Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 127870
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por la señora Defensora Oficial del Departamento Judicial Mercedes, Dra. María Fernanda Montero, contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que obra a fs. 63/66 vta. del presente legajo (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
P. 127.870-RQ - “Aguilar, Alejandro Alfredo y Rivero, Yanina Luján s/ Recurso de queja en causa N° 30.211 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, Sala I”.
///Plata, 21 de junio de 2017.-
La presente causa P. 127.870-RQ, caratulada: “Aguilar, Alejandro Alfredo y Rivero, Yanina Luján s/ Recurso de queja en causa N° 30.211 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, Sala I”,
1. La Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Mercedes, mediante el auto del 16 de agosto de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -y abstracto el pedido de inconstitucionalidad del art. 494 del C.P.P.- deducido contra la sentencia de dicho órgano que confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional nº 3 departamental, que condenó a Alejandro Alfredo Aguilar y a Yanina Luján Rivero, como autores materiales penalmente responsables del delito de facilitación de la prostitución (art. 125 bis del C.P., texto según ley 26.842), a la pena cuatro años de prisión a cumplir, accesorias legales, más el pago de las costas del juicio (fs. 63/66 vta.).
2. Frente a lo así decidido, la doctora María Fernanda Montero, dedujo queja por recurso extraordinario denegado (fs. 75/82 vta.).
Alegó que el tribunal intermedio excedió las facultades que le son propias, pues “...en el acápite III) se adentra en el tratamiento de ellos [-en referencia a los motivos de agravio-], aduciendo que los planteos no habrían sido eficaces, y particularmente respecto del punto c) [-acerca del pedido de inconstitucionalidad del art. 125 bis del Código Penal-], que éste sería extemporáneo, para concluir finalmente en la inadmisibilidad del remedio impetrado” (fs. 75 vta.)
Adujo que “...lo allí plasmado no resulta ser otra cosa que el dictado de una resolución que analiza ‘in totum’ el cuestionamiento de un pronunciamiento confirmatorio por parte del mismo órgano que lo pronunció, lo que evidencia un exceso a los parámetros fijados en el art. 486 del CPP” (fs. 75 vta.).
Afirmó que el tribunal “se circunscribe a desestimar dogmáticamente los planteos efectuados por la defensa, y con citas jurisprudenciales, sin exponer el razonamiento lógico en el cual se sostiene, lo que evidencia un déficit de motivación insalvable (art. 106 C.P.P.), como asimismo una violación a lo estipulado en el art. 171 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires…” (fs. 76 y vta.).
Luego de repasar las críticas que esa parte viene planteando desde el dictado de la sentencia de origen (v. fs. 76 vta./77 vta.), razonó que lo resuelto “...se trata de una justificación respecto de los planteos articulados en la confirmación de la sentencia condenatoria por parte del mismo órgano que la dictó” (fs. 77 vta.).
Expresó además que la presente problemática se circunscribe en la interpretación del alcance del art. 486 del C.P.P., a partir de la cual efectuó diversas consideraciones en materia del derecho a la revisión amplia de la sentencia de condena (art. 8. 2. h. de la C.A.D.H. y 14. 5. del P.I.D.C. y P.) en base a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Herrera Ulloa”. En ese discurrir, trajo a colación los precedentes “Schwab”, “Escudero” y “Cardozo, Gustavo F.” de la Corte nacional y, con cita de doctrina de autor, concluyó que “...los tribunales superiores no pueden invocar interpretaciones restrictivas de las normas que regulan el acceso a ellos, y deben considerar y resolver el recurso que se les ha planteado como paso previo ineludible para acceder luego a la Corte Suprema” (fs. 80 y vta.).
Señaló que en el presente caso se puede llegar a vulnerar la garantía de juez imparcial y de no contradicción, en tanto la Cámara se abocó al tratamiento de los agravios en una especie de revisión de su propia sentencia, enmascarada en un juicio de admisibilidad amparado en el art. 486 del C.P.P. (fs. 80 vta.).
Aseveró que la fundamentación exigida por tal norma en su segundo párrafo -in fine- cuando se deniega el recurso extraordinario “…en el sub-lite brilla por su ausencia, pues las citas jurisprudenciales efectuadas en los distintos puntos que constituyen en acápite III no abastece mínimamente esta exigencia legal” (fs. 80 vta./81).
En subsidio, dejó planteada la inconstitucionalidad del citado art. 486 del C.P.P., por excesivo rigor formal con afectación al derecho al recurso que demanda la revisión amplia de lo fallado en los términos del art. 8.2.h. de la C.A.D.H. con invocación del precedente “Marchal” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 81 y vta.).
3. La queja formalizada es improcedente (art. 486 bis del C.P.P.).
De la lectura del decisorio en crisis, se advierte que la Alzada -en el aludido punto III)- se ocupó de verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad. A tal efecto, sostuvo inicialmente que el art. 494 del C.P.P. establece que el recurso allí previsto podrá interponerse contra las sentencias definitivas que revoquen una absolución o impongan una pena de reclusión o prisión mayor a diez años y que únicamente deberá fundarse en la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva o doctrina legal referida a ella y que, en el caso “el monto de la pena impuesta a los imputados Alejandro Alfredo Aguilar y Yanina Luján Rivero, no supera las limitaciones objetivas que prevé la norma rituaria en cuestión” (fs. 64 vta.).
Luego recordó que aun cuando dicho recurso es el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que puedan estar involucradas a fin de permitir al impugnante transitar por el superior Tribunal de la causa “...la suficiencia del reclamo -en dicho marco- no se satisface con la mera invocación de una cuestión de ese tenor, sino que será menester su correcto planteamiento…” (fs. 65).
Explicó que “…si bien la recurrente ha alegado la existencia de arbitrariedad en el fallo atacado, y la vulneración de las garantías constitucionales de la igualdad ante la ley, defensa en juicio y el derecho del imputado de revisar su condena...la simple referencia a mandatos de índole constitucional...no basta, sino que se requiere la exposición de un fundamento expreso que permita verificar la acreditación de una causa federal suficiente que habilite la intervención de la instancia extraordinaria que se pretende” (fs. 65).
Luego de aclarar que los fundamentos recursivos resumidos en los puntos a) y b) del decisorio impugnado, no se correlacionan con la vía extraordinaria escogida pues “...lejos de constituir la denuncia de incumplimiento de los arts. 168 y 171 de la Constitución Provincia...constituyen...la pretensión de controvertir el acierto o no de lo resuelto por [esa] Alzada, extremos que se encuentran retraídos del acotado marco del recurso interpuesto” (fs. cit. y vta.); concluyó que las quejas de la parte, en rigor “no trascienden de una esquemática oposición a lo resuelto por [ese] Tribunal de Alzada” por lo que “...no ha logrado demostrar la configuración del agravio federal denunciado, quedando sin sustento la mentada arbitrariedad que intentó vincular con el alcance del derecho al recurso, por apartamiento de la doctrina sentada por la C.S.J.N. a partir de los fallos ‘Casal’ y ‘Martínez Areco’...” (fs. 65 vta.).
Adunó a ello, que “‘el objeto de la doctrina de arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado (fs. cit.).
Con relación a la queja vinculada con la inconstitucionalidad del art. 125 bis del Código Penal, resolvió que “...como se hizo alusión antes de ahora en la sentencia recurrida, resulta ser extemporánea, pues no ha sido introducida en la primera oportunidad posible en el curso del proceso” y que “sin perjuicio de lo que pudiera señalarse respecto de la atribución de los jueces de declarar la inconstitucionalidad de oficio...resulta exigible como condición indispensable para su abordaje en el tránsito recursivo, la tempestividad del planteo constitucional” (fs. 65 vta./66).
Finalmente, estableció que mantienen vigencia los límites de recurribilidad establecidos en el art. 494 del C.P.P. y con relación a la petición de inconstitucionalidad del mismo, sostuvo que no corresponde efectuar consideración alguna dado que dicho artículo no es obstáculo para la admisibilidad del presente, en tanto que “el recurso es desestimado por ‘déficits en los pretensos planteos federales...’” (fs. 66).
4. Ahora bien, el argumento basal por el cual la Cámara desestimó -acertadamente- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley radica en que la crítica de la recurrente, bajo el ropaje de arbitrariedad que se intentó vincular con el alcance del derecho al recurso por apartamiento de la doctrina sentada en los citados precedentes “Casal” y “Martínez Areco”, sumada a la inatingente invocación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial debido a que tales normas no se correlacionan con la vía extraordinaria escogida; no trasciende de una esquemática oposición a lo resuelto por ese Tribunal, y de tal forma la mentada arbitrariedad por indebida fundamentación queda sin sustento.
Frente a ello, la impugnante no logró remover con eficacia dicho obstáculo formal en tanto se limitó a afirmar que lo resuelto obedece a meras afirmaciones dogmáticas y a reeditar los argumentos expuestos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 59/62) y, una vez más, planteó las pretensas cuestiones federales de modo genérico sin vincularlas con las particulares características del caso. En definitiva, no demostró la relación directa e inmediata entre éstas y lo debatido y resuelto (art. 14 de la ley 48).
Por otra parte, la recurrente también dejó incontrovertido el fundamento del rechazo por extemporáneo de la solicitud de declaración de inconstitucionalidad del art. 125 bis del Código Penal, limitándose a exponer que lo así decidido excede el correspondiente al examen de admisibilidad y a que el mínimo de la escala de dicha figura penal iría más allá del límite que imponen los principios de culpabilidad y lesividad.
En suma, se advierte que la parte omitió refutar de modo concreto y razonado cada uno de los argumentos que le dieron sustento a la declaración de inadmisibilidad de la vía extraordinaria.
De este modo, incumplió con el objeto y finalidad del recurso de queja (arts. 484, 486 bis y ccds. del C.P.P.).
4. Resta agregar que la denuncia de exceso por apartamiento de lo normado por el art. 486 del C.P.P. y afectación de la garantía de imparcialidad, tampoco es de recibo.
Ello, en tanto, el análisis de la suficiencia y carga técnica de la cuestión federal es parte integrante del juicio de admisibilidad y no implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (cfe. doct. arts. 483, 486, 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647; P. 125.455, resol. del 13/V/2015; P. 125.523, resol. del 20/V/2015, P. 125.506, resol. del 3/VI/2015, P. 125.630, resol. del 17/VI/2015, P. 125.577, resol. del 17/VI/2015, P. 126.793, resol. del 15/VI/2016; P. 126.939, resol. del 28/IX/2016).
Lo dicho es también aplicable al pedido subsidiario de inconstitucionalidad, pues -más allá de cualquier consideración que pudiera efectuarse respecto a la temporaneidad del planteo- carece de desarrollo argumental que le dé sustento.
En definitiva, el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor sino simplemente compulsó la alegación de un motivo casatorio que habilite su admisibilidad (cfe. “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la Corte nacional).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la señora Defensora Oficial del Departamento Judicial Mercedes, Dra. María Fernanda Montero, contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que obra a fs. 63/66 vta. del presente legajo (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia