Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128571
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja articulada por la defensa oficial a favor de Luis Alfredo Luna y Leandro Eduardo Fernández (arts. 486 bis -según ley 14.647- y concs. del CPP).
La Plata, 25 de octubre de 2017.-
La presente causa P. 128.571-RQ, caratulada: “Luna, Luis Alfredo y Fernández, Leandro Eduardo s/ Recurso de queja en causa n° 30.236 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala III”,
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Isidro, mediante el pronunciamiento dictado el 29 de diciembre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de nulidad deducido contra la resolución de dicho órgano que rechazó el recurso de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Juzgado en lo Correccional Nº 2 departamental que -en el marco de un juicio abreviado- había condenado a Luis Alfredo Luna y Leandro Eduardo Fernández a la pena de un año de prisión de ejecución condicional, dos años de inhabilitación especial y costas, por resultar coautores penalmente responsables del delito de vejaciones (v. fs. 37/40).
II. Frente a ello, el señor defensor oficial ante la aludida instancia, doctor Juliano Matías Novo, articuló recurso de queja (v. fs. 42/48).
En cuanto a la admisibilidad, refirió que tanto la presente vía como el recurso extraordinario denegado resultan admisibles, en tanto se cuestiona e impugna una sentencia definitiva.
Estimó que la sentencia contra la cual se interpuso el recurso que fuera rechazado resulta arbitraria: a) por carecer, al menos parcialmente, de fundamentación suficiente, ya que se desarrollaron meras generalizaciones que resultan parciales e insuficientes para refutar los argumentos defensivos y así sustentar una condena penal y b) por asentarse en meras afirmaciones de naturaleza dogmática, que no se basan en consideraciones jurídicas de carácter objetivo “sobre todo en lo que respecta al juicio de comprobación de los extremos objetivos del tipo penal aplicado, soslayándose en tal tarea la operatividad de los principios constitucionales in dubio pro reo y pro homine, lo cual de por sí genera lo que en doctrina jurisprudencial se ha dado en llamar ‘caso federal’” (fs. 43 -cursiva en el original-).
Expuso que la sentencia en crisis incurrió en lo que la doctrina especializada denomina como sentencias arbitrarias por estar deficientemente fundadas, categoría que integra la causal de arbitrariedad normativa.
En el apartado titulado “PROCEDENCIA: AGRAVIOS Y FUNDAMENTOS”, planteó la nulidad de la sentencia por arbitrariedad en la valoración de la prueba y la consecuente aplicación de los articulos 144 bis inc. 2 del Código Penal y 209, 210 y 373 del Código Procesal Penal. Asimismo denunció la afectación de la garantía de la presunción de inocencia e inobservancia del artículo 1 del mismo cuerpo legal (v. fs. 44 vta.).
Explicó que dadas las falencias probatorias y la profusa evidencia de descargo existente se generó en el caso un supuesto de insuficiencia probatoria que impide arribar al grado de certeza requerido para el dictado de un pronunciamiento condenatorio.
III. La queja formalizada es improcedente.
1. Frente a la vía extraordinaria interpuesta, la Cámara -en primer lugar- apuntó que el remedio intentado -recurso extraordinario de nulidad- era de aquellos previstos en el art. 479 del Código Procesal Penal; que el mismo fue presentado dentro del término fijado por el art. 483 y que la decisión impugnada es una sentencia definitiva.
Sentado ello, razonó -luego de aludir a lo dicho por esta Corte en la causa P. 125.538- que el recurrente no había alegado omisión de tratamiento de una cuestión esencial. Mencionó que el mismo invocó la falta de fundamentación de la sentencia pero “omit[ió] sindicar claramente cuáles son las partes de la sentencia en las que se efectúan esas ‘generalizaciones’ o ‘afirmaciones dogmáticas’”. Observó que sólo enunció una categoría “que luego no explica y mucho menos identifica en el fallo” (fs. 37 vta./39).
En ese tren, puntualizó que si bien la parte pretende impugnar la sentencia por arbitraria en su recurso solo expresa meras discrepancias con el fallo recurrido “que no configuran la causal escogida -arbitrariedad- así como tampoco una cuestión federal” y que “la mera discrepancia con la valoración probatoria en la sentencia recurrida no se erige en cuestión federal que permita eludir la limitación prevista en el art. 494 del C.P.P.” (fs. 39 cit. y vta.).
Para más, advirtió que el doble conforme sobre el punto ha sido alcanzado con la confirmación que se efectuara del fallo de la instancia “sin que se haya acreditado absurdo o arbitrariedad que justifique la intervención de una tercera instancia, lo cual si resultaría procedente si el pronunciamiento de Cámara se constituyera en primer condena (cf. doctrina de los precedentes CSJN. D.429:XLVIII ‘Duarte Felicia s/recurso de casación; SCJBsAs, P. 108.199 C.C.A. s/recurso de casación, resuelta el 24-VI-2015)”.
b. De lo reseñado, se aprecia -más allá de cualquier consideración que pudiera efectuarse en torno a la técnica utilizada por el a quo para concluir en la desestimación del recurso extraordinario incoado- que la parte omitió refutar de modo concreto y razonado los argumentos que le dieron sustento a la declaración de inadmisibilidad del mismo.
En definitiva, el quejoso se limitó a reeditar los agravios llevados en el recurso extraordinario (v. fs. 1/8) y nada dijo en torno al decisorio que declaró inadmisible el mismo.
De este modo, incumplió con el objeto y finalidad del recurso de queja (arts. 484, 486 bis y concs. del CPP).
Tiene dicho esta Suprema Corte que la decisión que no concede el recurso es el exclusivo objeto impugnable, y la motivación de la presentación directa no puede sino cimentarse en la censura a la errónea inadmisión del recurso.
Por ello la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja articulada por la defensa oficial a favor de Luis Alfredo Luna y Leandro Eduardo Fernández (arts. 486 bis -según ley 14.647- y concs. del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia