Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128516
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar –por improcedente- la queja interpuesta a favor de Carlos Gabriel Moraez; con costas (art. 486 bis y concs. del CPP).
"MORAEZ, CARLOS GABRIEL S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 29.965 DE LA CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DE MERCEDES, SALA III".
La Plata, 29 de noviembre de 2017.
La presente causa P. 128.516-RQ, caratulada: "Moraez, Carlos Gabriel s/ Recurso de queja en causa N° 29.965 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, Sala III",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Mercedes, mediante el pronunciamiento del 30 de diciembre de 2016, desestimó por inadmisible- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado contra la decisión de dicho órgano que confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 3 departamental que en el marco de un juicio abreviado- había condenado a Carlos Gabriel Moraez a la pena de siete meses de prisión de efectivo cumplimiento, con más la declaración de reincidencia, y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de hurto simple en grado de tentativa; y a la pena única de cinco años y cinco meses de prisión (v. fs. 17/19).
Para así resolver, sostuvo que si bien el recurso reúne las exigencias de los arts. 482 y 483 del código de rito, "la vía impugnada quedaría supérstite cuando se hubiera cuestionado de manera suficiente alguna cláusula constitucional aprehensiva de una típica cuestión federal".
En dicho marco, razonó que la formulada por la parte no posee entidad suficiente para traspasar el valladar referenciado, toda vez que frente a planteos idénticos al aquí tratado, esta Corte provincial previo a la sanción de la ley 14.647- ha tenido oportunidad de desestimarlos por entender que "el recurrente en su impugnación, desentendiéndose de la oportuna respuesta brindada por e[s]a Alzada (…), se limitó a expresar su opinión personal contraria a lo resuelto", sin adunarle ningún fundamento que evidencie la violación a las garantías constitucionales invocadas.
Asimismo, trajo a colación lo resuelto por esta Corte en la causa P. 107.574, en punto a cuál es el objeto de la doctrina de la arbitrariedad y a que "la recurrente no se hace cargo de explicar por qué el punto de ingreso a la escala penal debe ser su mínimo ni, mucho menos en el marco en que se abriera el presente recurso- cómo se configuraría la arbitrariedad denunciada siendo que la pena impuesta se corresponde con la solicitada al Tribunal" (v. fs. 18 vta. cursiva en el original-).
II. Contra lo así decidido, la señora Defensora Oficial ante la aludida instancia doctora Maria Celina Bereterbide- articuló recurso de queja (v. fs. 24/26 vta.).
Afirmó que el recurso fue mal denegado, toda vez que fue oportunamente incoado y bajo las formalidades de rigor.
De seguido, postuló que en la vía extraordinaria "se planteó fundadamente la cuestión federal, como así también la arbitrariedad" de la sentencia en crisis. Indicó que el a quo ha persistido en no rebatir los agravios que oportunamente esa defensa planteó, vale decir, la pena excesiva a la que se lo condenó, toda vez que, sin haber computado ninguna agravante se le aplicó una pena que representa catorce veces el mínimo de la escala penal aplicable. Sumó a ello que no comparte lo esbozado en punto a que sus argumentos sólo son una opinión personal; en tanto los mismos constituyen una situación clara y objetiva.
Denunció exceso en el juicio de admisibilidad efectuado, y postuló que se incurrió "una vez más" en arbitrariedad "al no tratar el fundamento concerniente a la falta de tratamiento del agravio referido a la citada agravante" (conf. P. 126.076) fs. 25-.
Mencionó el carácter irreparable del perjuicio en virtud de la sanción privativa de la libertad; lo que sostuvo- motiva la intervención de un Tribunal superior en resguardo de las garantías de debido proceso, defensa en juicio, acceso a la justicia y el derecho a una revisión amplia.
A todo evento, expuso que cuando está en juego la libertad, concurre asimismo una cuestión de gravedad institucional.
Para finalizar destacó que el embate federal amerita la concesión del remedio denegado (v. fs. 26).
1. De lo reseñado en el acápite primero, se desprende que el argumento basal por el cual el a quo obturó el acceso a esta instancia radica en la insuficiencia de la cuestión federal.
Empero, conforme lo expuesto, se advierte que en su intento- la defensa no controvirtió de modo eficaz los fundamentos de la resolución atacada, limitando sus esfuerzos a reeditar los planteos expuestos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley desestimado y a exponer que sus manifestaciones no eran "sólo una opinión personal".
De este modo, la parte no desarrolló ningún argumento tendiente a remover el obstáculo formal en base al cual se desestimó el remedio impugnativo.
2. La denuncia genérica de exceso en el juicio de admisibilidad, tampoco es de recibo, en tanto no se especifica de qué manera el Tribunal de Alzada incurrió en dicha falencia.
Cabe destacar, en lo que respecta a la cita de la causa P. 126.076 "Tocalini" de este Tribual efectuada sobre el punto (v. fs. 25, tercer párrafo), que la recurrente no se hace cargo de las diferencias causídicas entre dicho precedente y las concretas circunstancias del presente de modo tal de explicitar por qué, pese a esas relevantes diferencias, aquí se debía resolver en similar sentido.
3. En consecuencia, la tacha de arbitrariedad queda huérfana de sustento argumental.
IV. Finalmente, en lo que atañe a la invocada existencia de gravedad institucional, es dable recordar que tal extremo está íntimamente relacionado en grado de dependencia- a la verdadera presencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no observándose en el caso un supuesto de las características prealudidas.
En esta línea de pensamiento, se ha resuelto que no cabe hacer lugar a aquélla, si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de modo indudable la concurrencia de tal circunstancia (conf. doctr. Ac. 88.681; Ac. 99.627; Ac. 99.994; Ac. 99.008; Ac. 99.007 y Ac. 106.372, 15-IV-2009; P. 105.783, resol. de 9-XII-2009; conf. CSJN, Fallos: 303:221).
Por ello la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar –por improcedente- la queja interpuesta a favor de Carlos Gabriel Moraez; con costas (art. 486 bis y concs. del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
Lucia Jofre
Subsecretaria
Fin de la sentencia