Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 128238
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la queja interpuesta a fs. 22/26 (art. 486 bis del CPP).
2Declarar la inoficiosidad de la labor profesional desarrollada por el doctor Alfredo Rubén Defelipe ante ésta instancia, a los fines regulatorios (art. 30, dec. ley 8904/77).
“OLANO, HÉCTOR ALBERTO S/ RECURSO DE QUEJA, EN CAUSA N° 30.133 DE LA CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DE SAN ISIDRO, SALA III”.
La Plata, 13 de septiembre de 2017.
La presente causa P. 128.238-RQ, caratulada: “Olano, Héctor Alberto s/ recurso de queja, en causa n° 30.133 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala III”,
I. La Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, el 30 de junio de 2016, rechazó la queja intentada por Héctor Alberto Olano y su asistencia técnica frente a la resolución del Juzgado de Garantías n° 4 departamental, que declaró inadmisible el remedio apelativo deducido ante la decisión de dicho órgano que -en el marco de la audiencia celebrada en los términos de la ley 13.811, y en lo que aquí interesa destacar- no hizo lugar a la inconstitucionalidad del proceso de flagrancia alegada (fs. 9/12).
II. Ante tal escenario, el encartado y su letrado de confianza incoaron recurso extraordinario de inconstitucionalidad (fs. 13/17), el que fue denegado por la aludida Alzada, el 28 de octubre de 2016 (fs. 19/20).
Para así resolver, el órgano revisor juzgó -en puridad- que el pronunciamiento atacado no encaja en las previsiones del art. 482 del C.P.P., esto es, que no constituye una sentencia definitiva.
III. Frente a ello, el nombrado -por su propio derecho- y el señor Defensor Particular -doctor Alfredo Rubén Defelipe- articularon recurso de queja (fs. 22/26).
Liminarmente, se refirieron a los antecedentes de la causa y solicitaron a éste Tribunal que decida la inconstitucionalidad del régimen legal de la flagrancia (fs. 22/23).
En punto a la fundabilidad, adujeron que la conclusión del revisor para desechar el reclamo -ausencia de definitividad de la decisión en crisis- fue arbitraria y restrictiva. Indicaron que la Cámara “es un Tribunal de Justicia que falla en última instancia, a menos que el propio Órgano Jurisdiccional NO se repute -a sí mismo- como [tal]” (fs. 23 vta./24, las mayúsculas en el original).
En lo sucesivo, insistieron en la inconstitucionalidad del proceso reglado en los arts. 284 bis, ss. y ccds. del digesto adjetivo (fs. 24 vta./25).
IV. La vía de hecho no prospera (art. 486 bis C.P.P.).
En efecto, más allá de otras consideraciones que podrían efectuarse en el caso, es dable indicar que la decisión atacada no ha transitado por el órgano habilitado por ley para su revisión, como instancia previa a la intervención de esta Suprema Corte.
Este alto Tribunal ha sostenido que desde la sanción de las leyes 11.922 (y sus modif.), 11.982 (y sus modif.) y la modificación del art. 1° de la ley 5.827 (t.o. Ley 12.310), el Tribunal de Casación Penal es el «último» órgano jurisdiccional con competencia penal, previo al acceso a las vías extraordinarias locales (art. 479, CPP) en el que las partes pueden -eventualmente- encontrar reparación de los perjuicios irrogados en las instancias anteriores (cfe. doct. P. 109.270, res. del 18/VIII/2010).
Cabe agregar que la reforma establecida por la ley 13.812 (B.O. 21/IV/08) no ha modificado su carácter de tribunal intermedio, no obstante haber restringido su competencia en determinados supuestos (v. gr: respecto de la impugnación y acción de revisión de la sentencia definitiva dictada en materia correccional, ahora asignada a las Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal departamentales -art. 21.4, CPP-, entre otros). Por ello, salvo los casos en los que el legislador ha establecido un diagrama recursivo específico prescindiendo del tránsito por ante el órgano casatorio -y entonces esa vía ya no puede ser tenida como «última instancia» en los términos del art. 161, inc. 1° a) de la Const. Prov. cit.-, en los demás no es posible soslayar, por regla, su paso obligado por el Tribunal de Casación Penal a fin de habilitar la posterior intervención de esta Corte.
Así las cosas, y de conformidad con lo dicho previamente, la parte, frente al pronunciamiento de la Cámara, debió transitar por la sede casacional, como paso previo al arribo del reclamo ante éste Cuerpo.
En definitiva, la aludida falencia en el iter recursivo ha generado que la impugnación no provenga del órgano con competencia habilitada para resolver la materia aquí debatida.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar la queja interpuesta a fs. 22/26 (art. 486 bis del CPP).
2. Declarar la inoficiosidad de la labor profesional desarrollada por el doctor Alfredo Rubén Defelipe ante ésta instancia, a los fines regulatorios (art. 30, dec. ley 8904/77).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia