Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129009
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar la queja traída por la defensa particular a favor de Andrés Gabrielli a fs. 12/18 y vta., con costas (art. 486 bis, CPP).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales correspondientes al doctor Alejandro Martín Borawski Chanes por la labor desempeñada ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
"GABRIELLI, ANDRÉS S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 29.766 DE LA CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DE MAR DEL PLATA, SALA I"
La Plata, 20 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 129.009-RQ, caratulada: "Gabrielli, Andrés s/ Recurso de queja en causa N° 29.766 de la Cámara de Apelación y garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala I",
I. La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, el 28 de abril de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa particular a favor de Andrés Gabrielli contra el pronunciamiento de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, confirmó el fallo del Juzgado en lo Correccional n° 3 que lo condenó a la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento, costas más declaración de reincidencia, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de lesiones graves (v. fs. 10/11).
Para arribar a tal conclusión y luego de explicitar que la vía interpuesta resultaba la idónea para el abordaje de las cuestiones federales, estimó que en el caso la defensa se había limitado a enunciar los derechos y garantías que consideró afectados sin explicitar de manera concreta de qué manera lo decidido los desconocía, habiéndose desentendido de los argumentos y del contenido del fallo.
En consecuencia, juzgó que no se encontraban involucradas de manera directa e inmediata cuestiones de índole federal (v. fs. 11).
II. Frente a ello, el defensor particular, doctor Alejandro Martín Borawski Chanes, presentó queja en los términos del art. 486 bis del ordenamiento adjetivo (v. fs. 12/18 y vta.).
Allí sostuvo que la decisión en crisis resulta arbitraria por contener un fundamento aparente; que afectó el derecho a la tutela judicial efectiva así como la garantía del juez imparcial, toda vez que los integrantes de la Cámara se erigieron como jueces de sus propios actos jurisdiccionales (v. fs. 15).
Afirmó el planteamiento de cuestiones federales, las que surgieron con el dictado de los fallos anteriores. También que cada una de las indicaciones de violación de garantías constitucionales contempladas en los tratados internacionales y normas de la Constitución nacional fueron individualizadas (v. fs. 16 vta.).
Agregó que la cámara no explicitó en los términos de art. 106 del ritual los motivos por los que desestimó el recurso (v. fs. cit./17).
Finalmente, sostuvo la violación a la garantía constitucional a ser juzgado en un plazo razonable (v. fs. 17 vta.).
III. La vía directa deducida es improcedente.
Ello por cuanto la parte insiste con el planteamiento de cuestiones federales, haciendo caso omiso a los argumentos expuestos por el a quo que derivaron en la inadmisibilidad de la impugnación (v. reseña del acápite I de la presente).
Además, sostiene la arbitrariedad de la decisión por contener a su criterio- un fundamento aparente sin explicitar cómo se habría configurado tal vicio. Mismo déficit presentan las alegaciones relativas a la imparcialidad del juzgador, a la tutela judicial efectiva y al derecho ser juzgado en un plazo razonable, en razón de que no contienen un mínimo análisis circunstanciado con lo ocurrido en el presente.
En ese sentido, resulta oportuno recordar que si bien es cierto que no existen fórmulas sacramentales para introducir la cuestión federal, es indispensable que en la primera oportunidad concreta, se haga mención del derecho federal que se entiende conculcado, así como la demostración de su vínculo con la materia del pleito, lo cual presupone un mínimo de desarrollo argumental sobre el punto (conf. CSJN, Fallos: 286: 71; 294: 50; 306: 979; etc).
En definitiva, el autor de la queja no logra demostrar la relación directa e inmediata entre garantías constitucionales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, motivo por el que su presentación se devela inidónea para conmover el juicio de admisibilidad negativo desplegado (arts. 486 bis, CPP).
IV. En cuanto a la regulación de honorarios, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017)..
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Desestimar la queja traída por la defensa particular a favor de Andrés Gabrielli a fs. 12/18 y vta., con costas (art. 486 bis, CPP).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales correspondientes al doctor Alejandro Martín Borawski Chanes por la labor desempeñada ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia