambas en sus declaraciones y remarcó que ellas coincidieron “en que estaban cerca de Arroyo y que Body quedó detrás de Rojas Pellerano cuando ésta corrió hacia aquél”.
Agregó que las disimilitudes apuntadas por la defensa no tienen relevancia, en tanto la denunciante parece decir que Body corrió detrás suyo mientras que Body dijo que se acercó a Rojas Pellerano luego de los dichos amenazantes que oyó desde el punto de encuentro -puerta del local de comidas rápidas-; el que se halla próximo a la vereda, sitio donde la víctima dijo que se encontraron. Sumó a ello que el propio encartado, amén de reconocer su presencia en el lugar y momento así como haber dejado un paquete en el capot del vehículo de Rojas P., “no negó la existencia de una persona junto a aquélla”. Asimismo, remarcó los cuantiosos detalles aportados por la testigo presencial, lo cual -a su juicio- resultó “indicativo de declarar con veracidad, pues es sabido que cuanto más detalles se den, mayor es la posibilidad de incurrir en contradicciones tanto en el propio relato como en otras pruebas, poniendo en riesgo al credibilidad”.
Por otra parte, frente a la alegada falta de verosimilitud de los relatos sobre el supuesto explosivo que dejó el encartado sobre el vehículo de la denunciante, apreció que sólo la víctima dijo haber pensado eso, y no se refería a un explosivo considerable sino a algún elemento nocivo para su auto. Coligió que el evento narrado por ambas mujeres es “sustancialmente idéntico al referido en la denuncia que dio inicio a la presente […] y que resulta verosímil a la luz de los antecedentes de violencia ejercidos por Arroyo contra Rojas Pellerano, que bien ha tenido el a quo por acreditados”, y enumeró el plexo probal en que sustentó su conclusión (fs. 23/25 vta., la cursiva en el original).
Finalmente, con respecto a la entidad de la amenaza, señaló que las circunstancias esgrimidas referentes a los acercamientos entre víctima y victimario luego de algún episodio de violencia -incluso, con encuentros íntimos entre ambos- carecen de aptitud para probar no solamente la inexistencia del hecho sino también la falta de entidad de la amenaza, en tanto “[e]ra posible, y así lo ha afirmado la denunciante, que Arroyo ejerciera la violencia prometida”. De seguido, recordó que -en dicho contexto- “amenazar públicamente de muerte a quien se ha violentado en otras oportunidades, en concomitancia con el gesto de degüello, tiene la entidad requerida por el tipo penal de amenazas tipificadas en el art. 149 bis del CP” (fs. 25 vta./26).
c. Es dable señalar que la obligación de los Tribunales colegiados de resolver las cuestiones esenciales no implica la de contestar cada uno de los argumentos propuestos por las partes en apoyo de sus pretensiones (cfe. P. 72.030, sent. del 17/VII/2002; P. 74.423, sent. del 14/XI/2007; P. 89.920, sent. del 3/V/2006). De modo que al coincidir con la prueba de cargo valorada por el órgano de juicio y resolver los extremos cuestionados por la defensa, descartó implícitamente los argumentos -no cuestiones- relacionados con la valoración del plexo probal para concluir del modo en que lo hizo -esto es, la acreditación tanto de la materialidad ilícita como de la conducta subsumida en el tipo legal reglado en el art. 149 bis del fondal-. No se advierte, por lo expuesto, la alegada transgresión a los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial.
Y si lo que el recurrente pretende es traer a examen el acierto o profundidad de lo decidido por el a quo en derredor de aquellos puntos, corresponde expresar que ello es ajeno al medio revisor incoado (cfe. Ac. 103.664, res. del 8/X/2008; P. 101.920, res. del 28/X/2009).
Finalmente, la alegación de afectación a diversas garantías constitucionales reafirma que el canal escogido no se estructura de acuerdo a las previsiones que la Carta provincial (esto es, infracciones a los arts. 168 y 171 que pudieran padecer las sentencias definitivas de última instancia) y el Código Procesal Penal prescriben para el recurso extraordinario de nulidad (cfe. P. 115.095, res. del 8/VIII/2012; P.111.336, res. del 24/X/2012; P. 113.112, res. del 13/III/2013; P. 115.026, res. del 22/V/2013; P. 120.832, res. del 9/X/2013; P. 115.552, res. del 20/XI/2013; P. 116.231, res. del 5/III/2014; P.116.361, res. del 3/IV/2014; P. 116.036, res. del 9/IV/2014; e/o).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Admitir parcialmente la queja y declarar mal denegado el recurso extraordinario de nulidad (art. 486 bis C.P.P.).
2. Rechazar dicha vía extraordinaria, por improcedente, con costas (arts. 493 y ccds. del C.P.P.).
3. Desestimar el tramo de la queja contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 486, 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
4. Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia