Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128461
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (art. 493 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 19 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari , Negri, Genoud, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 128.461, "Croce, Sergio Sebastián. Recurso extraordinario de nulidad en causa 29.539 de la Sala III, de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, del Departamento Judicial de Mar del Plata".
La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mar del Plata, mediante el pronunciamiento del 31 de octubre de 2016, confirmó la decisión del Juzgado Correccional n° 1 departamental, que condenó a Sergio Sebastián Croce a la pena única de un año de prisión y multa de doscientos veinticinco pesos, con costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de tenencia ilegítima de estupefacientes (art. 14, primer párr., ley 23.737), y comprensiva de la pena de quince días de prisión de ejecución condicional, dictada en orden al delito de resistencia a la autoridad (art. 239, Cód. Penal), por el Juzgado de Garantías n° 9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora en IPP 07-02-011484-10, revocando dicha condicionalidad (v. fs. 267/269 vta.).
Frente a lo así resuelto, la señora defensora oficial del imputado, doctora Gabriela Peña, interpuso los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 274/283). La Sala interviniente concedió el primero y declaró inadmisible el segundo (v. fs. 285/286). Esta Corte, a posteriori, rechazó -por improcedente- la queja incoada por la citada defensora, contra la decisión que denegó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. resol., fs. 58/59, en incidente que corre por cuerda, causa P. 128.381 RQ).
Oído el señor Procurador General a fs. 75/78, dictada la providencia de autos (v. fs. 79) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Contra el pronunciamiento citado en los antecedentes, la defensa oficial interpuso recurso extraordinario de nulidad, denunciando falta de tratamiento de una cuestión esencial en violación a los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial (v. fs. 275 vta. y 276).
En su desarrollo sostuvo que la Cámara interviniente omitió analizar el agravio n° 2 promovido por la defensa en la apelación, relativo a la errónea aplicación del art. 14 primer párrafo de la ley 23.737, la inobservancia de la doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso "Vega Giménez", y la violación de las normas sobre apreciación de la prueba y del principio de inocencia (arts. 18 de la Constitución nacional; 1, 210 y 373 del Código Procesal Penal; v. fs. 276).
Consideró que, frente al cambio de calificación propiciado -por la figura de tenencia de estupefacientes para uso personal (art. 14, segundo párr., ley 23.737)-, el fallo criticado omitió tratar diferentes cuestiones fácticas y jurídicas expresamente invocadas; y, además, atribuyó argumentos extraños a esa parte, lo que consideró como una denegación de justicia, poniendo en evidencia la ausencia de un análisis adecuado sobre el remedio rechazado (v. fs. 276 vta.).
Adujo que se incumplió la exigencia constitucional de fundamentación de las resoluciones judiciales, afectando las garantías del imputado frente a la violación de las reglas del debido proceso (v. fs. 277).
Sostuvo que no existió tratamiento respecto a la cantidad de estupefacientes secuestrados como único fundamento para rechazar la calificación más benigna, y que la condena atribuye la totalidad de la droga secuestrada a su defendido, cuando la acusación también imputó su detentación al coimputado Acosta, "...quien por dicha tenencia compartida ha suscripto una suspensión de juicio a prueba en [esos] mismos autos..." (fs. cit.).
Estimó que ello no sólo resulta una conclusión contraria a las constancias probadas de la causa, sino que modifica el objeto procesal y los términos de la imputación, "...configurando la sentencia un hecho distinto al imputado lo que acarrea la nulidad de la misma por afectación al principio de congruencia..." (fs. 277 vta.).
Dijo que tampoco recibió respuesta la adicción a las drogas por parte del imputado, lo cual se desprende del informe socio ambiental glosado en autos, del certificado de la psicóloga de Croce y de la condena que registra el encartado a una pena de quince días de prisión de ejecución condicional con la regla de abstenerse de usar estupefacientes "...lo que avala fehacientemente la adicción de larga data que padece..." (fs. 277 vta.).
Seguidamente, manifestó haber señalado la contradicción de la sentencia condenatoria de primera instancia, que consideró probada la condición de consumidor de estupefaciente del imputado, al mismo tiempo que descartó que la marihuana secuestrada fuera para uso personal (v. fs. cit.).
Según la recurrente, se omitió abordar la circunstancia relativa a que el acusado y su consorte de causa, detentaban la marihuana en Mar del Plata, siendo que residen en Lanús, "...lo que explica que tuvieran consigo una cantidad para su uso durante todo el tiempo que se prolongara su estadía fuera de su lugar de residencia...", circunstancia respaldatoria de la calificación reclamada (v. fs. 278).
Luego, señaló las cuestiones de derecho que estimó omitidas en la sentencia, relativas a la consideración de la normativa legal y constitucional y la doctrina legal citada por esa parte en fundamento del agravio no analizado.
Detalló particularmente las normas de la sana crítica racional, de la carga de la prueba y del principio de inocencia (arts. 1, 106, 210, 373, CPP; 18, Const. nac.) y la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Vega Giménez", que reprodujo en fragmentos (v. fs. 278).
Solicitó que se declare la nulidad de la sentencia, se traten los agravios omitidos y se subsuma el evento en la figura delictiva de tenencia de estupefacientes para uso personal. También solicitó que se trate la declaración de inconstitucionalidad de dicho tipo penal, por aplicación de la doctrina que emerge del citado fallo "Arriola" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pues "...se ha acreditado que la detentación de la droga no ha sido ostensiblemente ante terceros ni ha afectado la salud pública, ya que, como surge de la misma sentencia, la marihuana fue secuestrada dentro del vehículo que ocupaban Croce y Acosta, sin trascendencia a terceras personas, conducta protegida por el principio de reserva de los actos privados (art. 19, CN),[...] como fuera requerido en el agravio cuya omisión es materia del presente recurso" (fs. 278 vta.).
II. El señor Procurador General al emitir su dictamen aconsejó el rechazo del recurso (v. fs. 290/293).
III. Coincido con él.
III.1. En cuanto aquí interesa, la Cámara desestimó la "falta de diligenciamiento de prueba, por cuanto la presentación que obra a fs. 181 fue una manifestación de la parte recurrente que solo dejaba a criterio de la Sra. Juez su producción, y al sólo efecto [...] de corroborar o certificar lo que había sido remitido mediante oficio a la defensoría oficial, no surgiendo de su contenido que existiera una dependencia física o psíquica por parte del imputado a los estupefacientes, más precisamente a la marihuana, sino más bien se desprende del informe elaborado en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, obrante a fs. 179/180, estar en presencia de un consumidor cotidiano o habitual desde la adolescencia, cuestión esta que dio por probada la sentenciante, y entendiendo que a su criterio resultaba innecesaria el pedido de ampliación o ratificación del informe, antes aludido" (fs. 268).
También tuvo presente "...que más allá que se le dio una respuesta negativa a la aplicación del procedimiento previsto en el art. 18 de la ley 23.737, tampoco se le impuso la medida de seguridad curativa prevista en el art. 16, y ello evidentemente porque no se tuvo por acreditado el extremo de dependencia física o psíquica[...][es] decir [...]aun cuando esa circunstancia hubiera existido, el tratamiento se encuentra previsto tanto para el que posee el estupefaciente para consumo personal como para aquél que simplemente lo tiene" (fs. cit.).
Con dicha base, el a quo juzgó que "...la cantidad secuestrada es más que significativa, puesto que supera ampliamente lo que un consumidor pueda usar en forma personal, estamos hablando del secuestro de 430 gramos de marihuana -en forma de ladrillo-, más dos pequeños envoltorios de 14,79 y 3,06 de la misma sustancia, las que arrojan 1179 dosis umbrales y la posibilidad armados de 828 cigarrillos de dicha sustancia" (fs. 268 vta.).
En función de ello, compartió el razonamiento del representante del Ministerio Público Fiscal, en cuanto a que el conocido fallo "Arriola" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta diametralmente opuesto al presente caso, siendo que "...de ninguna manera dicho precedente deroga tácitamente el art. 14 segunda parte de la ley 23.737, quedando bien diferenciadas las conductas tipificadas en los dos párrafos de la norma aludida, y por ende con eventuales tratamientos curativos similares, de verificarse la dependencia física o psíquica, pero con consecuencias procesales disímiles" (fs. 268 vta.).
Más adelante, el a quo expresó su discrepancia con la defensa en que el planteo de inconstitucionalidad -del mínimo de la pena prevista para la figura contenida en el art. 14 primer párrafo de la ley 23.737-, no hubiese sido tratado y rechazado con adecuada fundamentación por la jueza de grado, recordando que una declaración de esa naturaleza "...constituye una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendar a un tribunal de justicia; es un acto de suma gravedad institucional y debe ser considerado la última ratio del orden jurídico. De allí que para su procedencia se requiere que el interesado demuestre acabadamente de qué manera ésta contraría la Constitución causándole con ello un agravio. Un planteo de esta índole, para ser atendido, debe tener un sólido desarrollo argumental y contar con un no menos sólido fundamento que se apoye en las probanzas de la causa'..." (fs. cit. y 269).
Cabe recordar que es doctrina de esta Suprema Corte que aun cuando el a quo no haya respondido directamente cada uno de los argumentos de la parte, si el análisis valorativo conlleva un implícito rechazo del planteo, no se configura la indebida preterición que da lugar al recurso de nulidad (doctr. causas P. 93.196, sent. de 29-X-2008; P. 106.168, sent. de 17-III-2010; e.o.).
Las denuncias de denegación de justicia, afectación a las reglas del debido proceso y al principio de congruencia, así como los déficits atribuidos al razonamiento del sentenciante (v. fs. 276/277 vta.), son ajenas a la vía impugnativa intentada y eventualmente remediables en el marco del recurso de inaplicabilidad de ley (conf. SCBA causas P. 54.465, sent. de 14-VII-1998; P. 54.709, sent. de 29-XI-2000; e.o.).
De modo que no se evidencia el vicio señalado por la defensa, y, contrariamente a ello, el fallo puesto en crisis cumple con las exigencias impuestas por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (arts. 168 y 171).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Negri, Genoud y Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (art. 493 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y, devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia