Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128281
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la queja interpuesta a favor de Juan María Rodríguez Sosa, con costas (art. 484, 486 bis y concs. del CPP).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por la labor desarrollada ante esta instancia por la doctora María Paula Hernández (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
"Rodríguez Sosa, Juan María s/ Recurso de queja en causa N° 29.367 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala II"
La Plata, 27 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 128.281-RQ, caratulada: "Rodríguez Sosa, Juan María s/ Recurso de queja en causa N° 29.367 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala II",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, mediante el pronunciamiento dictado el 9 de noviembre de 2016, desestimó -por inadmisible- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado contra la decisión de ese órgano que confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 1 departamental, que a su vez había ratificado la del Tribunal de Faltas n° 3 de dicha ciudad, por la que se había impuesto a Juan María Rodríguez Sosa la sanción de multa de cuatro mil pesos, por infracción a los arts. 2.2.1 Anexo I de la Ordenanza n° 20054, reglamentada por el decreto n° 2285/11 y 99 de la Ord. n° 4544/79 (v. fs. 1/2).
II. Frente a ello, la letrada de confianza del nombrado, doctora María Paula Hernández, dedujo queja (v. fs. 17/21).
Alegó que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley resulta procedente en los supuestos en los que se encuentran en juego garantías de raigambre federal o se trata de sentencias que incurren en arbitrariedad (v. fs. 20 vta.).
Señaló que la Cámara al confirmar la sanción impuesta a su asistido con fundamento en un acta de constatación "manifiestamente inválida por no cumplir los requisitos de la normativa reglamentaria aplicable al caso", incurrió en arbitrariedad por no aplicar el Reglamento de Inspecciones Municipales aprobado por decreto n° 5.355/87 y desconocer la presunción de inocencia que existe a favor de todo imputado, en el entendimiento de que la intimación previa que exigía cursar dicha reglamentación para ampliar la habilitación originaria no era aplicable, en tanto habían sido sancionados anteriormente por la misma situación (v. fs. cit.).
III. La queja es improcedente.
Para decidir la inadmisibilidad de la impugnación extraordinaria, el Tribunal de Alzada consideró que el caso no reunía los recaudos exigidos por el art. 494 del Código Procesal Penal. En virtud de ello, se abocó a analizar si mediaba algún planteo federal que, de acuerdo a la doctrina de los precedentes "Strada", "Di Mascio" y "Marchal" de la CSJN, permitiera sortear dicho obstáculo formal.
En dicho marco, señaló que de la lectura del remedio se advertía sólo una discrepancia en cuanto a la interpretación asignada a las Ordenanzas aplicadas, sin que la parte hubiese individualizado cuál era el precepto constitucional en crisis, ni de qué forma había sido transgredido; también descartó que la genérica alusión a un supuesto de "arbitrariedad por exceso ritual manifiesto" abasteciera la carga técnica necesaria para acceder a la instancia extraordinaria (v. fs. 1/2).
Frente a lo así decidido, la parte se limitó a señalar que la vía elegida era la pertinente para canalizar las cuestiones federales y a reeditar los planteos llevados en el carril extraordinario, técnica ineficaz para enervar el juicio negativo al que arribó la instancia anterior.
De este modo, incumplió con el objeto y finalidad del recurso de queja (arts. 484, 486 bis y concs. del CPP), permaneciendo incólumes los fundamentos transcriptos los párrafos precedentes.
IV. En cuanto a la regulación de honorarios, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar la queja interpuesta a favor de Juan María Rodríguez Sosa, con costas (art. 484, 486 bis y concs. del CPP).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por la labor desarrollada ante esta instancia por la doctora María Paula Hernández (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°3092
Fin de la sentencia