Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 128575
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la queja interpuesta a favor de Javier Ignacio Iribarren; con costas (art. 486 bis del C.P.P.).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por la labor desarrollada ante esta instancia por la doctora María Paula Hernández (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77).
“IRIBARREN, JAVIER IGNACIO S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA Nº 29.360 DE LA CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DE MAR DEL PLATA, SALA I”.
La Plata,27 de septiembre 2017
La presente causa P. 128.575-RQ, caratulada: “Iribarren, Javier Ignacio s/ Recurso de queja en causa N° 29.360 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala I”,
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Mar del Plata, mediante el pronunciamiento dictado el 28 de diciembre de 2016, desestimó –por inadmisible- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado contra la decisión de ese órgano que confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional N° 4 departamental, que a su vez había ratificado la del Juzgado de Faltas Nº 5 de dicha ciudad, por la que se había impuesto a Javier Ignacio Iribarren una multa de diez mil pesos, por infracción al art. 2.5 Anexo I de la Ordenanza N° 20.054 (fs. 4/5).
II. Frente a ello, la letrada de confianza del nombrado, doctora María Paula Hernández, articuló recurso de queja (fs. 20/23 vta.).
Liminarmente, se refirió al cumplimiento de los recaudos formales de la impugnación, y reseñó los antecedentes del caso (fs. 20 vta./22).
Alegó que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley resulta procedente en los supuestos en los que se encontrare en juego garantías de raigambre federal o se tratare de sentencias que incurren en arbitrariedad (fs. 22 vta.).
Señaló que la Cámara al confirmar la sanción impuesta a su asistido con fundamento en un acta de constatación “manifiestamente inválida por no cumplir los requisitos de la normativa reglamentaria aplicable al caso”, incurrió en arbitrariedad por no aplicar el Reglamento de Inspecciones Municipales aprobado por Decreto N° 5.355/87 y desconocer la presunción de inocencia que existe a favor de todo imputado, en el entendimiento de que la intimación previa que exigía cursar dicha reglamentación para ampliar la habilitación originaria no era aplicable, en tanto habían sido sancionados anteriormente por la misma situación.
III. La queja no es de recibo.
1. En efecto, la Cámara, en primer lugar, sostuvo que en autos no se encuentran abastecidos los recaudos previstos en el artículo 494 del Código Procesal Penal.
Sin perjuicio de ello, se abocó a analizar si mediaba algún planteo federal que, de acuerdo a la doctrina de los precedentes “Strada”, “Di Mascio” y “Christou”, permitiera sortear dicho obstáculo formal.
En dicho marco, destacó que de la lectura de la pieza recursiva surge que la defensa se limitó a enunciar los derechos y garantías de índole constitucional que estimó afectados, y que “en ningún tramo de su exposición explic[ó] de manera concreta de qué modo lo decidido por es[a] Sala desconoce tales derechos y garantías, desentendiéndose de los argumentos y del contenido del fallo” (fs. 4 vta.).
Concluyó que el déficit en el planteamiento de la cuestión federal, determinó la inadmisibilidad del recurso.
2. Tales argumentos no han sido controvertidos por la quejosa; en tanto sus planteos se circunscriben a reeditar los embates de la vía extraordinaria, más se desentienden por completo de los fundamentos brindados por la instancia anterior para desestimar la impugnación.
Dicha falencia sella la suerte de la presentación directa.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar la queja interpuesta a favor de Javier Ignacio Iribarren; con costas (art. 486 bis del C.P.P.).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por la labor desarrollada ante esta instancia por la doctora María Paula Hernández (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia