Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130701
En la ciudad de La Plata, a 16 de marzo de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Pettigiani, Soria, Kogan, Torres , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.701, "Pérez, Luis Alberto. Recurso de queja en causa n° 29.265 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III".
La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata mediante el pronunciamiento del 8 de septiembre de 2017, resolvió rechazar el recurso interpuesto por la defensa oficial de Luis Alberto Pérez, confirmando la sentencia del Juez Correccional n° 3 departamental que lo había condenado a la pena de un año de prisión de efectivo cumplimiento y costas, por considerarlo autor responsable del delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil (art. 189 bis, inc.2, párrafo tercero, Cód. Penal; v. fs. 146/148 vta.).
La señora defensora oficial, doctora Gabriela Peña, articuló recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 152/164), los que fueron declarados inadmisibles por el órgano intermedio (v. fs. 173/174).
Presentada la queja pertinente (v. fs. 228/242 vta.), fue admitida por la resolución de esta Corte el 13 de febrero de 2019, que concedió las vías impugnativas deducidas; la de nulidad, en tanto denunciaba la omisión de tratamiento de una cuestión estimada esencial y la de inaplicabilidad de ley para el tratamiento de los agravios formulados con pretenso alcance federal (v. fs. 242/245).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 250/258), dictada la providencia de autos (v. fs. 259) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad deducido?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Bajo la denuncia de haberse violado el art. 168 de la Constitución provincial, la defensa afirma que el fallo que impugna incurre en el vicio de incongruencia por pronunciarse acerca de cuestiones que no fueron materia de agravio -tal, la validez del procedimiento de aprehensión del imputado-; y no hacerlo respecto de las objeciones formuladas a la acreditación de la materialidad ilícita; además de atribuirle la incorporación de prueba ajena al proceso -la fotografía glosada a fs. 32-, en violación del sistema acusatorio y de la garantía de imparcialidad; cita los arts. 202, 203, 338, 367 y 434 del Código Procesal Penal (v. fs. 155 y vta.).
Explica que de tal forma quedó sin respuesta lo planteado por esa parte en cuanto a la falsedad e insuficiencia de las declaraciones prestadas por los oficiales preventores Velázquez y Barreto, ya que no habrían podido afirmar que el supuesto objeto arrojado por el acusado fuese un arma de fuego, ni coincidieron tampoco en la distancia en que se produjo ese supuesto descarte; todo lo cual, en su parecer, "...pone en crisis la acreditación de la existencia misma del delito" (fs. 155).
En razón de ello, la recurrente reclama la anulación de la sentencia por quebrantar formas esenciales, en violación de la normativa y principios mencionados (v. fs. 155 vta. y 156).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso, temperamento que comparto.
Por un lado, porque como bien indica a fs. 253 de su dictamen, las alegaciones vinculadas a las denuncias de una supuesta afectación de los principios de congruencia y acusatorio, así como de la garantía de imparcialidad del juzgador, resultan ajenas a la vía de nulidad en examen y eventualmente atendibles en el marco del remedio de inaplicabilidad de ley también incoado, que será motivo de análisis en la segunda cuestión.
De otra parte, en cuanto la defensa reclama por la falta de consideración de las objeciones formuladas a las declaraciones de los funcionarios intervinientes, surge del fallo recurrido la coincidencia expresada con el mérito que el juez de grado otorgó a dichos testimonios para, junto con otros elementos, reconstruir los hechos que dieron sustento a la tipificación delictiva por la que resultó condenado Luis Alberto Pérez.
En particular, el a quo desestimó que las aducidas inconsistencias en las testimoniales de los oficiales intervinientes Velázquez y Barreto hubiesen versado sobre aspectos significantes del caso; razonando que más allá de cual fuese la circunstancia de su presencia en la vía pública escenario del hecho en cuestión -con motivo de un llamado efectuado al servicio de emergencias 911, o por las razones que según la testigo Díaz le refiriera algún otro de los funcionarios allí presentes-; los mencionados declarantes habían sido contestes en que su actuación se debió a la observancia de un hombre que al advertir la presencia de ambos, "...arroja un elemento, el que a la postre resultó ser un arma de fuego"; como también en las características de su vestimenta, describiendo que usaba campera verde, mientras quien lo acompañaba, Brian Manuel Guerazar, vestía campera marrón; de allí que para el sentenciante, la confusión en cuanto al color de la campera que poseía quien arrojó el arma no tenía incidencia alguna; sin perjuicio de haber señalado que el mismo dato surgía de las placas fotográficas obrantes a fs. 32, que fueron tomadas a Pérez en la oficina técnica de identificación de personas dependiente del Ministerio Público Fiscal, al poco tiempo de ser aprehendido, prueba ofrecida por la fiscalía a fs. 89/90 y ratificada como incorporada por lectura a fs. 94 vta. (v. fs. 147).
En suma, la Cámara descreyó de la versión exculpatoria del acusado, por cuanto los preventores en ningún momento lo habían perdido de vista junto a la otra persona interceptada; indicaron en forma concluyente cuál de ellos es quien se descarta del arma en cuestión, el lugar donde queda -bajo una planta- y a que distancia divisan esa circunstancia -siendo que la distinta estimación al respecto efectuada por aquéllos fue tenida por insustancial e irrelevante a fs. 126 de la sentencia originaria en virtud de la concordancia de los testigos sobre el señalado sitio en que fuese hallada- (v. fs. cit.).
Ante el tratamiento dispensado a los agravios propuestos, la defensa expresa su criterio discrepante con la valoración de la prueba, temática que excede el acotado ámbito de conocimiento que compete a esta Corte mediante el remedio extraordinario de nulidad (conf. doctr. causas P. 69.388, sent. de 13-XII-2000; P. 70.628, sent. de 28-VIII-2002; P. 88.249, sent. de 8-VII-2008; P. 115.066, resol. de 12-III-2014; e.o.); a más que, tal como se pone de manifiesto a fs. 254 del dictamen de la Procuración con apoyo en la doctrina de este Tribunal que allí se cita, no está obligado el tribunal a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino solo los que estime pertinentes para la resolución del tema; sin que tampoco la defensa haya demostrado que se hubiese prescindido del abordaje de alguno que tuviera carácter esencial o incidencia sustancial en la decisión final del caso (conf. causa P. 129.304, sent. de 19-IX-2018 y sentencias allí citadas).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Genoud, aunque estimo necesario –respecto a lo expuesto en el punto II segundo párrafo- dejar a salvo mi criterio divergente referido a que las cuestiones federales merecen una respuesta más allá de los límites formales establecidos para la vía recursiva elegida, a fin de permitirle al impugnante transitar por el Superior Tribunal de la causa como recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal (art. 14, ley 48), conforme lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de los precedentes "Strada" (CSJN Fallos: 308:490), "Di Mascio" (CSJN Fallos: 311:2478) y "Christou" (CSJN Fallos: 310:324), entre otros (conf. causa P. 63.922, "Cáceres", sent. de 10-V-2006; e.o.).
De todos modos, dado que las alegaciones vinculadas a las denuncias de supuesta afectación de los principios de congruencia y acusatorio, así como de la garantía de imparcialidad del juzgador, también han sido incluidas por el recurrente en la vía de inaplicabilidad de ley concedida, los planteos de pretensa índole federal serán allí abordados (conf. mis votos en causas P. 113.640, sent. de 13-IX-2014; P. 120.878, sent. de 9-III-2016; P. 121.259, sent. de 17-V-2017; e.o.).
Con tal agregado, voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Por la vía de inaplicabilidad de ley, la defensa formula los agravios que siguen contra la sentencia de Cámara que convalidó la condena de Luis Alberto Pérez.
I. Denuncia la aplicación errónea del art. 189 bis, inc. 2, párrafo tercero del Código Penal, por arbitraria valoración de las constancias de la causa; inobservancia del principio de inocencia y de las garantías de debido proceso e imparcialidad (arts. 18, Const. nacional; 1, 210, 367 y 373, CPP; v. fs. 156 vta./160 vta.).
Sostiene que el pronunciamiento carece de fundamentación suficiente en cuanto a la acreditación de la materialidad ilícita y la participación de Pérez en el ilícito que se le reprocha, pues tales extremos hallarían basamento exclusivo en las testimoniales de Sergio Ramón Velázquez y Félix Jesús Barreto, las que considera contradictorias y desvirtuadas por prueba en contrario.
Apunta que a diferencia de lo expresado por los referidos funcionarios policiales, del informe de la central de emergencias 911 no surge ninguna llamada por disparos en la zona; que sus declaraciones son imprecisas, por cuanto señalaron que una persona había arrojado un elemento y no un arma; y que su asistido no vestía una campera de color verde, sino gris; punto en el cual se agravia por haberse incorporado ilegalmente prueba de oficio en perjuicio del acusado, además de valorarla absurdamente -en alusión a la fotografía de fs. 32-, con afectación a la garantía del juez imparcial y del sistema acusatorio de juzgamiento (v. fs. 159 vta.).
Asegura que no media prueba cargosa que pueda desvirtuar la versión exculpatoria de Pérez, pues no obstante haber negado que portaba un arma, la fiscalía omitió realizar medidas conducentes para despejar la cuestión, tales como prueba pericial de relevamiento de rastros de aquélla sobre las manos y ropa del acusado; entendiendo asimismo que la respuesta del revisor a ese respecto importa una inversión de la carga probatoria.
Por lo dicho, solicita la absolución de su defendido al amparo del principio beneficiante de la duda (v. fs. 159 vta. y 160).
II. La defensa estima igualmente inobservados los principios de racionalidad y proporcionalidad de la pena, al haberse rechazado su pretensión de que se declare inconstitucional la sanción mínima prevista para el delito atribuido, fijándose una no superior a los seis meses de prisión bajo un régimen abierto de ejecución; además de considerar infringidas las normas que regulan el fin resocializador de la pena privativa de la libertad. Cita los arts. 1, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 35 inc. "e" y 50 de la ley 24.660; 117 inc. "e" y 123 bis de la ley 12.256.
Según su entender, el planteo referido a que la imposición de una pena de un año de prisión de efectivo cumplimiento perjudica los lazos sociales, familiares y laborales del acusado -quien desde su excarcelación el 9 de mayo de 2016 cumple con las condiciones impuestas- fue respondido con la mera cita de precedentes jurisprudenciales sin que hubiese sido indicada la manera en que se vinculan con las cuestiones específicas promovidas por esa parte (v. fs. 161 y vta.).
Considera asimismo que el pedido de invalidar constitucionalmente el mínimo de la pena del ilícito motivo de juzgamiento, por su falta de proporcionalidad con el contexto fáctico tenido por probado, no habría sido motivo de examen en la sentencia de origen, y que reiterado el agravio ante la Cámara, fue rechazado sin ningún análisis concreto con sustento en las circunstancias de la causa; sin perjuicio de señalar que hubiese correspondido mutar la calificación legal por la de la figura atenuada del art. 189 bis inc. 2, párrafo sexto, del Código Penal (v. fs. 162).
De modo que para la señora defensora oficial el decisorio que impugna no satisface la exigencia constitucional de debida fundamentación de las resoluciones judiciales, ni el deber de revisión que impone la garantía de la doble instancia, en vulneración de los arts. 18 de la Constitución nacional y 8.2."h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. fs. cit. y vta.).
Con cita de doctrina de autor, hace alusión al principio pro homine que debe regir la interpretación de las normas, teniendo en cuenta el estado actual de las cárceles, y la doctrina legal sentada por esta Corte en el precedente P. 73.243, sentencia de 19-III-2003, que el órgano revisor habría omitido analizar no obstante su invocación expresa.
Peticiona en suma, que se declare la inconstitucionalidad de la pena mínima en el caso, fijándose una sanción que no exceda los seis meses de prisión bajo un régimen abierto de ejecución, en consonancia con las características personales del imputado, el principio de racionalidad, proporcionalidad de la pena y el injusto en trato (v. fs. 163 y vta.).
III. El señor Procurador General se pronunció por el rechazo de la impugnación. Coincido con él.
Conforme fue anticipado en el tratamiento de la cuestión anterior, la Cámara ratificó el mérito de la prueba empleada para acreditar que en horas de la madrugada del día 5 de mayo de 2016, en la calle Tetamanti a la altura del numeral 2.880 de la ciudad de Mar del Plata, Luis Alberto Pérez portaba un arma de fuego tipo revólver, calibre 32 largo, marca Italo Gra, con número de serie 23856, la cual se hallaba cargada, sin contar con la debida autorización para ello (v. fs. 146 vta. del pronunciamiento recurrido con relación a fs. 125 del fallo originario).
El Tribunal de Alzada revalidó también la decisión originaria que desestimó la inconstitucionalidad pretendida del mínimo de la pena fijada para el delito enrostrado a Pérez, además de haber justificado su imposición efectiva en razón de registrar el acusado una condena firme dictada el 29 de abril de 2015, por el Juzgado de Garantías n° 1 departamental, no verificándose por ello los extremos del art. 26 del Código Penal.
Partió de señalar que el principio de legalidad de las escalas penales "...veda ultrapasar los límites legalmente establecidos en su máximo y en su mínimo. La pena no es disponible por las partes en su mínimo y en su máximo, tampoco lo es para el Juez, salvo los casos en que la ley de fondo, bajo estrictas condiciones lo autoriza" (fs. 147 vta.).
Tuvo presente que según los lineamientos fijados por la Corte federal y receptados por este Tribunal, "Quien alega la contradicción de una norma de derecho común con la Ley Fundamental es quien debe demostrar la manifiesta e insalvable incompatibilidad entre ambas, pues se trata de un remedio excepcional y extremo, al que sólo cabe acudir cuando no existe otro modo de salvaguardar un derecho o garantía amparado por la Constitución, que se ve obstaculizado por una prescripción jurídica inferior, y en el caso concreto no afecta los principios de racionalidad, lesividad ni proporcionalidad conforme lo que se desprende del desarrollo efectuado..." (fs. 148).
De manera que, en ese cometido, "...no basta con citar las normas constitucionales que se estiman vulneradas, pues es preciso evidenciar la concreta transgresión al derecho que se considera afectado y en el caso de autos cuando la defensa señala el fin resocializador de la pena, ello por sí solo no basta para considerar al mínimo legal de pena previsto legislativamente para el delito imputado como inconstitucional" (fs. cit.).
En suma coincidió con su antecesor en que la crítica de la parte no trascendía de una mera opinión genérica respecto de decisiones adoptadas a nivel legislativo, de conformidad con el desarrollo argumental que a fs. 127 vta./128 vta. sustentó la postura originaria sobre la ausencia de afectación de principio constitucional alguno -que diferenció incluso este caso de otros fallados por la Corte federal, así, el precedente "José Martínez", a través del cual fue decretada la inconstitucionalidad del art. 38 del decreto ley 6.582/58 en tanto modificó la escala penal para el delito de robo con armas en caso de que recayera sobre un automotor.
IV. Tal como dictamina la Procuración, el planteo por el cual la parte procura desvirtuar el modo en que se tuvo por acreditada la plataforma fáctica y la autoría responsable del acusado, se asienta en una visión discordante con el criterio del juzgador de grado -convalidado por el revisor- en cuanto a la apreciación de la prueba, temática que excede la competencia reglada de esta Corte por el art. 494 del Código Procesal Penal, sin que se haya demostrado la configuración del supuesto excepcional denunciado que habilite apartarse de aquel temperamento.
La defensa insiste con la postura de que las inconsistencias de las declaraciones de cargo ponderadas impedirían justificar aquellos extremos de la imputación, sin controvertir la respuesta fundada en sentido contrario por la Cámara, deficiencia que impide evidenciar en ese razonamiento un desacierto palmario o contradicciones de tal magnitud que invaliden lo resuelto en términos de arbitrariedad con aptitud para interesar la garantía que se dice afectada.
Si bien la sentencia de condena sólo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad del acusado por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del principio in dubio pro reo, si no es posible evidenciar que el análisis razonado y detenido de las probanzas en conjunto -tal como ha sido expuesto en el caso por el sentenciante- impide alcanzar ese grado de convicción, de modo de habilitar el cuestionamiento de esa certeza subjetiva. Nada de ello ha sido aquí justificado de manera que pudiera sortearse el límite establecido por el art. 494 citado (conf. causas P. 103.093, resol. de 14-VII-2010; P. 112.761, resol. de 19-IX-2012; P. 112.573, resol. de 19-XII-2012; P. 113.417, resol. de 10-IV-2013; P. 115.269, resol. de 27-XI-2013; e.o.).
A su vez, la alegación de que la condena hallaría basamento en prueba incorporada ilegalmente al proceso, en violación del principio de congruencia, el sistema acusatorio y la garantía de imparcialidad, aparece contradicha por las propias constancias de la causa. En el acta de fs. 30/31 vta. que instrumenta la declaración del imputado efectuada a tenor de lo prescripto en el art. 308 del Código Procesal Penal, el señor fiscal actuante dejó asentado que al procederse a la identificación de Pérez al momento de su detención, "...se ha obtenido una placa fotográfica del mismo que obra agregada a los registros de la oficina de identificación Departamental, la que forma parte del presente acto", siendo agregada a continuación a fs. 32; pieza documental que fue incorporada por lectura al debate sin cuestionamiento de la defensa (v. acta de fs. 120/123). A ello cabe a
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